Los partidos políticos se muestran muy satisfechos ante una ley que les permitirá recibir el próximo año unos 78 millones de euros (13 más que ahora), más una partida de cuatro millones para seguridad en prevención de ataques terroristas. Esto supone en la práctica un 20% más que en el año en curso. Así figura […]
Los partidos políticos se muestran muy satisfechos ante una ley que les permitirá recibir el próximo año unos 78 millones de euros (13 más que ahora), más una partida de cuatro millones para seguridad en prevención de ataques terroristas. Esto supone en la práctica un 20% más que en el año en curso. Así figura en el borrador de la futura ley de financiación de partidos, en torno al cual hay un pacto inicial de todos los grupos, excepto el PP. Los autores reconocen que la ley abre la puerta «al dinero privado», pero se excusan en que así no habrá subterfugios, al desaparecer la opacidad, puesto que los donantes, personas privadas o empresas, están obligados a identificarse.
El azar ha querido que ahora se viva la misma situación que hace diez años en torno al cambio de la ley de financiación de partidos, que data de 1987. En marzo de 1997 se acordó un texto que llegó hasta la ponencia del Congreso, paso previo a su discusión y aprobación en Comisión y después en pleno. Pero el PP, partido gobernante, decidió interrumpir el proceso. Diez años después hay otro texto que ha llegado al mismo lugar donde entonces encalló: la ponencia parlamentaria. Pero hay dos diferencias con respecto a entonces. El acuerdo no es total porque el PP está en contra, y el PSOE ha tomado la decisión de que la ley se apruebe aunque se opongan los populares.
La ley abre la puerta sin ambages a la financiación privada, aunque con límites y transparencia respecto al origen, es decir, a los donantes, ya sean empresas o particulares. No obstante, el grueso de la financiación sigue siendo público, a través de los Presupuestos Generales del Estado. Más transparencia para partidas más cuantiosas. La aportación del Estado aumenta y a algunos partidos les vendrá bien, al desaparecer las donaciones anónimas. En 2002, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, se detectaron 8,8 millones de aportaciones opacas y el 93% de todas las donaciones las coparon el PP, CiU y PNV.
– Aumento de todas las partidas. «Se legaliza el dinero privado para los partidos, pero con controles y con transparencia», defiende el socialista Fernández Marugán, al responder a la acusación del PP de que el incremento es excesivo. La nueva filosofía está en que se cierran «todos los subterfugios y situaciones opacas de obtener dinero», por lo que si hay «irregularidades o delitos habrá que imputarlos a personas concretas, pero nunca a un partido», señala Marugán.
– 100.000 euros, donación máxima. Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas ni donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 100.000 euros anuales. Ahora las donaciones están en 6.000 euros, pero al ser anónimas nadie sabe de dónde vienen ni cuánto puede llegar a dar una misma persona física o jurídica. El primer borrador hablaba de 30.000 euros. Los partidos no podrán recibir donaciones, ni directa ni indirectamente, de organismos, entidades públicas o empresas públicas. Tampoco de empresas privadas que mantengan contratos vigentes con administraciones públicas.
Las donaciones a los partidos deberán abonarse en cuentas de entidades de crédito, abiertas exclusivamente para dicho fin. Las entidades deberán extender al donante un documento acreditativo de lo entregado. Las fundaciones podrán recibir 120.000 euros por persona física o jurídica y año.
– Retirada de subvención. Iniciado el procedimiento de ilegalización de un partido político, la autoridad judicial, a propuesta del ministro del Interior, podrá acordar la suspensión de la entrega al partido afectado de los recursos públicos que le correspondan.
– Control y sanciones. Si un partido recibe donaciones que contravengan los límites y los requisitos de la ley, el Tribunal de Cuentas impondrá una multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente recibida. Si el partido no rinde las cuentas a las que está obligado, este Tribunal ordenará que no reciba la subvención anual. Cuando en el ejercicio de la función fiscalizadora las autoridades o funcionarios del Tribunal de Cuentas tengan conocimiento de datos que afecten a la intimidad de las personas, estarán obligados al más estricto y completo sigilo.