Esta semana, el presidente de la patronal, Juan Rosell volvió a arremeter contra los funcionarios, un colectivo que paga escrupulosamente sus impuestos, presta servicios públicos imprescindibles a bajísimo coste (en relación precio/calidad) y contribuye a sostener el maltrecho consumo en la, a su vez, maltrecha economía española. Pero lo único cierto es que los líderes […]
Esta semana, el presidente de la patronal, Juan Rosell volvió a arremeter contra los funcionarios, un colectivo que paga escrupulosamente sus impuestos, presta servicios públicos imprescindibles a bajísimo coste (en relación precio/calidad) y contribuye a sostener el maltrecho consumo en la, a su vez, maltrecha economía española.
Pero lo único cierto es que los líderes de la gran patronal desean mantener su lujoso tren de vida y, como son impotentes para ello, han decidido esquilmar los derechos de los funcionarios y otros colectivos de trabajadores. Nada extraño, pues ya babean ante los minisueldos y otras medidas que nos alejan del corazón del primer mundo y nos abisman, lenta pero inexorablemente, hacia las hemorroides del tercero.
Aseguran que «sobran funcionarios», (incluso el presidente de la patronal rebuznó ayer sobre el «despido de funcionarios») y que debemos profundizar en la austeridad. En este sentido cabe preguntarse: ¿puede la CEOE impartir ejemplo de austeridad y eficacia?
La respuesta clara, rotunda e inapelable es… ¡no! Veamos:
En primer lugar, las grandes empresas son responsables de un fraude fiscal masivo y estructural. El 75% de los empresarios declara a Hacienda menos ingresos que sus propios asalariados e incluso menos que los pensionistas.
El total de fraude a las arcas del Estado perpetrado por los empresarios ronda los 90.000.000.000 euros/año. Sí, muchos ceros pero han leído bien: noventa mil millones de euros al año. Sesenta veces más que el presupuesto total del Ministerio de Justicia, por citar un solo ejemplo. Los técnicos de Hacienda calculan que la mayoría de ese fraude lo perpetran las empresas del IBEX, todas afiliadas a la CEOE… ¡los mismos que pretenden darnos lecciones!
Además, aunque el empleo creado por las grandes empresas representa un porcentaje ridículo (la mayoría de los empleos se generan en el sector público y en la pequeña y mediana empresa) estas corporaciones reciben anualmente una subvención de 30. 000 millones de euros, equivalente a más de veinte veces el presupuesto de todo el Ministerio de Justicia.
Lamentablemente, la gran empresa española no solo perpetra un fraude estructural y masivo a la Hacienda Pública (robo, en román paladino), sino que son impotentes para crear empleo y riqueza y no digamos para pagar los sueldos de sus homólogos alemanes o franceses. Y debemos añadir que por ello constituyen un lastre para los auténticos emprendedores, así como un agujero negro en las arcas públicas.
Funcionarios y función pública: garantía de desarrollo económico y bienestar social frente al fraude generalizado de las grandes empresas
Y ahora, sin ánimo de resultar exhaustivo, expondré cómo una función pública y los funcionarios son sinónimo de desarrollo económico y bienestar social…
En los países más desarrollados de Europa, el número de personas que trabajan en el sector público es mayor que el número de empresarios y autónomos. Ello ocurre en todos los países de la UE-15 (el grupo de países que tiene semejante nivel de desarrollo al nuestro). Por el contrario, en España se invierte ese axioma. ¡Y así nos va!… una clase empresarial defraudadora, golfa, subvencionada, protestona e impotente (para crear empleo) que reclama constantes recortes a terceros mientras defrauda a Hacienda y paga salarios africanos.
Al hilo de lo anterior, en España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%).
Y un dato muy importante y a tener en cuenta: a medida que la función pública es más fuerte, nos encontraremos con ratios de calidad de vida más altos: el porcentaje de trabajadores en el sector público en los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia, situándose entre los países cuya economía es más eficiente y emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia económica de esa organización, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de Washington.
Puede comprobarse que, en contra de las mentiras que, a base de repetición, pasan por verdades, el problema que tenemos en España es el opuesto al que rebuzna la patronal: el sector público está subdesarrollado en lugar de sobredimensionado.
Por otra parte, la mayor causa del subdesarrollo del sector público español es la falta de ingresos del Estado, consecuencia de la privilegiada carga fiscal sobre las rentas más altas . Como ya dije, la principal causa del déficit público del Estado español (sea central, autonómica o municipal) es el enorme fraude fiscal que, según los propios técnicos de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español, alcanza la cifra de 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).
El profesor Vicenc Navarro (de quien extraigo los datos, reproduciendo aquí gran parte de sus artículos) denuncia que España se gasta 58.000 millones de euros menos de lo que debiera gastarse en su Estado del bienestar, para alcanzar la cifra del gasto público social per cápita que nos merecemos por el nivel de desarrollo económico que tenemos. La práctica totalidad de este fraude procede del mundo empresarial y financiero…
Aunque suene mal, la clase empresarial española (sobre todo la alta) es la gran responsable del recorte de servicios públicos y de nuestra depauperada situación económica, pues no solo son impotentes, sino que defraudan. De hecho, según las declaraciones de la renta, los empresarios en España ingresan unos 6.000 euros/ año menos que sus asalariados.
Ningún otro país de la UE se encuentra en esta situación de robo generalizado y vergonzante por parte de las empresas. Por cierto, el Estado español es el que se gasta menos de la UE-15, el 0,06% del PIB, en recoger impuestos (tax collection), cinco veces menos que Suecia (0,32%).
Esta actitud está dañando la calidad de vida de la mayoría de los españoles. Este latrocinio generalizado e impune de tantos ladrones (perdón, empresarios) nos aboca a que a mayor desigualdad, mayor criminalidad y mayor descohesión social. España, que es después de EEUU el país con mayores desigualdades de renta en la OCDE, es también el que se gasta más en policía y seguridad, siendo, después de EEUU, el país que tiene un porcentaje mayor de tal gasto (2,1% del PIB y EEUU 2,2%). En contraste, Noruega con un 0,9%; Suecia con un 1,3%; y Dinamarca con un 0,9%, son los países que tienen menos gasto en policía y seguridad, y tienen menos desigualdades. Obviamente, son las naciones con una función pública más robusta y dinámica.
Entiendo, por consiguiente, que los funcionarios no deben «entrar al trapo» defendiéndose solamente de las acusaciones de los empresarios impotentes (para crear empleo) de turno, sino que en primer lugar deben denunciar y proclamar las vergüenzas de esta clase empresarial que atreve a impartir lecciones y a predicar el recorte de derechos ajenos mientras que su actuación se encuentra presidida por la codicia, el fraude y la impotencia.
En resumen: cuando nos ataquen, lo primero es «dispararles» estos datos que demuestran la impotencia y fraude de quienes abogan por «reducir la función pública porque hay muchos funcionarios, incluso mediante el despido». Posteriormente, eso sí, vendrá nuestra defensa, pero no hay mejor defensa inicial que un buen ataque. Y la CEOE, enemiga declarada de lo público, tiene el techo de cristal… ¡vamos a apedrearles! (simbólicamente), pues se lo merecen y si no los paramos nos machacarán!
Gustavo Vidal Manzanares es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración y miembro de FEDECA.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.