Según informaciones aparecidas en la revista «Interviu», los sindicatos CCOO y UGT son accionistas, con un 30 por ciento, de la empresa que gestionará los planes de pensiones de los trabajadores de la administración del Estado. Dicha empresa recibirá antes de noviembre 55 millones de euros de dinero público para privatizar parte de las pensiones […]
Según informaciones aparecidas en la revista «Interviu», los sindicatos CCOO y UGT son accionistas, con un 30 por ciento, de la empresa que gestionará los planes de pensiones de los trabajadores de la administración del Estado. Dicha empresa recibirá antes de noviembre 55 millones de euros de dinero público para privatizar parte de las pensiones que perciben los funcionarios públicos. Este plan de pensiones, el mayor de toda España, estaba en el acuerdo alcanzado por estas dos organizaciones en noviembre de 2002, que provocaron movilizaciones en esta administración y bajas masivas en ambos sindicatos. Precisamente, uno de los aspectos más criticados del acuerdo fue esta partida, ya que ambos sindicatos vendieron unos puntos procentuales de subida salarial a los trabajadores, cuando en realidad era dinero que se invertiría en planes de pensiones privados en un periodo en que las pensiones públicas tienen mejor salud que nunca y todo lo que no sea cotización a los sistemas de seguridad social debilita el sistema público.
Pues bien, dos años después, los susodichos sindicatos han formado parte de la comisión que ha adjudicado el contrato, este órgano esta compuesto por 22 miembros, 11 de la administración y 11 de los trabajadores ( 4 de CCOO, 4 de UGT y 3 del CSIF). El 5 de abril se publicó en el BOE el anuncio del concurso, presentándose al mismo las siete principales entidades financieras del país, ya que las entidades gestoras cobran grandes comisiones y, por ende, obtienen importantes beneficios de esta privatización. La comisión, de la que hay que recordar eran parte CCOO y UGT, adjudicó el pasado 6 de julio el concurso a la empresa «Gestión de Previsión y Pensiones». Esta empresa tiene el siguiente accionariado: 70 por ciento BBVA, 15 por ciento CCOO y 15 por ciento UGT.
Esta empresa especuladora obtuvo en el 2002 unos beneficios de 1.3 millones de euros, por lo que cada sindicato se llevó el 15% por ciento de dicha suma sin pegar ni golpe. Según declaraciones a «Interviú» de Miguel Ángel Crespo que «si hubiese votado a otra entidad, estaría actuando en contra de los trabajadores», además preguntado por los beneficios dice que «supone que los habrá». En la misma línea Aurelio Palomares de la UGT dice que el proceso ha sido «un ejemplo de pulcritud»
La rendición al neoliberalismo y a sus consiguientes privatizaciones ha llevado una nueva lógica y coherencia a los sindicatos mayoritarios españoles, de manera, que como no podemos luchar contra las privatizaciones, aprovechémonos de ellas.