Para nadie es un secreto que uno de los principales problemas que enfrenta la economía nacional es el de la desconexión entre los ingresos por vía de salario y las necesidades de consumo medio de la población. Si bien es desconocida los niveles exactos de la canasta básica en Cuba, según (Sandoval, 2012) la cifra […]
Para nadie es un secreto que uno de los principales problemas que enfrenta la economía nacional es el de la desconexión entre los ingresos por vía de salario y las necesidades de consumo medio de la población. Si bien es desconocida los niveles exactos de la canasta básica en Cuba, según (Sandoval, 2012) la cifra que media las necesidades básicas de la población en el año 2011 era de 841.40 pesos mensuales por persona a precios corrientes, analizado este valor mediante el método de Costo de las Necesidades Básicas. Tomando dicho valor y trayéndolo al presente aplicando las variaciones que sufre solamente vía inflación (1), tenemos que para el año 2018 el costo de la vida en Cuba asciende como promedio a cerca de 1100 pesos mensuales. Aun así, muchas otros estudios y estimaciones sitúan este monto en un nivel muy superior, algunos cercano a los 2000 pesos.
En este contexto se torna tarea vital para las trasformaciones económicas en Cuba de una reforma profunda del sistema salarial, que permita atar dichas necesidades de consumo con el ingreso vía salario de los trabajadores. Este hecho no solo será un gran paso hacia la dignificación del empleo (y de los trabajadores) en Cuba y fuerte aliciente para lograr mayores niveles de productividad, sino para estimular el consumo, lo que a la larga podría ser beneficioso para el despegue de varios sectores de la economía.
Y aunque esta tarea es en las condiciones actuales extremadamente compleja, la misma palidece ante la cuestión que significaría transformar nuestro sistema de pensiones a niveles que puedan dar respuesta a esos niveles de consumo, también necesarios para la vida de los cientos de miles de pensionados con que cuenta nuestro sistema de seguridad social. En términos simples, esta es una tarea mucho más compleja que la reforma salaria, por varias razones.
En primer lugar, porque a diferencia de la remuneración de los trabajadores en activo que es una distribución primaria de la producción, los recursos que sostienen el sistema de pensiones vienen dado por una redistribución secundaria de la producción, que desvincula el crecimiento de las pensiones de indicadores como la «productividad» y o «utilidades después de impuesto», que podrían ser utilizados para reordenar el sistema salarial.
En segundo lugar, el sistema de pensiones, cae en gran medida sobre el presupuesto central, pues la contribución a la seguridad social, de trabajadores no estatales y otros del sector estatal con altos ingresos no cubre los gastos del mismo. Cualquier expansión de las pensiones en la actualidad, sería solo resultado de la contracción de otras partidas del presupuesto central, que ya se encuentra en una tensión extrema, con reducciones sistemáticas en disímiles sectores en los últimos 10 años.
La otra opción sería traspasar parte del consumo de los trabajadores en activo a los pensionados vía impuesto, acción este que se toparía con los bajísimos niveles de consumo que se derivan del salario, algo de lo que hablamos anteriormente, por lo que primeramente sería necesario una reforma salarial antes de poder cargar con impuestos a dicho sector.
Por último, esta reforma de las pensiones se enfrenta al problema de la inmensa brecha que separa las mismas, de las necesidades medias de consumo. Antes del aumento de pensiones del mes pasado, que sitúa el mínimo de las mismas en 242 pesos, la pensión media no superaba los 300 pesos mensuales, según los datos de la ONEI del año 2017. El crecimiento de las mismas solo había sido de un 20% desde 2010, al contrario del salario, que como media y a pesar de las fuertes distorsiones que este dato presenta, había aumentado casi en un 100% en igual periodo de tiempo, fundamentalmente en el sector empresarial y de la salud. Esto nos deja que como media las pensiones se encuentran 800 pesos por debajo de los niveles medios de consumo necesario mensuales, teniendo en cuenta que el país cuenta con cerca de 1.600.000 pensionados, el costo de nivelar dicho consumo sería de cerca de 15.300.000.000 de pesos anuales, lo que representa tres veces los gastos actuales en seguridad social y cerca del 33% de todo el presupuesto del estado. (ONEI, 2017).
Esta es realmente una tarea que ningún gobierno podría llevar adelante en el corto plazo, la reforma del sistema de pensiones es un camino largo y complejo, y en órdenes de prioridades, es tristemente secundario y dependiente de muchas reformas previas en otros sectores de la economía.
Aunque sí existen algunas medidas que si se puede hacer en el corto plazo, y aunque no solucionen el problema, sí impedirían que el mismo se siga haciendo más crónico. Entre ellas está vincular las pensiones al crecimiento anual del índice de precios al consumidor (inflación de los productos finales), este hecho no conllevaría a un aumento real de las pensiones, pero sí eliminaría el efecto que sobre ellas tiene la inflación e impediría que el poder adquisitivo real de las mismas continuara disminuyendo.
(1) De no tomarse medidas serias al respecto, el sector que más sufre la lentitud de las transformaciones en Cuba, quedaría cada vez en peores condiciones, esperemos no llegar al punto en el que dicho desequilibrio sea insalvable.
(2) Tomando aquí el índice de precios al consumidor (IPC), expuesto por la ONEI que sitúa un crecimiento de la inflación sobre un 2.2% anual desde la fecha. Este valor realmente se encuentra infravalorado pues solo recoge el sector de moneda nacional y solo una parte del mercado agropecuario.
– Sandoval, Raúl A. (2012): «La pobreza en Cuba» www.progreso-semana.com.
– Mesa Lago, Carmelo. (2012) Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Cuba.
– ONEI: Anuario Estadístico de Cuba 2017