El Tribunal Constitucional ha avalado el despido de docentes de religión por su vida privada. La docente canaria que recurrió su despido se muestra «indignada» con la sentencia del Constitucional, que avaló ayer la postura del episcopado de rescindir su contrato por convivir con alguien con alguien con quien no estaba casada. La Federación Estatal […]
El Tribunal Constitucional ha avalado el despido de docentes de religión por su vida privada. La docente canaria que recurrió su despido se muestra «indignada» con la sentencia del Constitucional, que avaló ayer la postura del episcopado de rescindir su contrato por convivir con alguien con alguien con quien no estaba casada.
La Federación Estatal de Profesores de Enseñaza Religiosa (FEPER) ha opinado que el Tribunal Constitucional, con su sentencia de ayer, ha demostrado tener un «desconocimiento total» de la situación de estos docentes, a los que confunde «con sacerdotes o monjas». Su vicepresidente, Luis Guridi, ha expresado su respeto por las decisiones judiciales aunque ha discrepado «absolutamente» del fallo del alto tribunal sobre el caso de la profesora María del Carmen Galayo Macías, despedida por estar separada y vivir en la actualidad con su nueva pareja. La sentencia confirmó a la Iglesia la potestad de designar y destituir a los profesores basándose no sólo en sus conocimientos, sino también en su conducta. La propia Galayo Macías se ha mostrado «indignada».
Galayo, una de los 17.000 profesores contratados y pagados por el Estado a petición del episcopado, prestó servicios como docente de religión católica en diversos centros públicos de Primaria en Canarias desde el curso 1990/1991. En octubre de 2000, las autoridades eclesiásticas de las islas decidieron no renovar el contrato de esta profesora por mantener una relación afectiva con un hombre que no era su marido, del que se había separado previamente. La profesorá recurrió a la Justicia y fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien planteó en 2002 al Constitucional una posible contradicción entre los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y la Constitución Española de 1978 en lo referente al régimen laboral de los profesores de Religión católica en la enseñanza pública.
«En la época de la Inquisición»
Ayer, el Constitucional desestimó la cuestión de inconstitucionalidad del TSJC. Su argumento es que la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de conocimientos y, por tanto, la capacitación para impartirla «puede implicar exigencias» que desborden las limitaciones de una empresa al uso. El auto dice que los docentes deben destacar «por el testimonio de vida cristiana» y que su elección ha de efectuarse entre los declarados «idóneos» por la Iglesia. Tras conocer el fallo, la profesora canaria está «indignada». «Parece que estamos en la época de la Inquisición porque si te separas, te vas de copas, tienes un hijo soltera o te afilias a un sindicato, te retiran la idoneidad», ha dicho.
En respuesta a la sentencia, la FEPER ha anunciado que seguirá «luchando» contra estas injusticias y que recurrirá el fallo en España y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para Guridi, el Constitucional «se ha equivocado totalmente» porque confunde a los profesores de religión «con sacerdotes o monjas», cuando estos docentes no tienen voto de obediencia a los obispos y además son «mayoritariamente laicos o seglares». Según Guridi, la misión de los profesores de religión no es dar catequesis o adoctrinar a los alumnos sino «decir lo que la Iglesia piensa».
«Un paso más al talibanismo católico»
Además, ha observado que el fallono ha tenido en cuenta la ley que se aprobó el pasado año y que estableció que los profesores de religión se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. El vicepresidente ha cirticado este fallo porque, a su juicio, va a ser «un paso más hacia el talibanismo católico absoluto y repugnante», al tiempo que ha comparado la situación actual con el «nacionalcatolicismo» de los años 40 y 50. «No podemos seguir en un Estado aconfesional con leyes del nacionalcatolicismo», ha añadido.
Guridi ha asegurado que la potestad que tienen las autoridades eclesiásticas de participar en la propuesta de los profesores de religión se ha transformado en «privilegio» y que este privilegio se ha convertido «en ley». En este mismo sentido se ha pronunciado la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. Su su presidenta, Lola Abelló, ha considerado «abusivo que la Iglesia tenga toda la capacidad de decidir no sólo sobre el trabajo, sino sobre la vida de unos profesores de religión que además están pagados por el Estado». La Alianza Evangélica Española también ha criticado la sentencia al considerar que «crea un grave precedente».
Yendo más allá que la propia sentencia, el grupo parlamentario de IU-ICV ha instado al Gobierno a que revoque los acuerdos pactados con la Iglesia. En el lado contrario, la Federación Estatal de Religiosos de Enseñanza-Centros Concertadosy Educación y Gestión han mostrado su satisfacción porque entienden que impartir la materia confesional precisa tener una «cierta coherencia» con lo que se está transmitiendo. El obispo de Málaga y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Antonio Dorado Soto, ha afirmado que el Constitucional «ha tardado en responder», pero que finalmente ha resuelto «a favor de la Iglesia».