Desde mediados de agosto, la palabra desobediencia se ha situado en el centro del debate en el marco del proceso soberanista que vive Cataluña. Si el Gobierno español mantiene su oposición frontal al ejercicio del derecho de voto para decidir si queremos la independencia o no, llegará el momento de desobedecer el marco legal español […]
Desde mediados de agosto, la palabra desobediencia se ha situado en el centro del debate en el marco del proceso soberanista que vive Cataluña. Si el Gobierno español mantiene su oposición frontal al ejercicio del derecho de voto para decidir si queremos la independencia o no, llegará el momento de desobedecer el marco legal español para hacer posible el voto. Poco después de la multitudinaria V del Once de Septiembre, representantes de todos los partidos proconsulta declararon que estaban a favor de la desobediencia si era necesaria, pero sólo la CUP-AE ha puesto toda su estructura al servicio de una campaña para hacerla posible una vez llegado el veto del Tribunal Constitucional.
Ni el Estado español ni Mariano Rajoy; el principal obstáculo de Artur Mas para llegar a poner las urnas el 9 de noviembre son sus vínculos con la banca y las grandes multinacionales. Durante una discreta reunión celebrada el 20 de julio en el Palau de la Generalitat con la plana mayor de los representantes españoles en la Comisión Trilateral, el president de la Generalitat aseguró que no está dispuesto, en ningún caso, a «pasar por encima de la legalidad» para hacer la consulta del 9 de noviembre. Estas palabras lo atan de manos y pies, sobre todo teniendo en cuenta quienes eran las personas que le escuchaban entre las paredes del edificio donde, más tarde, ha firmado el decreto de convocatoria de la consulta.
La Comisión Trilateral está formada por 390 representantes de las multinacionales e instituciones bancarias más influyentes de los Estados Unidos, Europa y Japón y se considera, junto con el Club Bilderberg, como un poder planetario a la sombra. Fueron dos horas y media de reunión -según explicó el periodista Manel Pérez en una crónica en La Vanguardia que tuvo una repercusión mínima- alrededor de una mesa con una buena comida, donde se sentaron: Antonio Garrigues Walker, del bufete de abogados Garrigues; Alfonso Cortina, ex presidente de Repsol y consejero de numerosas empresas multinacionales; Pedro Miguel Echenique, físico y ex consejero del Gobierno Vasco de Carlos Garaikoetxea; Ignacio Polanco, presidente del grupo Prisa; Esther Giménez-Salinas, ex rectora de la Universidad Ramon Llull y consejera del Banco Santander; Emilio Ybarra, ex presidente del BBVA, y Ferran Rodés, presidente de la empresa editora del diario Ara y consejero de la constructora Acciona. Estos ocho capitostes de las oligarquías catalana y española trasladaron las palabras de Mas al comité ejecutivo del organismo que se celebró durante el mes de agosto, con Jean-Claude Trichet y David Rockefeller a la cabeza. Este último, a sus 99 años, es el presidente de honor de este poder global neoliberal.
La Comisión Trilateral y el Club Bilderberg tienen la capacidad de hacer temblar las variables macroeconómicas de toda la Unión Europea. Pueden cambiar a dedo los presidentes de Italia o Grecia sin necesidad de hacer comicios. Mas lo sabe bien. Durante la rueda de prensa de valoración de los resultados del referéndum escocés, un periodista de The Economist preguntó al presidente catalán si la consulta era un pulso a la Unión Europea y Mas, sin dudar, respondió: «No, la gran mayoría de los que impulsamos el proceso queremos continuar en Europa, en el euro y en la OTAN «. Por tanto, es muy difícil que la desobediencia en España se llegue a materializar de la mano de Artur Mas, sobre todo por los obstáculos que pondrían sus socios de la economía global. Pero también porque tendría graves dificultades de cara adentro, con la cúpula de los Mossos y con UDC, su socio de federación y de gobierno. La única alianza clara del president en este hipotético escenario sería la gente movilizada en la calle.
[Artículo publicado en La Directa]