Resulta un lugar común señalar que el modelo colonial inaugurado con la invasión, conquista y genocidio adelantado por agentes del orden monárquico español recayó en la victimización, el despojo y la opresión sobre los pueblos indígenas como una de sus principales características. Con ello, puede afirmarse también que la distinción de la diferenciación étnica (o racismo) operó desde entonces como un factor trascendental dentro del orden social. Pero, a ese lugar común debe agregarse lo que no es usualmente tenido en cuenta por la opinión general, ni enseñado oficialmente dentro del sistema educativo: que es imprescindible reconocer no solo una continuidad de estas practicas en el marco de los nacientes Estados nacionales, sino incluso un agravamiento de la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Esto parte de evidenciar que la pretensión nacionalista de los Estados modernos latinoamericanos, desde su origen mismo, se enfrentó a contextos dentro de los cuales el ideal de homogeneidad étnica no fue más que eso; una idea o aspiración (de corte eurocéntrica). La unificación étnica proclamada como fundamento del orden resultó ser un efecto de ese orden y no uno de sus presupuestos. En el espacio colombiano, y latinoamericano en general, este desfase entre aspiración y contexto social, o la imposibilidad de conseguir la homogeneidad deseada, hizo de las relaciones sociales definitorias de la construcción del Estado-nación un marco de tensiones que, como en épocas del régimen colonial, reconoció en la diferenciación étnica (o racismo) un claro elemento de exclusión. Y es al régimen republicano moderno al que le cabe un mayor grado de responsabilidad frente a la configuración de una política sistemática de violencia como dispositivo de incorporación de los pueblos indígenas dentro de su ideal de unidad nacional. Esto es lo que acá se refiere como característica estructural. Y la forma de adelantar la inserción de lo indígena dentro del modelo Estado-nacional se basó esencialmente en la violencia manifiesta en el racismo, la estigmatización y el desprecio de las culturas indígenas, el disciplinamiento laboral y el despojo territorial. Estos fenómenos presentan una constante dentro de la historia de Colombia.
La historiografía colombiana ha dado cuenta de esta particularidad reconociendo el carácter jerarquizado de una incorporación estatal que reafirmó las diferencias marcadas por los colonizadores en un proceso de formación estatal definible no solo como producción de homogeneidad y unidad, sino como un esfuerzo constante de plantear de forma estigmatizadora y definir de manera racista diferencias étnicas y culturales como estrategia de mantenimiento del poder, esto es, una nación aparente o construida sobre la contradicción: y la resolución de esa contradicción a partir de practicas de sometimiento violento (1). Dentro de este proceso histórico de incorporación de indígenas al Estado colombiano durante los siglos XIX y XX podemos ubicar dos ramas principales. Por un lado, políticas centradas en lo que podría llamarse “campesinización” de indígenas (2), esto es, la incorporación como agricultores, ya sea jornaleros o arrendatarios, de comunidades asentadas en territorios que empezaban a ser dispuestos para la producción y explotación agrícola de escala capitalista. En atención a la geografía colombiana, esto hace referencia a los grupos localizados en el macizo andino, es decir, en tierras de clima medio y frío. Este proceso, al decir de Juan Friede, fue adelantado por el Estado mediante “la destrucción legal de los resguardos indígenas y la liberación de una masa de indios trabajadores y por ende la formación de un proletariado rural en beneficio de los que tienen tierras y quieren poseer más, de los que tienen cultivos y necesitan mano de obra y de los que levantan fábricas y necesitan trabajadores”. (3)
Este proceso favoreció la definición de los intereses económicos de los sectores de elite como factor determinante (aunque no necesariamente como determinante único) de la intervención estatal frente a las comunidades indígenas, para moldear los procesos de incorporación o integración subordinada al Estado de colectivos indígenas asentados en zonas de explotación agrícola, pero esto no como un simple hecho o casualidad geográfica, sino porque fue precisamente en aquellas zonas en donde se necesitó, pero además en donde fue mayormente viable, la integración indígena al esquema de producción auspiciado por el orden republicano. Dicha viabilidad debido a que fue justamente en esas mismas zonas en las cuales los dispositivos de sometimiento y asimilación coloniales ya habían iniciado, y en algunos casos alcanzado a plenitud, la inserción indígena al modelo occidental. En otras palabras, la perspectiva de la “campesinización” en el contexto colombiano da cuenta de prácticas de penetración estatal en las cuales, si bien se dio un socavamiento de los resguardos conducente al despojo territorial, este no ocurrió principalmente por la falta de tierras, sino por todo lo contrario, es decir, por la existencia de grandes latifundios que carecían de la mano de obra indispensable para su explotación agrícola. El hecho de que los indígenas no tuviesen sus tierras para trabajar los arrojaba inexorablemente a la necesidad de ofrecer su mano de obra para la explotación en tierras ajenas, resultando incorporados al modelo estatal como campesinos.
Otros pueblos indígenas que por encontrarse asentados en zonas distantes de los centros de control del régimen colonial (zonas alejadas, de difícil acceso, usualmente selváticas y extremadamente calurosas), o por mantener formas nómadas de vida o exitosas vías de resistencia, no fueron plenamente integradas al modelo occidental de explotación laboral, o no pudieron serlo. Estas colectividades indígenas resultaron sin embargo de interés para la estatalidad moderna toda vez que la tecnificación e industrialización que acompañó el cierre del siglo XIX y la llegada del siglo XX amplió el espectro de recursos extraíbles y materias primas requeridas por los mercados internacionales (petróleo, caucho, ganadería, agricultura de gran extensión, etcétera), así como impulsó el desarrollo de las vías de comunicación necesarias para su mercantilización.
Estas comunidades, que dentro de la lógica del Estado decimonónico pasaron a ser reconocidas como “tribus de frontera”, afrontaron un proceso particular de sometimiento al Estado; ciertamente relacionado con el proceso de “campesinización” de indígenas pero no idéntico ni subsumible a este, sino mayormente complejo en tanto desconocidas y disímiles entre sí resultaron las sociedades a intervenir, al tiempo que mayormente amplio resultó ser el espectro de intereses que guiaron dicha intervención. Esta variable de la incorporación puede ser referida de forma genérica, y utilizando la terminología de la época, como proceso de “reducción de salvajes” o de “civilización”. La continuidad contemporánea de esas políticas estatales de sometimiento permite definirlas como etnocidio o, mejor, genocidio.
Las formas que asumieron las dinámicas de intervención del Estado, en especial a partir de finales del siglo XIX, presentan variaciones en atención a las particularidades del grupo que las enfrentaba, así como también de acuerdo a los intereses que guiaban el avance estatal sobre los pueblos indígenas y sus territorios. Los ejemplos más evidentes de la violencia estatal frente a los pueblos indígenas se rescatan de los análisis relativos a los Llanos Orientales y la región amazónica. Un referente precursor de estos últimos es el trabajo de Víctor Bonilla, referido particularmente a la zona del Putumayo, quien sostiene que “la política española de desposesión de la raza aborigen –por entonces dos tercios de la población nacional- siguió adelante en el siglo XIX, cuando sería mantenida por la administración republicana de las grandes familias criollas”. (4)
En términos generales, las políticas del naciente Estado colombiano, al tiempo que intentaban introducir a los indígenas dentro del sistema de posesión individual y explotación privada de la tierra, favorecieron dinámicas de apropiación territorial propias del contexto de expansión capitalista. En este sentido, puede destacarse un proceso dentro del cual las influencias políticas, y en ocasiones ciertas prácticas ilegales, culminaron en un marco de acumulación de los grandes latifundios y, como ya se dijo, los pueblos indígenas como proveedores de ano de obra de bajísimo costo. Otro factor clave en la determinación de la intervención estatal sobre los pueblos indígenas ha sido la introducción de la ganadería extensiva, desde finales del siglo XIX pero especialmente en el siglo XX, y la consecuente migración de colonos, es decir, particulares que trasladaban su residencia de forma permanente a los territorios que hasta ese momento eran usados por los indígenas y el choque conflictivo de tal novedad. Para Augusto Gómez, “en este nuevo contexto no se trataba ya, como en periodos anteriores, de capturar fuerza de trabajo nativa en calidad de esclavos, sino de ocupar tierras, establecer cultivos y de fomentar la ganadería, lo que en síntesis fue valorizando las nuevas posesiones que progresivamente se incorporaron al régimen de propiedad vigente y a la dinámica económica del país. (…) Pero en ese nuevo contexto resurgió también la cacería y el exterminio de los indios, especialmente el de miembros de grupos nómadas, menos permeables a los hábitos de la “civilización”, considerados como una amenaza permanente para la prosperidad de la ganadería (…) y en general, como un obstáculo para la colonización”. (5)
Se hace referencia a prácticas de cacería como epítome de un proceso de exterminio fundamental para lograr la ocupación del espacio de los Llanos Orientales y otras regiones hoy destinadas a la ganadería, como requerimiento de una nueva dinámica económica en la cual los indígenas no tenían cabida. Según esta perspectiva, el capitalismo no solamente modifica la actividad productiva (el uso del suelo), sino que propicia una transformación espacial, en términos tanto ambientales como de estética del paisaje, y también en lo relativo al tipo de relaciones sociales dadas en ese espacio, originando interacciones desplegadas en torno a la producción y circulación de mercancías, siendo el capitalista un esquema profundamente divergente frente a la tradición indígena. “Si analizamos un modo de producción no capitalista, como es el caso de los indígenas amazónicos no deculturados, podemos observar que el espacio construido por ese tipo de sociedad no está determinado por la producción y circulación de mercancías. Por ello, su agricultura es heterogénea, buscando cubrir el máximo de necesidades del grupo, pero sin producir excedentes”. (6)
Así, el sometimiento a los pueblos indígenas incluye también el proceso de transformación de su territorio y la consecuente integración como coparticipes del nuevo sistema de relaciones sociales dado en éste. Estimo que tal proceso puede ser definido como “reterritorialización” (7). Este tipo de procesos se habían iniciado en la zona central del país desde tiempos coloniales, mientras que la incorporación típicamente republicana adelantada en las zonas periféricas, solo pudo alcanzar su cometido “civilizador” en la medida en que un grupo suficiente de “blancos” lograron reterritorializar las zonas indígenas al imponer la lógica de sus relaciones sociales de producción e intercambio, negando al mismo tiempo las estructuras comunitarias indígenas y sus relaciones con el espacio, lo que se evidencia con mayor énfasis al iniciarse el siglo XX.
Distinto a lo ocurrido en los Llanos Orientales, en la Amazonía no fue la ganadería, sino la extracción del caucho, el modelo productivo que enmarcó la modificación de las relaciones sociales dadas en el espacio anteriormente indígena. Si bien es cierto que las prácticas de explotación y esclavización impetradas sobre los indígenas por los comerciantes de ese producto significaron el violento aniquilamiento de una amplia porción de su población, y que ese aniquilamiento debe ser entendido como parte de la incorporación y no como su negación, no es menos cierto que la intensidad y violencia del mismo no puede constituir el único vector explicativo de la penetración estatal en la Amazonía. Por el contrario, el periodo que siguió al declive de la extracción del caucho, caracterizado por el establecimiento en la zona de un número importante de individuos que en ese momento perdieron su fuente de ingresos y debieron buscar nuevas formas de sustento, significó la expansión y estabilización de relaciones sociales que enmarcaron la violencia estructural; estatalmente instituida. Aunque estas relaciones ciertamente reconocieron dinámicas de enfrentamientos relativos a las disputas territoriales y por los recursos entre indígenas y colonos, pero también instancias ocasionales de intercambio pacífico de herramientas y productos, y no fueron adelantadas siempre de forma directa por el Estado, debe entenderse el proceso de incorporación de indígenas como un desarrollo complejo y diacrónico, en el cual confluyen distintos actores (agencias de gobierno, misiones, colonos y comerciantes) yuxtaponiendo sus variados intereses, siendo por ello un asunto político, económico y cultural, y no simplemente racial, en el cual, sin embargo, el Estado cumple un rol destacado como garante y legitimador de un tipo especifico de orden social que niega la particularidad indígena. Es en este sentido que se define acá la configuración de un modelo estructuralmente violento.
Desde ya, este breve abordaje histórico puede y debe complementarse con un análisis detallado de las continuidades que tal proceso ha mantenido en otras regiones del país y a lo largo del presente siglo; periodo marcado por la profundización de la matriz extractivista (en la que incluimos al narcotráfico) que, de la mano del Estado, sostiene una avanzada de despojo territorial sobre los pueblos indígenas. Así mismo, el carácter represivo de la política estatal de estos últimos años, evidencia con sangre que el Estado colombiano sigue ejerciendo la violencia genocida como fórmula de supuesta integración de los indígenas. Los reconocimientos constitucionales de 1991 no lograron cambiar esta tendencia histórica; corresponderá al propio pueblo luchar por que esa historia genocida no se siga repitiendo.
NOTAS:
1Múnera, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821), Bogotá, El Ancora, 1998, passim.
2 La idea de la campesinización indígena está inspirada en el trabajo del sociólogo mexicano Armando Bartra. Al respecto ver: Bartra, Armando. Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado. La Paz, CIDES-Universidad Mayor de San Andrés, 2010, passim.
3 Friede, Juan. El indio en lucha por la tierra. Historia de los resguardos del macizo central colombiano, Bogotá, Ediciones Espiral, 1944, p, 97.
4 Bonilla, Víctor Daniel. Siervos de Dios y amos de indios. El Estado y la misión capuchina en el Putumayo, Bogotá, Tercer Mundo, 1968, p, 46.
5 Gómez, Augusto. Indios, colonos y conflictos. Una historia regional de los Llanos Orientales; 1870-1970, Bogotá, Siglo XXI, 1991, p, 279.
6 Gómez, Augusto y Domínguez, Camilo. Nación y etnias. Conflictos territoriales en la Amazonía colombiana (1750-1933), Bogotá, Disloque editores, 1994, p, 12.
7 O más exactamente desterritorialización y re-territorialización, tal como lo exponen Gilles Deleuze y Felix Guattari. Al respecto ver: Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. El antiedipo: capitalismo y esquizofrenia. Barcelona, Barral, 1974, pp, 151, 201, 203, 265-267.