La Iglesia ha aceptado en su negociación con el Gobierno empezar a pagar dos impuestos que suponen un porcentaje ínfimo del dinero que recibe a través de la campaña de la renta, que no se cuestiona, como tampoco se plantea el pago del IBI de los inmuebles que no se utilizan para el culto.
“Con este acuerdo entre el Gobierno de España y la Santa Sede terminan los privilegios fiscales a la Iglesia Católica en el pago de impuestos”. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, definía de este modo la firma del acuerdo, el segundo en esta legislatura, entre la Santa Sede y el Gobierno español, en virtud del cual la Iglesia española se avenía a pagar, a partir de ahora, dos impuestos casi desconocidos para la opinión pública.
Oficialmente, la Santa Sede “renuncia a las exenciones, derivadas de los acuerdos, que afectan a las contribuciones especiales y al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)”, derivados de los acuerdos Iglesia-Estado suscritos en 1979 entre ambos Estados. Los obispos ratificaban el mensaje: “Ya no tenemos privilegios”, sostenía el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, este jueves. “A partir de ahora, si hay que pagar por una obra, se pagará, y punto”.
Pero ese final de las prerrogativas de la Iglesia Católica que pregonan a uno y otro lado los firmantes es relativo. Lo que se publicitó sobre este canje de notas entre España y la Santa Sede implica unos ingresos en las arcas del Estado, fundamentalmente por parte de los Ayuntamientos, de unos 16 millones de euros anuales. Esto supone apenas el 5% de lo que los obispos reciben a cuenta de la casilla de la ‘X’ en la declaración de la Renta, que en su última edición volvió a batir su propio récord, con 320 millones de euros, 25 más que el año anterior. Para explicar ese éxito en una época salpicada de escándalos de abusos sexuales y con dos investigaciones en marcha, el portavoz económico de la Conferencia Episcopal no tuvo dudas: “La Iglesia tiene sus luces y sus sombras, pero en los momentos duros se incrementan las contribuciones”, apuntó Fernando Giménez Barriocanal.
La cuestión es que con estos 16 millones, que cubre de sobra la diferencia de los ingresos por la campaña de la renta respecto al año anterior, la Iglesia se apunta un tanto negociador: reconoce “voluntariamente” –según apuntó este jueves el portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, este jueves– y renuncia en aras de la “transparencia” a esas exenciones de impuestos que suponían un “privilegio” para la institución. Pero deja fuera de todo cuestionamiento que siga sin pagar el IBI de los bienes inmuebles que no estén destinados al culto y de los que obtenga beneficios, desde garajes a alquiler de oficinas, viviendas o suelo rústico.
Una promesa, la del pago del IBI, que venía en los sucesivos programas electorales del PSOE y que ya se intentó, sin éxito, durante los primeros meses del primer Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, algunos ayuntamientos, como Zamora o Valencia, han intentado obligar a las diócesis y congregaciones religiosas a pagar esta tasa, sin ningún éxito.
Varios cientos de millones en IBI
“Va a ser muy difícil que, a partir de ahora, algún Gobierno toque este tema”, explican a elDiario.es fuentes conocedoras del acuerdo. ¿Por qué? En primer lugar, por el reconocimiento tácito de que, con el pago del ICIO y de las contribuciones especiales, ya no existen más “privilegios fiscales” de la Iglesia. En segundo término, porque ambas partes reconocen que el estatus fiscal de la Iglesia está regulado por la Ley de Mecenazgo. “Esto es: la Iglesia católica es un ente similar a sindicatos, partidos políticos, fundaciones… y si tocas la norma, la tocas para todos”.
Lejos de ser un tema irrelevante, el cobro del IBI de la Iglesia supone una cantidad muy relevante, aunque es imposible establecer una cifra definitiva. Para ello habría que cruzar datos de todos los ayuntamientos, que son los encargados de cobrar esta tasa, y de la propiedad de los bienes a incluir. Por ejemplo, no es lo mismo un templo, que sí tendría que estar exento por su fin religioso, que un garaje, pero existen zonas grises en muchas propiedades o empresas cuyos beneficios sostienen la vida de una parroquia, un movimiento o una entidad social.
Instituciones como Europa Laica sostienen que la Iglesia católica en España ahorra alrededor de 600 millones al año en impuestos. “Y no solo el IBI, sino también las tasas municipales, como la de basuras”, denunciaban sus responsables. En Recuperando, plataforma que aglutina a los colectivos que luchan por la devolución de las inmatriculaciones de la Iglesia, apuntan a unos 500 millones. En todo caso, muchísimo más que la recaudación prevista con el nuevo acuerdo.
Con la izquierda tenemos muchos problemas en temas de defensa de la vida y la familia, en cuestiones ideológicas, pero en lo económico nos va mucho mejor con el PSOE que con el PP”, dice una fuente eclesiástica
Desde Europa Laica han calificado de “cortina de humo” el acuerdo suscrito esta semana, porque “oculta los temas más importantes a resolver”. Algo que, añaden otros colectivos, se suma a lo sucedido con las inmatriculaciones, donde no se ha devuelto una sola de las 34.000 propiedades inscritas en el Registro entre 1998 y 2015, y mucho menos las cerca de cien mil que las plataformas aseguran que fueron inmatriculadas por la Iglesia desde 1945.
“No se trata de ninguna renuncia eclesial, ni habría lugar a contar con el beneplácito de la Santa Sede, sino de simple aplicación legal comunitaria”, asegura Europa Laica, que denuncia una “dejación de soberanía estatal respecto a la Santa Sede” al mantener casi en su totalidad lo suscrito en los acuerdos de 1979, que sustentan las relaciones Iglesia-Estado en España. Y que, pese a estar incluido en los programas electorales de los partidos que forman el Gobierno de coalición, en estos cuatro años no se ha invocado la denuncia del Concordato sino, a lo sumo, una reforma “pactada” con la Iglesia. En opinión de Europa Laica, “están ahormando la soberanía estatal en temas relacionados con la financiación eclesial, los privilegios fiscales y la presencia confesional en la enseñanza” y que “deben ser denunciados y derogados como condición inexcusable para avanzar en democracia”.
Una casilla récord
Otra cuestión que tampoco se pone en cuestión es el dinero que recibe la Iglesia de la casilla de la renta. Y es que entre los debates sobre la fiscalidad en la Iglesia solo se habían planteado tres temas: el de las exenciones del ICIO y contribuciones especiales; el de las inmatriculaciones; y el del futuro de la Obra Pía. Ni el IBI ni la renta estaban entre las prioridades de diálogo.
Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/obispos-renuncian-0-5-privilegios-conservar_129_10083534.html