La campaña Justicia Juan Andrés discrepa del acuerdo de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos y la defensa de los mozos de escuadra acusados. Los agentes son condenados pero no ingresarán en prisión. Sentencia firme y sin posibilidad de recurso. Los seis policías que golpearon hasta la muerte a Juan Andrés […]
La campaña Justicia Juan Andrés discrepa del acuerdo de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos y la defensa de los mozos de escuadra acusados. Los agentes son condenados pero no ingresarán en prisión.
Sentencia firme y sin posibilidad de recurso. Los seis policías que golpearon hasta la muerte a Juan Andrés Benítez y los dos que lo encubrieron han reconocido los hechos y han asumido la condena de un año y nueve meses de cárcel. Aún así, no ingresarán en prisión. Éste es el acuerdo al que han llegado la Fiscalía, las defensas de los ocho mozos de escuadra, la acusación particular en representación de la hermana de Benítez y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH), que ostenta acusación popular. La campaña Justicia Juan Andrés se ha manifestado contraria al acuerdo, considerando que lo más importante era «la celebración del juicio público». Tanto es así que este lunes, a las siete y media de la tarde, han convocado una concentración en la calle Aurora para mostrar su rechazo al pacto. Àlex Solà, vocal del ACDDH, ha justificado el cambio de posicionamiento de la entidad alegando que la firmeza de la Fiscalía había comenzado a «tambalearse» y «el desenlace era incierto, podía haber una absolución». La abogada Laia Serra, que hasta ahora llevaba el caso, no ha subido al estrado en el momento de la escenificación del acuerdo.
«La novedad relevante que nos ha hecho cambiar de opinión es que se ha prohibido que durante siete años los seis agentes acusados de la muerte de Juan Andrés se acerquen a menos de mil metros de la calle Aurora. Es una especie de destierro del barrio del Raval. Durante los dos años de pena de cárcel -que quedará en suspensión- y los cinco años posteriores no podrán hacer de policía de la calle, por peligrosidad les excluye poder tener relación con los ciudadanos», ha explicado Solà a la salida del juicio. Mientras la acusación decía eso, a las puertas del Palacio de Justicia, el abogado de la defensa José María Fuster-Fabra -antiguo dirigente de Fuerza Nueva-, con una sonrisa de oreja a oreja, afirmaba que «los agentes en el fondo no creen que sean culpables, pero se han visto obligados a reconocer los hechos para lograr el acuerdo».
Los mossos Joel Navarro Agell, David García Manzano, David Cruz Milla, Eduardo Gallardo Vicens, Ramón de Dios López y Jesús Jamal Rueda, este último sargento, han reconocido la comisión de los delitos de homicidio y lesiones agravadas. Marco Vargas Plana y Elisenda Gimeno Rabella -a priori muy reticente a asumir su culpabilidad- han confirmado haber obstruido la justicia borrando con agua una gran mancha de sangre de Benítez en el asfalto de la calle Aurora. La asunción del delito lo han hecho de pie y con un «sí» ante el micrófono, mientras el juez José Luis Ramírez tomaba nota. Todos han salido a pie por la puerta lateral del Palacio de Justicia y cuatro de ellos han marchado en taxi. El Departamento de Interior se hará cargo de los 150.000 euros de indemnización a la hermana de Benítez y los agentes deberán asistir a un curso de derechos humanos.
Mientras Fuster-Fabra hacía declaraciones a las puertas del edificio, una veintena de miembros de la campaña Justicia Juan Andrés gritaban contra el pacto y calificaban el abogado de «mafioso». Cuatro policías lo han escoltado un centenar de metros, en dirección a la Estación del Norte. El abogado de la acusación popular, Àlex Solà, ha manifestado su «respeto y comprensión» por la oposición al acuerdo desde la campaña: «Somos conscientes de que, aunque lo hemos intentado explicar, no comparten nuestros argumentos, pero está bien que así sea. Nosotros tenemos un nivel de análisis desde nuestra trinchera jurídica, y el activismo de calle debe tener otro, y debe considerar que esto es injusto, porque lo es, porque no hace reparación plena. Para ellos es totalmente injusto, nosotros desde nuestra posición hemos pensado que valía la pena asegurar una no impunidad en estos términos «.
Se reactivan los expedientes disciplinarios
La patata caliente del caso ahora recae en el gobierno de Juntos por Sí. Los expedientes disciplinarios incoados por los hechos de la calle Aurora se deberán reabrir por imperativo legal, atendiendo a que una sentencia firme señala que ocho mozos de escuadra en activo son autores confesos de delitos graves. Seis de estos policías han cometido un homicidio, según se dice literalmente en texto del acuerdo de conformidad. Más allá del contenido de la sentencia, ¿qué medidas tomará el gobierno catalán? Ésta es una de las preguntas que necesitarán una respuesta en los próximos días. Sin embargo, el abogado José María Florensa ha afirmado en su turno de palabra que «hay un compromiso del Departamento de Interior para modificar los protocolos de reducción de personas alteradas».