El cierre de la frontera con Marruecos ha puesto en peligro la campaña de recogida del fruto rojo. Miles de jornaleros sin permiso de trabajo, que sobreviven en los asentamientos de Huelva reclaman a tres ministerios que lleven a cabo una regularización masiva.
El Colectivo de Trabajadores Africanos ha hecho llegar hoy una carta a los Ministerios de Interior, Agricultura y Seguridad Social e Inmigracion en la que solicita la regularización masiva de miles de sin papeles que sobreviven en los alrededores de los campos de fruto rojo de Huelva. El cierre de fronteras decretado por el Gobierno ha impedido la llegada de aproximadamente diez mil trabajadoras de Marruecos, motivo por el cual será necesario un contingente de jornaleros extraordinario para que no se arruinen los cultivos de fresas y otros frutos rojos, cuya temporada está en marcha.
En una carta a la que ha tenido acceso El Salto, estos trabajadores defienden los intereses de entre cuatro y cinco mil temporeros, que sobreviven en asentamientos chabolistas de los alrededores de Huelva. Asentamientos que el relator de extrema pobreza de la ONU visitó y consideró que tenían “las peores condiciones” de cuantas ha visto en todo el mundo.
Este colectivo identifica dos necesidades que pueden converger en estas circunstancias: las necesidades de la patronal de recoger los frutos y las de los jornaleros, que “necesitan trabajo” en condiciones de seguridad jurídica. Son miles de personas sin permisos de residencia ni de trabajo, que además adolecen de viviendas dignas.
La reclamación de una regulación extraordinaria por medio de mecanismos que existen en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España se une a la exigencia de que los alojamientos donde residen las trabajadores marroquíes durante las campañas de la fresa sean, en medio de la crisis del coronavirus, puestos a disposición de estos miles de jornaleros sin papeles.
“Una regularización extraordinaria para los trabajadores extranjeros de la provincia de Huelva evitaría que los empresarios se vieran abocados a la contratación de mano de obra irregular y la consecuente merma que esto supondría para la Tesorería General de la Seguridad Social en un momento donde la crisis sanitaria conllevará un duro impacto económico sobre el erario público”, explican en su carta.
La última regularización extraordinaria de extranjeros en España se produjo en 2005 para “normalizar” en palabras del Gobierno del PSOE, el trabajo de casi 700.000 trabajadores migrantes, que hasta entonces estaban en la economía sumergida.