Algo más de tres años después del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas de gravedad, el juez instructor del caso, Javier Pérez, ha decidido cerrarlo culpando de lo sucedido solamente a dos mecánicos. El titular del juzgado número 11 de Madrid sentará en el banquillo […]
Algo más de tres años después del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas de gravedad, el juez instructor del caso, Javier Pérez, ha decidido cerrarlo culpando de lo sucedido solamente a dos mecánicos. El titular del juzgado número 11 de Madrid sentará en el banquillo a estos dos trabajadores, a los que acusa de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 delitos de lesiones imprudentes. El juez, sin embargo, ha retirado la imputación a los tres directivos de Spanair que había señalado en un auto anterior como posibles «cooperantes necesarios» en la decisión de los técnicos de despachar el avión indebidamente. El jefe de Mantenimiento Jesús Torroba; el jefe de la división de Mantenimiento en Línea, David Torres; y el jefe de la división de Calidad, Alejandro Sauquillo. Altos responsables técnicos de la compañía que operaba el vuelo y cuya imputación se produjo a solicitud de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022.
INDIGNACIÓN DE LAS VÍCTIMAS ANTE EL CARPETAZO
El auto de Javier Pérez provocó una inmediata reacción de indignación de los familiares de las víctimas y los supervivientes del siniestro. La Asociación de Afectados calificó como una «pésima noticia» la decisión del juez de archivar la causa de la manera indicada. Y, en un comunicado emitido este martes 13 de diciembre, señaló que este auto supone «un cambio inexplicable de criterio» por parte del magistrado, ya que centra la responsabilidad del accidente «en los últimos eslabones» de la «cadena de errores humanos y técnicos» que lo hizo posible. Desde la Asociación anunciaron, asimismo, su intención de recurrir la resolución judicial.
LOS MECÁNICOS Y PILOTOS APUNTAN QUE LOS DOS IMPUTADOS SON LAS «CABEZAS DE TURCO»
Por su parte, Crisanto Bermejo, presidente de la Asociación de Técnicos de Mantenimiento (Asetma) rechazó también los criterios del juez instructor, señalando que «nos tememos que hay unos cabezas de turco que tienen que ser las víctimas de esto, además de las 154 que perdieron la vida en el accidente». De parecida manera se pronunció el Colegio de Pilotos (Copac), que calificó como «descorazonador» que el juez acuse a los dos técnicos de mantenimiento del accidente del avión de Spanair, ya que se limita a los responsables últimos del tratamiento de la avería y «no ha querido ir más arriba en la escala de responsabilidades». «Al final van a pagar los dos operarios últimos, pero los que les han puesto en la tesitura de hacer ese tipo de operación han sido la compañía aérea y su autoridad aeronáutica», aseguró el decano del Copac, Luis Lacasa Heydt, apuntando indirectamente hacia los responsables que jamás se sentarán en el banquillo de los acusados.
LAS RESPONSABILIDADES QUE NO CONVIENE AIREAR
Y es que, más allá de las presuntas negligencias que pudieran haberse cometido en el trágico accidente acaecido en Barajas, existen otras responsabilidades denunciadas reiteradamente por los trabajadores del sector aéreo y que silencian la mayoría de los medios de comunicación.
En un comunicado emitido pocos días después de la catástrofe ocurrida en Barajas -y enviado por los trabajadores del Sector Aéreo a Canarias-semanal.com– éstos sostenían, sin ambages, que «el accidente de Spanair es sólo la punta de un iceberg de una situación que se agrava día a día, que se hace insostenible» y de la que hacían «colectiva y directamente responsables tanto a las empresas aéreas, como a AENA, el gobierno español, los Gobiernos Autonómicos y a la Unión Europea». Todos ellos -denunciaban en su escrito- han venido impulsando un modelo neoliberal de transporte aéreo en los últimos 15 años, que calificaban como «inseguro y anacrónico».
Estos trabajadores aportaban también datos concretos sobre la forma en que la aplicación del principio básico que rige este modelo ha afectado a la calidad y la seguridad del servicio. «Con la privatización y liberalización del sector aéreo -afirmaban- en los últimos 15 años han nacido compañías aéreas de todo tipo y pelaje, sin control ninguno por la Administración (AENA) sobre la calidad de sus aviones, infraestructuras, o instalaciones… En las empresas de línea regular -añadían- en las que también priman las reglas neoliberales de la máxima rentabilidad económica en el mínimo tiempo, ocurren igualmente situaciones que vulneran las normativas de seguridad aérea y las normativas laborales».
Especificando aún más acerca de esta degradación del trasporte aéreo, los trabajadores del sector aseguraban que «aunque se nieguen a reconocerlo, todas las empresas han recortado en mantenimiento de aviones por su elevado costo, principalmente en componentes y medios de producción, en detrimento de la calidad del servicio». Así -decían en su escrito- «la mayoría de las compañías aéreas no disponen de servicio de mantenimiento en las diferentes escalas en las que operan, ni tienen contrato de mantenimiento con compañías que puedan tenerlos en dichas escalas; siendo sus propios pilotos quienes se encargan de inspeccionar ocularmente los aviones y si detectan alguna anormalidad tienen que esperar horas e incluso algún día, mientras viene algún técnico de otra escala a solucionar la avería». Según la información aportada por este colectivo de trabajadores la reducción de costes impuesta en los últimos años también ha provocado que «las compañías disminuyan enormemente sus plantillas de técnicos de mantenimiento de aeronaves», así como un empeoramiento de las condiciones laborales de estos operarios que repercute directamente «en la seguridad del servicio».
Con el proceso de privatización de los Aeropuertos españoles aún en marcha, no puede extrañar la sordina impuesta a estas informaciones, escamoteadas sistemáticamente al debate público suscitado por el accidente del vuelo de Spanair que hoy vuelve a reabrirse. Sin embargo, dicha ocultación, así como el intento de limitar las responsabilidades a dos simples mecánicos, no deja de ser -tal y como afirmaba con desesperación Rafael Morillo, padre de una joven de 27 años fallecida en el siniestro-, una intolerable forma de «reírse de las víctimas y los que cogemos aviones todos los días».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.