No sólo se trataba de las acequias; o de la problemática de los colectores de aguas residuales (y la depuración); la contaminación por bacterias en la playa de Peixets -ubicada en el municipio de Alboraia (25.800 habitantes, Valencia)- llevó a que el Ayuntamiento (PSPV-PSOE y Compromís) ordenara el cierre de la playa, este verano, durante más de una semana.
“Si bien éste es el contexto general, hay situaciones particulares en la huerta de la partida del Mar y de Miracle (Alboraia) que agravan la situación y no han sido atendidas”, denunció en un comunicado -el 30 de julio-la asociación Per L’Horta.
Un análisis global puede hallarse en el informe Crisis a toda costa-2024. Análisis de la situación del litoral ante los riesgos de la emergencia climática, publicado en julio por Greenpeace.
“La Comunidad Valenciana tiene 518 kilómetros de costa, de los que más de la mitad son playas (356 kilómetros), que sufren una gran presión turística y mucha artificialización: casi tres cuartas partes de su línea de playa está urbanizada (74,3%), ocupando el primer puesto de litorales más urbanizados”, detalla Greenpeace.
Asimismo, cerca del 65% de los arenales en el País Valenciano han experimentado una merma en la extensión -durante los últimos 10 años- por eventualidades meteorológicas “cada vez más frecuentes e intensas”.
Crisis a toda costa subraya el impacto que tendrían iniciativas urbanísticas (PAI) como La Serreta, en el municipio de La Nucía (19.000 habitantes, Alicante); se trata de la construcción de 3.800 viviendas a una distancia de 10 kilómetros del mar; o -también en la provincia de Alicante, en el municipio de Llíber (945 habitantes)- el PAI Medina: 488 chalés que ocuparían 400.000 metros cuadrados en la montaña, y que podrían perjudicar el suministro de agua potable en seis municipios.
Ya en la provincia de Valencia, en el municipio de El Puig (9.000 habitantes), un proyecto urbanístico tiene prevista la construcción de 200 viviendas en torres, 200 en chalés adosados y 25 viviendas unifamiliares; y en Godella (13.400 habitantes), el PAI de la Torreta del Pirata incluye la construcción de 500 viviendas, lo que afectaría a 150.000 metros cuadrados de bosque.
La Generalitat sometió a información pública, en mayo, el Anteproyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana; según la exposición de motivos, la “importante regresión” del litoral en el País Valenciano está produciéndose “desde hace décadas”; se remarcan –entre otros factores- la falta de aportes de sedimentos de los ríos debido a los “necesarios” embalses construidos durante el siglo pasado.
A los efectos del cambio climático, el Anteproyecto añade la alteración de las dinámicas litorales a causa de las infraestructuras portuarias o hidráulicas (“en épocas más remotas, sin la correspondiente previsión normativa”); estas no consideraron los impactos en las playas del entorno.
Realizado el diagnóstico, el proyecto normativo establece -en una de las Disposiciones transitorias- que están permitidos los hoteles en la franja costera fuera de los primeros 200 metros.
En junio se presentó el informe Banderas negras-2024 de Ecologistas en Acción, que otorga esta enseña -por contaminación- a la playa del Amerador, en el municipio de El Campello (30.000 habitantes, Alicante); la razón son los vertidos fecales desde la estación de bombeo de aguas residuales.
Otro caso de “agresión ambiental a la costa” tiene lugar en la Bahía de Alicante, lo que incluye cuatro playas: Cap l’Horta, Albufera, Postiguet y San Gabriel; se destacan motivos como “la llegada masiva de residuos arrastrados al mar desde este enclave del litoral macrourbanizado (…)”.
Ecologistas en Acción ubica otra bandera negra, por contaminación, en el frente costero al sur del Puerto de Valencia; de hecho, la contaminación de la zona marina de este espacio protegido (en la Red europea Natura 2000, y también en el ámbito autonómico) hacen ya inviables iniciativas como la recuperación de las praderas de posidonia oceánica.
Otra distinción -debido a la mala gestión– tiene como centro a las playas del Parc Natural de L’Albufera, al sur del Puerto de Valencia; los criterios con los que se gestiona la regresión en las playas es “ineficaz” e “insostenible”; el documento se refiere, en concreto, a la construcción de diques y espigones, además del relleno de las playas con aportes de arena extraídos y transportados desde bancos de arena alejados; ello genera impactos negativos, asimismo, en las zonas de extracción.
Un punto señalado por la contaminación es, en la provincia de Castellón, el tramo litoral del Grao-Camino Serratella, en el municipio de Burriana (35.700 habitantes); la razón es la “recurrente” fuga de aguas fecales cuando se produce –por motivo de las lluvias- un colapso de la red de evacuación; y también en la playa de L’Estany-Capicorb, en el municipio de Alcalà de Xivert-Alcossebre, de 7.100 habitantes (declaración de una playa canina cerca de un humedal protegido).
Algunas de los riesgos aparecieron en el informe de la asociación ciudadana Observatorio de la Sostenibilidad, de 2020, titulado Los 50 municipios más construidos del litoral español; subraya el desarrollo del complejo turístico-residencial, que ha alcanzado -durante el crecimiento de las últimas décadas- la primera franja de costa; a ello se añade la mutación climática, que incrementa los temporales, cambios de corrientes, el nivel del mar o la regresión de las zonas de arena.
Agencias y medios informativos se hicieron eco del balance del Observatorio respecto a la turistificación (edificación de viviendas, hoteles y campos de golf); así, el País Valenciano es la segunda autonomía en número de municipios artificializados en la franja costera (11), tras Andalucía y por delante de Canarias y Baleares.
El análisis destaca municipios como Denia (45.600 habitantes, Alicante), con 613 hectáreas pavimentadas; o Benicásim (19.900 habitantes, Castellón), con el 82% de la superficie costera modificada para usos turísticos.
También se constata el impacto generado por las grandes infraestructuras en un artículo publicado, en Urban Science (enero 2024), por investigadores del Institut Cavanilles de la Unversitat de València (UV); señalan que tres playas ubicadas al sur del Puerto de Valencia (Pinedo, El Saler y La Garrofera) pasaron de contar con 170 hectáreas de arena –en la década de los 90 del siglo pasado- a 43 en 2022; una de las causas apuntadas es la ampliación del recinto portuario.
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