En el mes de agosto parece que la vida se detuviera de golpe. Aquellos que nos gobiernan se van de vacaciones y políticamente hablando agosto se convierte en un mes inhábil. Podríamos decir que los centros de poder cierran por vacaciones. Por ello, los diarios pueblan sus ediciones de suplementos estivales y la atención mediática […]
En el mes de agosto parece que la vida se detuviera de golpe. Aquellos que nos gobiernan se van de vacaciones y políticamente hablando agosto se convierte en un mes inhábil. Podríamos decir que los centros de poder cierran por vacaciones. Por ello, los diarios pueblan sus ediciones de suplementos estivales y la atención mediática se centra en el bikini de la duquesa de Alba o en los modelos que luce Lady Gaga. Los que vivimos en grandes ciudades vemos como las calles y avenidas se vacían y como los afortunados veraneantes salen con presteza hacia su lugar de descanso dejando atrás el estrés y la rutina diaria. Sin embargo, no todo el mundo puede irse de vacaciones. En realidad, las grandes ciudades ya no se vacían como antaño. La precariedad laboral, el desempleo y la exclusión social han propiciado en los últimos años que tomarse un mes de vacaciones pagadas se haya convertido en una utopía para buena parte de la clase trabajadora y en un privilegio para quienes las disfrutan.
La crisis no se va de vacaciones. Mejor dicho, la ofensiva antisocial de los gobiernos y la destrucción del Estado del Bienestar siguen su curso. Bien lo sabemos en Cataluña. Por ejemplo, sólo en agosto la Generalitat ha decretado el cierre de 85 ambulatorios y centros de atención primaria (CAP). El mensaje parece estar claro: prohibido enfermar en vacaciones. Incluso Boi Ruiz, consejero de Salud de la Generalitat, declaró hace unos días que el Estado debería de estudiar un sistema de copago para la sanidad pública. Recordemos que Boi Ruiz era el presidente de la patronal catalana de hospitales cuando Artur Mas le propuso su entrada en el gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, es evidente que el objetivo de CiU no es otro que el de privatizar de manera paulatina la sanidad pública catalana. Lejos de relajar su guerra contra los más desprotegidos parece que CiU haya escogido agosto para intensificar su campaña. No en vano, es una estrategia política conocida. En 2010 el gobierno del PSOE también aprovechó la proximidad del verano para aprobar una nueva reforma laboral. La razón es muy sencilla. Llega el verano y nos vamos de vacaciones. Y en septiembre borrón y cuenta nueva.
No es de extrañar que CiU haya esperado al mes de agosto para modificar la manera de pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Con la excusa de evitar posibles fraudes, la Generalitat decidió que en agosto la prestación, de algo más de 400 euros, se pagaría mediante un cheque en lugar de la habitual transferencia bancaria. Desde la Consejería de Empresa y Ocupación de la Generalitat se aseguró a los afectados que se enviarían los cheques por correo certificado a principios de agosto. Pues bien, estamos a mediados de agosto y cerca de la mitad de catalanes con derecho a la ayuda aún no han recibido el cheque correspondiente. Ello ha ocasionado que miles de catalanes se hayan personado en la Consejería de Bienestar y Familia de la Generalitat en busca de soluciones. La respuesta de la Generalitat fue poner a disposición de los afectados un número de atención telefónica que se colapsó el primer día. El resultado es el de miles de familias al borde de la exclusión al no haber podido hacer frente a diversos pagos mensuales.
La situación en torno a la Renta Mínima de Inserción y la pasividad institucional exhibida por la Generalitat pone de relieve no sólo la escasa sensibilidad social del gobierno de CiU sino su miseria humana. Porque de miserables hay que calificar a quienes juegan con el sufrimiento de los más necesitados. Y si resulta que esos mismos miserables aluden al fraude como coartada para modificar las condiciones de pago de la Renta Mínima de Inserción, estarán evidenciando miseria e hipocresía a partes iguales. Si el gobierno de CiU quiere atajar de verdad el fraude sólo tiene que virar su atención hacia las grandes fortunas, hacia aquellos que están defraudando al fisco más de 245.000 millones de euros cada año. Pero no lo harán porque si de algo hace gala el gobierno de CiU es de conciencia de clase. De su clase, claro.
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