Los tribunales de justicia militar españoles son una aberración procedente del golpe militar del 18 de julio de 1936 y de la larga dictadura que siguió a la guerra de extermino de demócratas. Su tenebrosa historia hunde sus raíces en la represión más brutal que sufrieron los ciudadanos y ciudadanas que osaron enfrentarse al golpe […]
Los tribunales de justicia militar españoles son una aberración procedente del golpe militar del 18 de julio de 1936 y de la larga dictadura que siguió a la guerra de extermino de demócratas.
Su tenebrosa historia hunde sus raíces en la represión más brutal que sufrieron los ciudadanos y ciudadanas que osaron enfrentarse al golpe o, simplemente, no mostraron su adhesión al régimen criminal que amparó a torturadores y asesinos durante cuarenta años.
Sin embargo, estos asesinos, culpables de crímenes atroces que no prescriben, fueron amnistiados por una «ley de punto final» de un régimen impuesto por la tiranía de los Borbones. Una nefasta dinastía reinstaurada en España por el dictador genocida Francisco Franco, con el apoyo de sus conmilitones.
La Constitución, aprobada en referéndum por imperativo legal-franquista, con engaños y amenazas, no fue producto de un proceso constituyente en libertad, sino el producto de una ciudadanía condicionada por las amenazas golpistas de lo generales franquistas y los crueles atentados de la banda ETA, que les daba alas.
Hace escasamente unas semanas, otra nutrida banda, esta vez de generales y almirantes, que hasta ayer constituían la más «selecta cúpula militar» del régimen de Su Majestad, ha vuelto una vez más a amenazar a la población. Pues no otra cosa puede ser el enaltecimiento de quien, acaudillando un golpe militar fascista, ocasionó una terrorífica guerra y dirigió la más sanguinaria represión sobre sus oponentes.
El malestar de estos militares franquistas viene agitando, en determinadas circunstancias, las pútridas aguas de este régimen monárquico. Su aparente indignación por la exhumación de su amado y genocida caudillo, no es más que un refrito del sobresalto del 23-F. Estos generales y almirantes monárquicos intentan proyectar la necesidad de un rey «conciliador», algo que ya no tiene la menor credibilidad.
Para muestra, un botón: Defensa elude sancionar al general que justificó un golpe de Estado Hoy, ese general, vuelve a la carga firmando el manifiesto franquista.
El rechazo de los militares franquistas a la ley de Memoria Histórica prueba que su pretendida reconciliación, que tanto cacarean, es falsa. Para reconciliarse con los verdugos que mantuvieron una dictadura genocida de 40 años y al menos 120.000 asesinados, primero tendrían que hacer un acto público de arrepentimiento y también un propósito claro de enmienda, es decir garantía de no repetición, y no parecen dar muestras de ello.
Es evidente que la pretendida reconversión de los militares franquistas en militares demócratas ha sido un fiasco más de la modélica Transición, a la vista de lo que está sucediendo cuarenta años después. Esto demuestra, una vez más, que el régimen monárquico es irreformable, blindado constitucionalmente con la única pretensión de que todo quede «atado y bien atado». En palabras amenazantes del rey, nada democráticas, el pasado 3 de octubre, después del apaleamiento del pacífico pueblo catalán: «…la Constitución prevalecerá». ¿Prevalecerá sobre quién?
Nada que celebrar, por tanto, en el cuarenta aniversario de la Constitución, cuyos fastos de cartón piedra se están preparando sus cortesanos. En efecto, si el precio a pagar por defender los valores democráticos, teóricamente protegidos por la Constitución, es tan alto para los militares demócratas, no merece que la defiendan y menos que estén dispuestos a entregar su sangre generosa en guerras internacionales de rapiña que tanto dolor, destrucción, y migraciones forzadas producen.
Estos valerosos compañeros, citados a declarar por el Ministerio de Defensa, merecen todo nuestro respeto y apoyo. Sus nombres deberán algún día figurar entre los héroes de un Estado español que, en lugar de defenderlos, se apresta a castigarlos.
Para la historia del oprobio, hago mención de nuestros compañeros, que como el Teniente Luis Gonzalo Segura, han sabido dar un paso al frente y alzar su valerosa voz en defensa de los valores democráticos.
Son por ahora, por orden alfabético de sus nombres, los siguientes militares que podrían ser sancionados por expresar su adhesión a un manifiesto claramente constitucional, de rechazo al franquismo:
Cabo de la Infantería de Marina D. Carlos Vidal Ojea
Cabo de la Armada D. Josué de la Rosa Macias
Cabo del Ejercito de Tierra D. Marco Antonio Santos
Guardia Civil D. Maximino Bardio Martinez
Algún día no lejano, cuando la democracia en nuestra Patria no sea un simple sucedáneo, tengo la certeza de que sabrá premiar vuestra actitud generosa, degradando con deshonor a estos deleznables generales y almirantes, traidores al Ejército y al pueblo.
Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío de la Armada (retirado), antiguo miembro de la Unión Militar Democrática, portavoz del Colectivo Anemoi.
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