Al igual que ocurre con los productos de mala calidad, que necesitan cantidades ingentes de publicidad y propaganda para engañar al público y convencerle de sus supuestos beneficios y bondades, las reiteradas afirmaciones de los políticos y los medios de comunicación sobre las excelencias de la Constitución de 1978 intentan, empleando una expresión coloquial, darnos […]
Al igual que ocurre con los productos de mala calidad, que necesitan cantidades ingentes de publicidad y propaganda para engañar al público y convencerle de sus supuestos beneficios y bondades, las reiteradas afirmaciones de los políticos y los medios de comunicación sobre las excelencias de la Constitución de 1978 intentan, empleando una expresión coloquial, darnos «gato por liebre». Cuando se afirma que es la Constitución más democrática de la historia de España, lo que se quiere encubrir son sus elementos antidemocráticos; cuando se defiende que es la Constitución con mayor legitimidad por haberse redactado mediante una fórmula de consenso, se trata de ocultar su ilegitimidad de origen; y cuando se asegura que dentro de esa Constitución caben todas las opciones políticas no violentas, sencillamente se está mintiendo.
En primer lugar, esta Constitución presenta aspectos escandalosamente antidemocráticos. El artículo 8, punto 1, afirma que «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Esto es, simplemente, una aberración jurídica, porque se encomienda a una institución que pagamos todos los ciudadanos unas atribuciones que exclusivamente corresponden al pueblo español. Si los ciudadanos, en ejercicio de la soberanía que nos atribuye el artículo 1, punto 2, quisiéramos cambiar el orden constitucional o, sencillamente, alterar la configuración territorial del país, nos encontraríamos en la imposibilidad jurídica de hacerlo. Es más, el Ejército podría intervenir para impedirlo. ¿Y a esto le llaman democracia?
Pero no es el único déficit democrático. El artículo 16, punto 3, establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Esta declaración de no confesionalidad quedó inmediatamente desvirtuada gracias a la peculiar redacción del artículo. Así, las relaciones de cooperación con la Iglesia se concretaron en la firma en 1979 de unos acuerdos entre la Iglesia y el Estado que han convertido a aquélla en una institución al margen de la Constitución. Además de la financiación a cargo del Estado, la Iglesia tiene privilegios inadmisibles, como contratar y despedir a los profesores de religión, mientras la Administración se hace cargo de sus salarios. La inclusión de la asignatura de religión en la enseñanza primaria y secundaria, aunque tenga carácter voluntario, el ritual católico en los denominados funerales de Estado y la presencia de símbolos religiosos en la toma de posesión de los ministros, por citar algunos ejemplos, convierten al Estado español en prácticamente confesional.
Los españoles, según consta en el artículo 14, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna de nacimiento raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, el artículo 56, punto 3, declara que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. ¿No hay una contradicción flagrante entre ambos artículos? ¿Acaso el rey no es español? Y si lo es, ¿cómo es posible que no le alcance el contenido de la Constitución? Las atribuciones concedidas al monarca, como la jefatura de las Fuerzas Armadas y la sanción de las leyes, le convierten, debido a su inmunidad penal, en fuente potencial de actividades anticonstitucionales que quedarían impunes.
Consideramos también escasamente democráticos la moción de censura y los mecanismos de reforma constitucional , y en cuanto a la afirmación que asegura que es la Constitución más democrática de la historia de España, constituye un ejercicio de cinismo o de inmensa ignorancia. En la larga historia del constitucionalismo español, que se inicia con el Estatuto de Bayona, la Constitución republicana de 1931 ha sido indudablemente la de más hondo contenido democrático. Recordemos, a título de ejemplo, que el texto republicano legalizó el divorcio, concedió el voto a las mujeres, separó la Iglesia y el Estado y estableció la posibilidad de nacionalizar y socializar la propiedad.
En segundo lugar, los republicanos rechazamos que sea ésta una Constitución caracterizada por la legitimidad. Mas aún, consideramos que hay una ilegitimidad originaria. Y lo hacemos con un argumento decisivo: la Constitución establece en España la monarquía impuesta por Franco, sin que haya mediado un referéndum en el que el pueblo español pudiese decidir sobre la forma política del Estado. La Transición, con su política de consensos, pactos y traiciones, escamoteó a los ciudadanos la posibilidad de elegir entre monarquía o república. ¿Puede considerarse legítima una monarquía que es el resultado de la decisión personal de un dictador fascista? ¿Puede considerarse legítima una monarquía que emana de un régimen ilegal e ilegítimo en todas sus actuaciones? ¿Es acreedora de legitimidad una Constitución que acepta una institución emanada directamente del franquismo?
Y en cuanto a los que defienden que la Constitución fue votada mayoritariamente por el pueblo, será preciso recordar una vez más algunas cifras. En el referéndum constitucional los votos favorables llegaron al 58% del censo electoral, mientras que la abstención sumó el 32,9%, los votos en blanco el 2,4% y el «no» alcanzó el 5,3 % del censo electoral. Después de 36 años de fascismo y ayuno constitucional, hubiese sido razonable esperar un mayor entusiasmo. En el País Vasco, el rechazo al texto constitucional fue rotundo: en Guipúzcoa, el voto favorable sólo alcanzó el 27% del censo electoral; el 31,1% en Vizcaya; el 42,3% en Álava y el 50,2% en Navarra. Rechazada en una parte del territorio estatal y no ratificada por el 42,2% del censo electoral, incluso siendo muy generoso habría que concluir que la legitimidad de la Constitución es algo más que cuestionable. Además, fuerzas políticas que defendían una alternativa republicana y se oponían rotundamente a la constitución monárquica, como el PCE (m-l), no habían sido legalizadas y, por tanto, aunque hicieron oír su voz, tuvieron que enfrentarse a una fuerte represión del gobierno de UCD cuyo objetivo, con el apoyo del PSOE y del PCE de Carrillo, era silenciar las voces republicanas.
En tercer lugar, en esta Constitución no caben, como se dice frecuentemente, todas las opciones políticas. En esta Constitución no tiene cabida una reordenación del territorio en un sentido federal, ni tampoco las alternativas políticas que propone el lehendakari Ibarretxe. Esta Constitución es un corsé de hierro que frustra las aspiraciones políticas de las nacionalidades que componen el Estado español e impide la solución de los graves problemas que tiene nuestro país.
Creemos que todo lo referido es suficiente para deslegitimar la Constitución de 1978, pero hay algo aún de mayor gravedad, y es que la Constitución no se cumple. La teórica división de poderes se ha convertido en la práctica en la concentración de poderes en manos del ejecutivo. El poder judicial está mediatizado por el gobierno y las Cortes no son el centro de la vida política. En cuanto a los derechos de los españoles al trabajo y a la vivienda, parece que se redactaron para no cumplirlos.
La Constitución es hoy un simple decorado tras el que se esconde la realidad de un poder crecientemente autoritario, que limita las libertades, prohíbe partidos, cierra medios de comunicación en el País Vasco y organiza macroprocesos judiciales contra el denominado «entorno de ETA», una extraña figura procesal, incompatible con el Estado de derecho, lo suficientemente amplia y ambigua para juzgar a todas las fuerzas políticas que se oponen al sistema político y económico.
Hoy no tenemos democracia en España porque no hay verdadero control sobre el gobierno; ni hay Constitución porque no existe verdadera separación de poderes. Vivimos en un proceso de involución de las libertades civiles extraordinariamente peligroso. Y la salida la actual situación no es, como apuntan algunos tímidamente, la reforma constitucional, sino su superación. Sólo la proclamación de la III República permitirá abordar la solución de los gravísimos problemas políticos, económicos y sociales que tiene nuestro país, así como recuperar la dignidad y soberanía nacional en política exterior, sacudiéndonos la relación vasallática respecto a Estados Unidos. La República devolverá la ilusión a una población desencantada que sólo ve en los políticos a una casta parasitaria que se enriquece con el dinero público, y nos situará en un horizonte de libertad y progreso material en el que nos sentiremos realmente ciudadanos.
Hace diez años se constituyó la Plataforma de Ciudadanos por la República. Un grupo de hombres y mujeres recogió las banderas republicanas que, unos por traición y otros por cansancio, habían arriado. Con enorme esfuerzo y sacrificio iniciaron un proyecto político que hoy ha fructificado. Las banderas republicanas vuelven a llenar las calles y plazas de España y el ideal republicano se extiende entre la juventud. Queda todavía un largo y difícil camino, pero tenemos voluntad y firmeza para recorrerlo. Camaradas, compañeros y amigos de la Plataforma: vamos a seguir luchando para que la III República, expresión de la libertad, la razón y la cultura, sea pronto una realidad en España.