La Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, compuesta por más de 1.000 organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, religiosas, y de cooperación, entre las que están USO y Sotermun, considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no están a la altura de los desafíos de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Estas afirmaciones […]
La Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, compuesta por más de 1.000 organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, religiosas, y de cooperación, entre las que están USO y Sotermun, considera que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no están a la altura de los desafíos de lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Estas afirmaciones se sostienen por la negativa del gobierno y los partidos que le apoyan en no aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Esto, además, es mucho más escandaloso cuando tampoco toman medidas para incrementar la presión fiscal a quienes más tienen, o de imlpementar políticas fiscales progresivas y justas.
Se mantiene el sistema dual entre las rentas del trabajo y capital y no se quiere reforzar la progresividad. Se confía el incremento de ingresos a la coyuntura económica, sin querer recuperar los ingresos necesarios para satisfacer el monto de las partidas recortadas por la crisis.
Hay una realidad que nos dice que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza. Mientras tanto, los PGE2017 y quienes los han aprobado hacen la vista gorda: las prestaciones de desempleo se siguen reduciendo, porque se mantienen las normas de prestación, independientemente de la existencia de parados sin cobertura. La ley de dependencia arrastra listas de espera y no se recupera la cotización a la seguridad social a familiares cuidadores, con lo que se determina pobreza futura. No se invierte en la recuperación del profesorado para mitigar el fracaso escolar, con lo que la descualificación incidirá en más pobreza. La diferencia de esperanza de vida entre unos españoles pobres y otros más pudientes se incrementará si no se hace nada. Además, mientras se presume de una presencia internacional de la marca España, la cooperación al desarrollo se encuentra en niveles de mínimos, teniendo un efecto también en los países empobrecidos. Así ocurre con cada capítulo de gasto, excepto el dedicado a defensa, que se incrementa mucho más porque responde a otras prioridades diferentes a las de la ciudadanía.
Finalmente, hay que hacer constar que aunque España es un país que ha aprobado la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su Gobierno no responde a implementarla. No hay voluntad de hacer política coherente para alcanzar los ODS. Ni siquiera hay en el Gobierno una estructura de coordinación, ni una dirección responsable, ni dinámica de crear un proceso de participación. Los PGE podrían ser un instrumento para llevarlos a cabo. Si se quiere. Pero parece que no existe esa voluntad. Un ejemplo: ante unos ODS universales, el compromiso estatal para la cooperación al desarrollo disminuye.
En resumen, los PGE2017 son continuistas, con unos ingresos y una fiscalidad deficientes, unos gastos sociales insuficientes y sin voluntad de hacer un desarrollo inclusivo y solidario para toda la ciudadanía.