Entre el 10 y el 17 de marzo el Gobierno de coalición de PSOE-UP sorprendía con tres Decretos-Ley dirigidos a mitigar los efectos del durísimo parón económico que produciría la declaración del Estado de Alarma debido a la pandemia. Como siempre en este país los más de 3,5 millones de hogares que viven en alquiler eran los grandes olvidados. Las críticas de los movimientos sociales a la inacción de ese gobierno de izquierdas que abandonaba a su suerte a los colectivos más vulnerables de las clases populares no se hizo esperar. Las respuestas sociales a «los olvidos históricos» de los inquilinos se concretaron en los PLANES de CHOQUE que presentamos las organizaciones sociales donde de manera tímida se pedía la SUSPENSIÓN del PAGO de los ALQUILERES pues detrás de cada inquilino hay la mayoría de hogares con una mujer al cargo de hijos, los jóvenes, la inmigración, en general hogares pobres expulsados del mercado de compra de viviendas que es el único que da cierta estabilidad temporal en este país.
Aunque tampoco hubieron muchos titulares de prensa sobre el abandono del alquiler, las críticas hicieron mella en la ministra de Economía Nadia CALVIÑO, que el 19 de marzo nos sorprendía con estas declaraciones:
El diario El Mundo lo titulaba así: «Calviño, en contra de suspender el pago de alquileres: «Detrás no hay un banco, hay otro ciudadano«. ¿qué quería decir la Ministra? Pues el manido argumento histórico de nuestro país que detrás de cada alquiler hay un abuelito que complementa la pensión con él.
En Prouespeculació llevamos años predicando en el desierto que todo ese argumentario está construido sobre datos falsos. No existen datos que puedan sostener lo que dice Calviño porqué ninguna institución del Estado español ha querido nunca abrir el melón del significado histórico del apoyo estatal durante décadas al sector inmobiliario desde la famosa frase del año 1959 del ministro franquista José Luís Arrese: «queremos una España de propietarios que no de proletarios» hace ya60 años.
Nuestro argumento es bien simple: ¡que ahora la crisis la paguen los caseros por primera vez!
En estas páginas hemos demostrado que España es el país de la Unión Europea que más presupuesto ha gastado en vivienda pero exclusivamente para favorecer el sueño neoliberal de la sociedad de los propietarios, de una nutrida clase media propietaria bastión electoral conservador, nacida al crisol de las viviendas de protección oficial. Décadas de regalos fiscales, ayudas directas y suelo público, lleno de corruptelas, para construir también un potente sector inmobiliario que diera auxilio a la otra gran industria pátria que es el turismo. Todo ello regado con el crédito de la omnipresente banca española en el IBEX35 que hizo su agosto en este modelo económico franquista actualizado que la izquierda española tomó como suyo sin rechistar. Somos fruto del pasado y no se puede ignorar.
La Ministra de Economía Nadia CALVIÑO expresa en sus declaraciones su apoyo a esa España rancia, reaccionaria y conservadora de la sociedad de los propietarios en medio de la segunda mayor crisis económica que vivimos desde hace una década. ¡Hay que tener valor!
Y lo hace porqué siendo ministra de Economía debería saber que a diferencia de los inquilinos que fueron abandonados a su suerte por su partido desde la LAU de 1984, los propietarios han sido regados con miles de millones de regalos fiscales y de todo tipo durante décadas que han convertido España en un paraíso fiscal para los arrendadores. Damos por supuesto que la Ministra lo sabe pues lo que afirmamos está basado en los datos que proporciona el Ministerio de Hacienda aunque por desgracia no es de dominio público, nadie lo escampa a los cuatro vientos, hasta el punto que la izquierda es timorata en el asunto y ha preferido mirar siempre hacía el otro lado.
La Brunete mediática acusó en el 2018 que la ministra Nadia Calviño tenía una sociedad patrimonial de la que no declaró sus propiedades inmobiliarias, que era a lo que se dedicaba como sociedad instrumental que usan los ricos para pagar el mínimo de impuestos de sus viviendas. Los impuestos inmobiliarios en el Estado español tienen trajes a medida en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF para no pagar impuestos mientras los inquilinos no tienen ya ni desgravaciones fiscales eliminadas por el PP de Rajoy. La izquierda actual ni siquiera cita ya esa injusticia y con mucho apoyo mediático ha puesto sus focos, luces y taquígrafos en las Socimis, sociedades de inversión inmobiliaria creadas por el PSOE en 2009 y refundadas por Rajoy, pero eso es el chocolate del loro con el que muchas veces se conforma el activismo como chivo expiatorio. Sí, son un escándalo, pero nada comparado por volumen con el apoyo fiscal a todo el sector inmobiliario residencial de alquiler, los caseros, en los impuestos de Sociedades y sobre todo en el IRPF. Hasta el punto que la Ministra Nadia Calviño debería escandalizarse, como hacen algunos multimillonarios americanos, que ella pague muchos menos impuestos proporcionalmente que un trabajador inquilino al que no quiere ayudar en la crisis de la pandemia.
Los datos del expolio fiscal que los caseros causan al país
Los datos que vamos a presentar ahora son sólo una parte de los que Nadia CALVIÑO debería conocer de cómo el Estado español ha apoyado al rentista, el que gana dinero sin ensuciarse las manos. Y tienen un argumento muy simple: si el Estado español ha regalado miles de millones de euros de regalos fiscales a los caseros durante décadas que sean estos los que arrimen el hombro para cubrir la factura de la condonación de las deudas de los recibos impagados de los inquilinos hasta volver a una situación normalizada. LO LLAMAMOS CONDONACIÓN DE LOS ALQUILERES DURANTE LA CRISIS.
Pero antes de pasar a los datos de la factura fiscal insostenible e insolidaria que los caseros causan a la Hacienda pública queremos decir que hay muchas otras partidas que todos los años van a apuntalar el negocio del arrendamiento, con alquileres escandalosos de la nueva burbuja de estos últimos años.
Entre estas otras partidas están las ayudas directas a la promoción de viviendas de alquiler, los créditos avalados a los promotores, el suelo regalado, las ayudas al alquiler de comunidades autónomas y ayuntamientos que suponen cada año decenas de millones de euros que acaban todos en los bolsillos de los rentistas también. Y cómo no los 77.000 millones de euros enterrados durante 30 años en subvencionar vía IRPF la vivienda en propiedad que luego heredada pasa al alquiler. Cómo sino, sin apoyo estatal y riego abundante de la Banca, puede mantenerse un sector inmobiliario que en el 2005 movía entre todos los sectores de la economía asociados e industrias y servicios auxiliares hasta el 40% del PIB de España. Por esas razones el Banco de España puede afirmar que el inversor, el casero, amortiza su vivienda en poco más de una década y además ¡se puede vender luego!
Vamos a realizar un análisis escueto para no atiborrar con tecnicismos. Si desea tener un conocimiento más pormenorizado con datos y definiciones del expolio fiscal de los arrendadores lea y estudie este documento publicado en abril del 2019 >>>. SI desea conocer la comparación de IRPF entre un arrendador y su inquilino que trabaja podrá ver que este último paga hasta un 1000% más de IRPF que su casero que vive de rentas en este otro documento publicado en octubre del 2018>>>.
En las estadísticas extraídos del Ministerio de Hacienda (https://www.hacienda.gob.es/) del Impuesto de la Renta sobre las personas Físicas, IRPF, podemos encontrar el conjunto de ingresos, gastos deducibles y las desgravaciones fiscales que reciben «los abuelitos de Calviño». En la tabla inferior se puede ver el grueso de la elusión fiscal, o sea, todo el dinero que los propietarios inmobiliarios declararon entre el 2004 y el 2016 en el IRPF y todas las quitas que reciben para pagar un mínimo escandaloso. Representan entre un 60 a 70% de las viviendas en alquiler en nuestro país (+>3,5 millones), el resto correspondería a personas jurídicas que declaran en el Impuesto de Sociedades (hay un vacío estadístico sobre la distribución de la propiedad). Los datos estadísticos de la gran burbuja entre 2017-20 aun no están publicados.
La primera columna representa las declaraciones realizadas en la que están mezcladas las viviendas y los locales comerciales (alquilados por el propietario). Por ejemplo en el 2016 hay 2.362.915 declaraciones que suponen unos ingresos declarados de más de 18.000 millones de euros de los que se restan 6.624 millones de euros en amortizaciones de los inmuebles, administración, gastos que nadie controla o incluso pagan los inquilinos y impuestos como el IBI que muchas veces también paga el arrendatario. Después de restados esos 6.624 millones de los ingresos, aquellos caseros que alquilan una vivienda tienen derecho a una desgravación del 60% que ese año 2016 fue de 3.673 millones de euros. El sindicato GHESTA, de inspectores de Hacienda calcula que hay una fraude no declarado entorno del 40% que esa tabla no puede valorar. Los datos de las declaraciones desgravadas tampoco se corresponden a viviendas, o sea, una declaración puede corresponder a más de una vivienda.
Por lo tanto, todos son resultados aproximativos pues nadie tiene interés en desvelar las cifras del expolio que suponen los regalos fiscales a los propietarios. Los datos del período que estudia la tabla dan como resultado que durante 13 años los caseros defendidos por la Ministra Calviño obtuvieron más de 190.000 millones de € de ingresos, a los que restaron 62.000 millones de € de gastos – entre locales y viviendas- y otros 32.000 millones de € en desgravaciones directas de viviendas sólo. En el caso del alquiler de una vivienda el casero acaba pagando impuestos solamente por entre un 5 al 30% de los ingresos que ha obtenido, afirmación que la explicamos en uno de los documentos citados más arriba.
Si un trabajador tuviera los mismos privilegios fiscales que un casero a su salario podría deducirle todo lo que se gasta para mantener su hogar, familia, ropa, impuestos, casa, comida…etc…
Volviendo a la tabla, en las celdas amarillas, la elusión fiscal del 2004 al 2016 fue de 94.896,7 millones de euros, resultado de sumar 62.615,283 en gastos y 32.281,490 en desgravaciones. Y hablamos solo de los alquileres declarados. A eso habría que sumar un porcentaje que rondaría entre el 35 al 40% de fraude fiscal en el impuesto de la renta que podría estar entorno a los 35.000 millones de euros.
Y finalmente habría que añadir la elusión fiscal que corresponde al Impuesto de Sociedades del cual no es posible extraer ninguna clase de datos del sector inmobiliario. Pero que considerando el volumen de viviendas en propiedad de sociedades jurídicas que ronda el 30 al 35%, la misma laxitud inspectora en los gastos y las desgravaciones, y las desgravaciones que rondan entre el 90 al 100% de los ingresos pueden imaginarse que difícilmente la elusión fiscal baje de otros 30.000 millones de euros en ese período. Sobre los miles de edificios de la Iglesia católica no existe ninguna estadística pues no pagan impuestos.
Todos estos regalos fiscales se hacen a cambio de nada. En otros países los regalos fiscales van acompañados de alquileres sociales. El 98% de los más de 3,5 millones de hogares que viven en alquiler bajo el régimen dictatorial de la LAU no existen los alquileres sociales.
Lo lógico sería que los caseros si no arriman el hombro en nada pagaran, no igual, sino mucho más por sus beneficios que los que trabajan. Sería de JUSTICIA SOCIAl.
Los caseros deben renunciar al expolio fiscal que causan al país y arrimar el hombro contra la crisis
La crisis de la pandemia debería abrir el melón poniendo en el debate público la validez, la ética, que un sector social tan privilegiado durante décadas pueda seguir gozando de esas ventajas fiscales en un país donde la recaudación de la Hacienda pública recibirá el golpe del parón económico. La desfachatez, la prepotencia de las declaraciones de la Ministra Nadia Calviño deberían ser como mínimo de dimisión. Un gobierno llamado de izquierdas no puede tolerarlas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado que no cobrará los alquileres de su minúsculo parque de vivienda. Todo un gesto. Los ricos han empezado a mostrar más compasión que la ministra para con los inquilinos. La Caixa ha dicho que condonará los alquileres a las familias afectadas por la crisis (bueno lo puede hacer porqué recibirá una inyección gratis de BCE, así cualquiera). Muchas Cámaras de la propiedad, representantes de los caseros en cada ciudad, están empezando a plantearse no pasar el recibo del mes de abril a los inquilinos.
Hasta las organizaciones sociales y sindicatos de clase han llamado a PLANES DE CHOQUE TIMORATOS que sólo piden la SUSPENSIÓN DE LOS ALQUILERES.
El gobierno de Pedro Sánchez y su socio minoritario Pablo Iglesias apelando a la solidaridad deberían ya publicar un decreto-ley primero eliminando la elusión fiscal de la que han gozado durante décadas la propiedad inmobiliaria para que después las escalas de gravamen hagan pagar a los rentistas mucho más que los que trabajan. ¡Es de justicia social y fiscal!
Esa es la razón por las que un PLAN DE CHOQUE de Gobierno centrado en los contratos de alquiler en el mercado privado (98%) considerados sobre vivienda habitual debería tener:
- la prórroga forzosa de todos los contratos de alquiler en las condiciones ya pactadas hasta la vuelta a la normalidad económica excepto en casos documentados de necesidad de la propiedad. Asegurar en este caso el realojo digno de los inquilinos por parte de la Administración. Suspensión temporal de los artículos en conflicto de la LAU.
- la condonación de las deudas de alquiler, a cargo del arrendador, sobrevenidos en viviendas habituales debido a la crisis de la pandemia hasta que el hogar supere por cuenta propia o del Estado la capacidad de pago de los recibos.
- La generalización de contratos únicos de alquiler, con el visto bueno de los servicios jurídicos de las Oficinas de vivienda, sin cláusulas abusivas entendiendo todas aquellas que van a cargo del arrendador como el IBI, reformas estructurales, etc.
- Asegurar la reforma
fiscal de las leyes tributarias en materia de vivienda para:
- Derogar toda la elusión fiscal de los arrendadores físicos y jurídicos y eclesiásticos (exenciones + desgravaciones fiscales insostenibles hoy para la Hacienda pública). Son más de 10.000 millones anuales en el impuesto IRPF y el de Sociedades. Justicia fiscal, que los rentistas paguen más que quién trabaja y no menos como ocurre desde hace décadas – agujero fiscal estatal insostenible hoy superior a 100.000 millones cada década.
- Realizar desgravaciones fiscales a todos los inquilinos baremando el alquiler para que no supere el 20% de la renta disponible del hogar.
POSTDATA: Hoy viernes 27 habrá Consejo de Ministros. Posiblemente la presión provoque que el gobierno apruebe medidas sobre el alquiler. Si la naturaleza de estas fueran a apuntalar el cobro de los alquileres inflados de los propietarios inmobiliarios le decimos a ese gobierno que están asegurando la bancarrota de la Hacienda Pública privilegiando a los caseros.
Salva Torres, Asociación por el Alquiler Público y Asequible