Todos nos alegramos por la liberación de los pescadores y ahora es el momento de pedir cuentas. Pero, al contrario que hacen los grandes mass media, con quien debe rendirse cuentas es con la empresa armadora. Antes del secuestro era público y notorio que ese caladero de pesca era peligroso por la existencia de estos […]
Todos nos alegramos por la liberación de los pescadores y ahora es el momento de pedir cuentas. Pero, al contrario que hacen los grandes mass media, con quien debe rendirse cuentas es con la empresa armadora. Antes del secuestro era público y notorio que ese caladero de pesca era peligroso por la existencia de estos «piratas». El Estado Español y la OTAN montaron un operativo militar para proteger a los barcos que circulan o pescan cerca de las costas de Somalia. Como todos los pesqueros se concentraron en la zona protegida por la Operación Atalanta, algún responsable de la empresa armadora Echebastar Fleet SLU de Bermeo (Vizcaya) y con el fin de aumentar las capturas ordenó que el barco faenara más al sur, a unas 350 millas más al sur. Ya se sabe que donde hay muchos pescadores hay poco pescado.
A partir de este momento todos hemos vivido con angustia la situación de estos trabajadores del mar, inocentes de la esquilmación a que se ve sometida un territorio, Somalia, sin poder organizado gubernamentalmente que proteja sus recursos naturales. A partir de este momento, todas las críticas que he escuchado y leído han ido dirigidas al Gobierno, pocas o ninguna palabra a la empresa armadora.
Es cierto que un Estado de derecho no puede dejar de perseguir a los «piratas» que secuestraron a los marineros, si bien, si la detención se produjo en aguas territoriales somalís no serían competentes las autoridades españolas. Pues de igual modo que los fiscales y jueces no pueden dejar de perseguir este delito, también deberían procesar a aquél empresario que dio las ordenes que, a la postre, han puesto en peligro la vida, la seguridad, la libertad y la integridad de sus trabajadores.
La impresión es que es muy sencillo juzgar y condenar a dos piratas somalíes pero muy complicado que el aparato judicial exija responsabilidades legales a quienes juegan con la vida de sus empleados.
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