Casi un año después de que cientos de denuncias alertaran sobre robos masivos de bebés en España en la segunda mitad del siglo XX el asunto ha quedado prácticamente en nada. La falta de pruebas, la prescripción de los delitos y la falta de colaboración de la Justicia (a juicio de los denunciantes) han llevado […]
Casi un año después de que cientos de denuncias alertaran sobre robos masivos de bebés en España en la segunda mitad del siglo XX el asunto ha quedado prácticamente en nada. La falta de pruebas, la prescripción de los delitos y la falta de colaboración de la Justicia (a juicio de los denunciantes) han llevado al archivo da gran parte de las denuncias. En Madrid, donde fueron tenidos en cuenta 261 casos, han sido archivados más de 60. El fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, cree que finalmente apenas se podrán demostrar alrededor de cinco casos.
La mayor parte de las denuncias han encallado en la fase de obtención de pruebas. El 99% de los padres que denunciaron en Madrid la falsificación de la muerte de su recién nacido no ha podido hacer prueba genética al bebé porque el cementerio no ha guardado el supuesto cadáver. «A los diez años de la muerte, el cementerio avisa a la familia para saber si quiere conservar un espacio . En el 99% de los casos que hemos tratado, las familias rechazaron conservar un nicho y los restos fueron incinerados en la fosa del cementerio», explica Esteban.
Las asociaciones claman contra la Justicia por las expectativas generadas. El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, lamenta que las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora «no hayan supuesto la imputación de ningún implicado». Esta asociación ha presentado desde el 27 de enero más de 900 denuncias.
Ginecólogo candidato
Uno de los candidatos a ser imputado era el ginecólogo Eduardo Vela, de 77 años. Este médico fue citado a declarar el pasado julio. «Lo negó todo», advierte Esteban. El nombre de este ginecólogo está vinculado a la clínica San Ramón, clausurada en 1982 después de que se demostrara que guardaban un bebé muerto en una nevera para enseñarlo a las madres a las que se les quitaba el recién nacido. «Tiene que declarar también la enfermera» , añade Esteban. Se refiere a la monja María Gómez Valbuena.
Las dificultades parten de que no existen documentos que acrediten que se cometió un delito de detención ilegal. «Los casos que investigamos son de los sesenta y los setenta», explica el fiscal. «Aquí hemos tomado declaración a todos los que han venido. También hemos solicitado documentación a los hospitales y al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, pero mucha documentación no exist e», razona Esteban.
Pese a que los denunciantes hablaron en un principio de un «mercado de bebés» o una «red estatal» de venta de niños, la investigación ha revelado un sistema de adopciones irregulares, pero lejos de grandes mafias organizadas. «El dinero que se menciona en los casos que hemos visto es algo lógico. Dicen que pagaron 15.000 pesetas en los setenta. Y eso es dinero, pero no es nada escandaloso», matiza el fiscal.
«El 80% de las denuncias están siendo archivadas. Es una tomadura de pelo total», afirma el abogado Enrique Vila, que presentó las primeras denuncias y que ahora asesora a la asociación SOS Bebés Robados. «Hemos llevado un caso de una mujer que pudo demostrar que su ADN no coincidía con el de su supuesta tía. El fiscal consideró insuficiente esa prueba, pudo ordenar la exhumación de su madre fallecida, pero no lo hizo y el caso quedó archivado», ejemplifica Vila. «Si no quieren aquí, iremos al tribunal de La Haya o Estrasburgo», añade.
Las asociaciones cargan contra el Ministerio de Justicia, que dijo que les iba a brindar todo el apoyo posible. «Nos dijeron que iban a facilitar pruebas de ADN y apoyo psicológico, pero al final era sólo la búsqueda de un titular de prensa», critica Barroso. Las asociaciones pedían un banco de pruebas genéticas, pero la Fiscalía considera que esa base de datos atentaría contra la intimidad de los implicados. «Hay que recordar la que se ha liado cuando se han planteado bases de datos para delincuentes», dice el fiscal
«¿Quienes somos nosotros para reprocharle nada a una mujer que dio a su hijo en adopción por las circunstancias que sean? ¿Vamos a ir a buscar a su casa a alguien que no quiso saber nada de su hijo?», resume Esteban. Su impresión es que todo el entramado corresponde, en su gran mayoría, a adopciones propias de un Estado poco desarrollado legalmente. «Siempre he querido rebajar las expectativas porque jugamos con un tema muy sensible que puede herir los sentimientos», concluye.