Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación; 55 años después, seis luchadores contra la dictadura franquista han presentado en los juzgados valencianos querellas por torturas policiales.
Promovida por Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme al País Valencià (Plataforma de Suport a la Querella Argentina) y Comisiones Obreras, la iniciativa fue presentada el 13 de mayo –durante un acto de memoria y homenaje- en la sede del sindicato en Valencia.
Los hechos denunciados se produjeron durante la conmemoración del Primero de Mayo de 1967, en la primera manifestación celebrada –por el Día Internacional de los Trabajadores- durante el periodo de la dictadura en la ciudad. Las Comisiones Obreras, que se habían constituido en fechas recientes, convocaron la movilización, a la que se adhirieron sectores de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC); Unión Sindical Obrera (USO); el PCE y su rama juvenil; y la Juventud Obrera Cristiana (JOC).
Estaba previsto que la manifestación terminara en el edificio del Sindicato Vertical franquista, en la avenida del Oeste, con las reivindicaciones de una jornada laboral de ocho horas; el salario mínimo de 200 pesetas; derecho de huelga; libertad de expresión, asociación y prensa; y por un sindicato democrático, obrero y universitario.
La querella de los trabajadores represaliados cuenta con el apoyo de los sindicatos CGT; CNT; UGT-PV; e Intersindical Valenciana; partidos Políticos: PSPV-PSOE; EUPV-IU; Podemos; PCPV-PCE; Compromís; e Izquierda Republicana (IR); el centro social y cultural Ca Revolta y la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica (CAMDE)-País Valencià.
Asimismo se han adherido el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló; Memòria Històrica de Callosa d’en Sarrià; Institut Obrer; Dones i Homes Lliures; Institut de Drets Humans de la Universitat de València; Amnistía Internacional-Valencia; Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina (Alcoià-Comtat); Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA); Àrea de Memòria Històrica de la Diputació de València; y la Conselleria de Transparència i Qualitat Democràtica.
En el acto, las entidades que respaldan la querella -junto a los obreros torturados- recordaron el contenido de los panfletos repartidos hace 55 años; abogaban por la libertad y la democracia, y manifestaban su solidaridad con los trabajadores de Bilbao y su lucha, que se desarrollaba por aquellas fechas (180 días en huelga de los trabajadores metalúrgicos de la fábrica de laminación en bandas de Etxebarri, a la que las autoridades respondieron –en abril de 1967- con la declaración del Estado de Excepción en Vizcaya).
La manifestación pacífica, que comenzó en los Jardines de la Glorieta de Valencia, fue objeto de la represión y los ataques policiales, con un balance de 21 detenciones (13 personas procesadas por el Tribunal de Orden Público –TOP- franquista, y cinco además condenadas por un Consejo de Guerra: Juan Montalbán, Joan Castejón, Francisco Ventura, Salvador Ayala y Antonio Sanchis; algunos de los trabajadores fueron juzgados y condenados en dos ocasiones por los mismos hechos).
“La mayoría sufrió torturas en las dependencias de la Brigada Política Social. A finales de aquel año otro grupo de personas fue detenido a consecuencia de los sucesos del Primero de Mayo, también sufrieron brutales torturas y fueron condenadas por el TOP”, informaron Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme y Comisiones Obreras.
Entre la documentación de la época figura una Orden del Gobierno Militar de Valencia del Cid, fechada el 25 de agosto de 1967 y con la firma del General Gobernador Militar, Luis Ubach García-Ontiveros; la Orden incluía un Artículo Único, que daba cuenta de la convocatoria al Consejo de Guerra Ordinario contra los cinco procesados, por un supuesto delito de “insulto a la fuerza armada”; el tribunal estuvo presidido por el Teniente Coronel del Regimiento de Caballería Lusitania, Salvador Reig Fernández-Montenegro. El periódico Levante, integrado en la red de prensa del Movimiento Nacional, se hizo eco el 30 de agosto del “suceso”.
Sobre las torturas y malos tratos en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, Juan Montalbán recuerda: “La primera vez me dieron con las porras en la espalda, hasta que se cansaron. La segunda vez fue peor, fue de madrugada, me hicieron un corro, dijeron vamos a hacer la rueda que nos vamos a divertir un rato, y empezaron con las rodillas a golpearme en las piernas, hasta que me caí, y una vez en el suelo, no sé si fue Benjamín Solsona o Ballesteros (dos de los policías) me pisó la cabeza (…)”.
Respecto a los tres días que pasó en las instalaciones policiales de la Gran Vía Ramón y Cajal, cuenta Salvador Ayala: “Estaban empeñados en que conocía a un hombre que era del PCE, y yo les decía no lo conozco, era verdad (…). Y me pegaban. Hasta que uno que era extremadamente violento me pegó en la parte baja de la nariz y la boca y provocó un derrame (…); perdí mucha sangre”.
Asimismo, Acció Ciutadana difundió el testimonio de Joan Castejón sobre su apresamiento en la manifestación del Primero de Mayo; tenía 17 años y provenía de Elche: “A la primera descarga la gente salió huyendo, me retiré de la primera línea. Vi al pintor Monjalés (José Soler Leal) mayor que yo, que corría gritándole a la policía y tras él un hombre de paisano grande y fuerte que lo cogió, tiró al suelo y comenzó a pegarle. Me lancé sobre quien le pegaba, y (…) lo tiré al suelo, de modo que Monjalés pudo desasirse y salir pitando. Pero yo ya no pude correr. Quedé detenido”.
Tras la sentencia del juzgado militar, los condenados a penas de prisión – en algunos casos a tres y cuatro años- ingresaron en diferentes cárceles: Teruel (Joan Castejón); Jaén (Francisco Ventura); Alcalá de Henares (Juan Montalbán) o la Modelo de Valencia (Antonio Sanchis y Salvador Ayala).
Además en octubre de 1968 tuvo lugar otro procedimiento judicial, por lo ocurrido el Primero de Mayo, en el TOP; en este caso Joan Castejón cumplió la condena en la prisión de Las Palmas (pena de un año y seis meses); y tanto Juan Montalbán como Francisco Ventura (pena de seis meses), en Valencia.
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