El covid sigue avanzando. Los países entran en crisis, los ciudadanos también. A unos les va bien, ven aumentar su riqueza, pero a la mayoría (entre los que posiblemente estas tú, porque yo sí estoy incluido) NOS AMENAZA, no solo sanitaria sino también económicamente.
Millones de personas pierden sus empleos o están en ERTE. Pequeñas empresas cierran. La pobreza y precariedad avanzan. Entre ellos, millones de pensionistas en España perciben prestaciones por debajo del salario mínimo. Les cuesta llegar a fin de mes y a la par tienen que hacer mil cábalas y renunciar a cientos de cosas para, con sus exiguas pensiones, ayudar a mantener a su hijos/as y nietos/as que han quedado en el paro o están en ERTE como consecuencia de la crisis económica actual, generada en torno a la pandemia del covid-19. Ni siquiera pueden oír la radio o ver la tele tranquilos. Cada dos por tres se enteran de los millones que el Rey emérito lleva defraudando a la Hacienda Pública.
Sabíamos que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero cada vez resulta más evidente que la ley y la vida no es igual para todos/as en España, pues mientras millones de pensionistas, tras largas vidas de trabajo, no tienen pensiones que les aseguren un futuro digno, el pensionista Rey Juan Carlos I puede permitirse seguir derrochando dinero, para vivir muy por encima de sus necesidades y pasar largas temporadas escondido en suntuosos lugares, protegido por gobernantes dictatoriales, como en la actualidad en Emiratos Árabes.
Resulta escandaloso que cualquier gobernante, y menos uno que no hemos elegido, nos robe a todos cuando defrauda a la Hacienda Pública y usa su cargo para negocios nada transparentes y poco éticos y en su propio beneficio. Todo ello mientras a cada reivindicación que hacen los movimientos de pensionistas se conteste con: ¡No hay dinero, es necesario contener el gasto! ¡El sistema público no puede garantizar las pensiones! Solo falta que nos digan: ¿Pero quienes son Vds. para reivindicar aumentos?
La Coordinadora española de pensionistas (COESPE) siempre ha planteado que ampararse en el Pacto de Toledo es una forma encubierta de eludir la responsabilidad del Estado para con sus pensionistas e intentar mantener unas pensiones mínimas de beneficencia, a cargo exclusivo de cotizaciones sociales. Intentan derivar los ahorros de los/as trabajadores/as a planes de pensiones privados que se benefician con dinero público a través de deducciones y desgravaciones fiscales. Siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos, que el sistema de pensiones sea un sistema de distribución de renta. Por ello las pensiones, cuando así sea necesario, deben financiarse con cargo a los presupuestos del Estado como así está establecido en la LGSS articulo 109 punto 2.
No creéis que: Quienes más tengan más paguen. Tú, nosotros y todo el mundo, debemos tener derecho a que en los años de pérdida de capacidad laboral, podamos tener una vida digna. El que roba a Hacienda nos roba a todos. Por ello se debe ser muy estricto en la persecución del fraude fiscal y mucho más para los que, por su posición, pueden defraudar impunemente. Todos los que ostentan cargos en el Estado debieran ser ejemplo de contribución al esfuerzo fiscal en tanto que cobran de nuestros impuestos.
Que sea verdad lo que nos venden: HACIENDA SOMOS TODOS.
¿O sólo es una frase vacía para engañarnos?
Si quieren de verdad que Hacienda seamos todos, es necesario que tanto los servicios de Inspección de Hacienda como de Trabajo y Seguridad Social, dispongan de los medios humanos y materiales para el desempeño de sus funciones y sean más contundentes en la persecución del fraude, -en particular en el de los y las más poderosos/as-, (para los que es fácil utilizar sistemas complejos de evasión y elusión fiscal: en el fraude laboral a la seguridad social, a través de horas extras no pagadas o no cotizadas, o con contratos fraudulentos a tiempo parcial). Fraudes que merman los ingresos a la Seguridad Social, mucho dinero que es imprescindible para hacer viable el sistema público de pensiones.
Junto a ello, COESPE cree necesaria una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social, que muestre el uso indebido de sus fondos, parte de los cuales fueron utilizados para la compra de deuda pública con intereses negativos, financiando los llamados “gastos impropios”, o usando el superávit del sistema para otros fines en vez de dotar de un fondo de reserva. Actuaciones que no han hecho sino disminuir el fondo de pensiones y que, al ocultarse, les permiten decir eso de: “No hay dinero”, e intentan justificar su política de recortes en las prestaciones.
Consideramos por tanto, que es justo que el dinero que el rey defraudador debe pagar a la Hacienda Pública, (la punta de un iceberg), debería destinarse a devolver lo saqueado de los fondos del sistema público de pensiones. Sería una forma de visualizar que el Estado es solidario con sus personas mayores, y que no intenta proteger privilegios de quienes llevan años viviendo lujosamente a cargo del erario, usando sus puestos en el Estado para su lucro personal.
Necesitamos que todos, pensionistas y no pensionistas, apoyemos el avance de reformas legales que disminuyan la desigualdad social, no solo del sistema público de pensiones, sino reformas generales, que sean instrumentos para lograr la igualdad de las personas en derechos y condiciones de vida. Como pensionistas, creemos que las reformas legales en ciernes deberían aprovecharse para transitar por ese camino y no para ir a un sistema donde existan pensionistas de primera, que se pueden pagar planes privados, y pensionistas de segunda, con pensiones de miseria que no lo pueden hacer.
COESPE considera solidario y de justicia social, igualar y generalizar derechos a favor de todo tipo de pensionistas, al margen del sector de producción en que hayan trabajado o quiénes hayan sido sus patrones. Pero no caigamos en su trampa de una igualación a la baja, a través de recortes, sino de ampliación de derechos. Por ello exigimos que se generalice a todos y todas los/as trabajadores/as la posibilidad de jubilarse anticipadamente a los 60 años, como ocurre en el régimen de clases pasivas. Por lo menos, cuando se acredite un número de años cotizados suficientes, se tengan problemas de salud o se trabaje en sectores de especial riesgo. No es justo que personas que llevan 40 años o más trabajando y cotizando al régimen general de la Seguridad Social, o al régimen de autónomos, no puedan jubilarse de esa forma, sin merma alguna de su pensión, cuando su contribución tanto a la financiación del sistema público de pensiones, como al bienestar general de la sociedad, mediante el pago de impuestos, ha sido enorme.
Finalmente, a ti que nos estás leyendo, que posiblemente hasta el momento no has levantado la voz, te animamos a que conozcas nuestro movimiento y sus reivindicaciones, estando seguros de que te unirás o al menos nos apoyarás. Los pensionistas de COESPE seguiremos apostando, gobierne quien gobierne, por ampliar los índices de protección social al conjunto de la sociedad, y en particular, de los y las pensionistas, presentes y futuros. Es necesario seguir luchando por hacer del sistema público de pensiones, no sólo un sistema de garantía de vida adecuada, sino también un sistema de distribución de la riqueza y renta del país a favor de quienes han trabajado para generarla. Seguiremos denunciando las iniquidades de un sistema de economía de libre mercado que nos considera «juguetes viejos» y nos escatima o rechaza una pensión digna.
Apostamos por un sistema de pensiones, que, junto con otros instrumentos, como la Sanidad Pública o la ayuda a la dependencia, garantice que todas las personas mayores tengan suficientemente cubiertas sus necesidades vitales, en condiciones de dignidad, para que la sociedad les devuelva con creces todo lo que durante años de esfuerzo han aportado.
Rafael Velasco Rodríguez, J. Luis Carpintero Avellaneda, Antonio Baena Cobos, María de las Nieves Nestares Gazol, Petra Rogero Anay son miembros de COESPE (Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas)