Hacía años que el tiempo histórico no se aceleraba en nuestro país hasta el punto que estamos viendo en estos momentos. No hay duda que las noticias económicas modifican nuestra imagen de la actualidad por horas, si bien repitiendo todas un mismo patrón que refuerza aún más la angustia de millones de trabajadores. Sin embargo, […]
Hacía años que el tiempo histórico no se aceleraba en nuestro país hasta el punto que estamos viendo en estos momentos. No hay duda que las noticias económicas modifican nuestra imagen de la actualidad por horas, si bien repitiendo todas un mismo patrón que refuerza aún más la angustia de millones de trabajadores. Sin embargo, en medio del fragor del desastre económico del capitalismo mundial, van asomando síntomas de que, a nivel interno, se desarrolla otro tipo de conflictos.
En efecto, la crisis económica está agudizando la sensación de inestabilidad y cambio en ámbitos muy diversos, a medida que pone en aprietos a cada vez más miles -millones- de trabajadores. Los ciudadanos van sufriendo en sus carnes las consecuencias de un modelo económico que, diseñado a la medida de unos pocos y a costa del endeudamiento de la inmensa mayoría, se nos quiso «vender» como «capitalismo popular» (1); ven la ineficacia de un Gobierno que llegó al poder envuelto en promesas de democracia y justicia social; y asisten, en fin, a una serie de dimes y diretes que, muy a pesar de sus protagonistas, van introduciendo dudas sobre más de una de las sacrosantas instituciones del régimen monárquico.
Porque no se puede decir que estemos viviendo una «crisis de hegemonía», ni mucho menos, pero sí se está erosionando, de un tiempo a esta parte, la imagen de muchas instancias que hace unos años pretendían aparentar una solidez y credibilidad inquebrantables. Día a día, cualquier trabajador, ciudadano, mínimamente atento puede percibir los síntomas del derrumbamiento de los mitos de la Transición. Y es curioso, antes de nada, observar cómo al mismo tiempo se ha ido soterrando la que en los últimos años había sido la principal brecha en la estabilidad política del régimen: la cuestión de las nacionalidades. Ahora, en cambio, la necesidad de dar una respuesta cohesionada a la crisis económica ha puesto de acuerdo a las clases dominantes de los diferentes territorios, que han ido apagando fuegos hasta concluir con la aprobación de los Presupuestos del Estado. Un ejemplo de esa erosión que mencionábamos lo tenemos en la judicatura: sin duda, la inhibición de Garzón (que, por cierto, estaba «cantada», vistos los términos de su investigación) respecto a las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas, y especialmente las presiones que ha recibido tanto desde la política como desde el propio cuerpo judicial, le habrá rechinado a más de uno: ¿no son los principios de Verdad, Justicia y Reparación asumidos sin discusión internacionalmente, en la resolución de casos similares (Latinoamérica, por ejemplo), pero cuantitativamente mucho menos significativos y, además, más próximos en el tiempo? De hecho, como señala Amnistía Internacional, el Ministerio Público no sólo no impulsa la investigación, sino que la obstaculiza (2).
Es posible que este amargo final fuera el deseado por sus protagonistas para consagrar la impunidad de los crímenes franquistas (3); pero ha dado alas a otras demandas que, incluso, podrían establecer jurídicamente la responsabilidad del Estado en ciertos episodios (4). Más allá de este importante conflicto de intereses, ha habido otros casos en que la magistratura se ha encontrado en el ojo del huracán. Por ejemplo, el examen a los candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Congreso, que el mismo diario «El País» calificó de «enjuague», por el bochornoso compadreo allí exhibido (5). También hay que mencionar, por tener un efecto sobre masas más amplias, la tremenda huelga llevada a cabo hace unos meses en los juzgados. O el televisivo «caso Mari Luz», con el que, como en la huelga, se ha visto a las claras que, incluso al nivel puramente técnico (sin entrar en el carácter de nuestras leyes o en el personal que pulula en la judicatura), el hecho de que la justicia funcione mal (o que, para los trabajadores, simplemente no funcione) es un problema político. Veremos cómo lo resuelven en los próximos meses, cuando la crisis se agrave y la desesperación de muchos ciudadanos no halle más solución que la respuesta policial.
En cuanto a las Cortes, recientemente se publicó un informe acerca de las incompatibilidades que afectan a los diputados, donde se explicaba claramente por qué, una legislatura tras otra, son mayoría las sesiones de vacío casi total en el hemiciclo: sólo 45 de «sus señorías» se dedican en exclusiva a la tarea para la que fueron elegidos y por la que cobran unos emolumentos nada desdeñables (6). Habrá que ver cómo le sientan al trabajador parado, o a cualquier ciudadano en apuros, estas ausencias, en unos momentos en que todos miran con esperanza las diversas oposiciones para puestos públicos y cuando las magras economías se indignan más fácilmente contra todo signo de privilegio.
La misma monarquía ha visto cómo en poco tiempo iba perdiendo su aura de grandeza campechana, hasta el punto de tener que recurrir al secuestro de publicaciones para intentar detener ese deterioro. Ya no es sólo la prensa rosa la que ventila los problemas conyugales de los Borbones: incluso la reina, que ya según Patricia Sverlo es muy proclive a apoyar «las decisiones más militarotas», y seguramente animada por la rápida escalada carpetovetónica de los principales partidos del Congreso, no ha dudado en soltar últimamente toda la bilis reaccionaria que la carcomía contra el aborto, la homosexualidad y todo aquello que no entra en su aristocrática visión del mundo, lo que le ha hecho merecedora de una respuesta social inédita (7).
Además, recientemente se ha conocido un dato que enlaza con lo que comentábamos en el párrafo anterior: el Gobierno ha concedido 3,3 millones más a la Casa Real para emprender cambios en la Zarzuela, de los que 163.000 euros se destinarán a la reforma de la piscina (8). ¿Será por todo esto que no le están dando tanto bombo a la celebración del XXX aniversario de la Constitución del 78 como temíamos? A esta situación política, no crítica pero sí incómoda para la oligarquía, se suman movimientos más directamente relacionados con la crisis económica, pero que ponen en cuestión algunos principios del régimen. Por ejemplo, la previsible compra de una importante participación en Repsol-YPF por la rusa Lukoil ha dado paso a los vocingleros que claman por la conservación de esta empresa estratégica «en manos españolas»; y hemos asistido a una marea patriotera similar a propósito de la participación de R. Zapatero en la cumbre del G-20. Pero, ¿de qué patriotismo hablan estos vendepatrias? ¿Cómo se puede hablar de independencia nacional -como contempla el programa republicano de los Ocho Puntos-, dejando los sectores económicos más importantes en manos privadas, sean de la nacionalidad que sean? ¿Cómo se puede hablar del papel de España en las instituciones internacionales, cuando la desindustrialización de nacionalidades enteras, como Cataluña, se debe precisamente a los dictados de aquéllas? Sin duda, tanto «patriotismo» de cartón piedra responde a las necesidades del bloque de poder para afrontar la crisis, y a buen seguro una de las víctimas de ese desaforado españolismo será la población de origen inmigrante.
Por último, debemos hacer mención especial de los movimientos que, en los últimos meses, están surgiendo de las capas populares en defensa de los servicios públicos. Tanto en Madrid, como en Cataluña y el País Valenciano se están movilizando decenas de miles de personas para hacer frente a la degradación de la sanidad y la educación públicas, sobre todo, a lo que se une la movilización del sector del automóvil en Cataluña. A pesar de las «hipotecas» de ciertos sectores de la izquierda política y sindical en algunos casos, lo cierto es que en todas estas iniciativas se ve no sólo la resistencia a la marginación y privatización de lo público (una típica «solución» de las épocas de crisis, para salvar los muebles al capital); además, se está tomando conciencia de la necesidad de unificar luchas y reforzar los puntos de acuerdo y avance: los trabajadores de una marca con los de otra; los profesores con los padres y alumnos; médicos, enfermeros y usuarios… (9)
Pues bien, ¿qué hacemos los republicanos ante esto? No se nos escapa que todos los problemas que hemos ido apuntando están relacionados, de una manera u otra, con el Programa republicano: democracia, soberanía nacional, independencia respecto al imperialismo, República, memoria histórica, etc. Por tanto, una de nuestras tareas es denunciar y explicar la vinculación de todas esas cuestiones con el régimen político monárquico y su carácter caciquil y especulativo, que es la razón de nuestra demanda de un Estado republicano donde una nueva correlación de fuerzas permita a las clases populares recuperar la iniciativa. Pero no sólo eso: a los republicanos nos cabe intervenir, colaborar, «mojarnos» en todas las luchas populares, para contribuir a unificarlas (y, para ello, contamos con la Coordinadora Municipal Republicana), para señalar su carácter no sectorial, sino político, de manera que los pueblos de España tomen nuevamente conciencia de dónde ha estado su fuerza en todos los momentos clave de nuestra historia: en la unidad que les permita defender y hacer realidad sus legítimas aspiraciones.
Notas:
(1) En 2006, la Plataforma de Ciudadanos por la República editó un detallado documento sobre el problema de la vivienda, cuya relectura es muy clarificadora. En www.ciudadanosporlarepublica.info
(2) Público, 12/11/2008, en www.publico.es
(3) Véase la web de la asociación murciana Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945), en www.galeon.com/murcia1939
(4) Nos referimos a las denuncias realizadas por el papel del Estado franquista en la deportación de republicanos españoles a los campos de exterminio nazis, como el «Convoy de los 927», aprobado por Serrano Súñer.
(5) El País, 12/09/2008, en www.elpais.com
(6), El País, 27/10/2008, en www.elpais.com
(7) P. Sverlo, «Un rey golpe a golpe», p. 155 de la edición en PDF. Público, 30/10/2008, en www.publico.es
(8) El Confidencial, 21/11/2008, en www.elconfidencial.com
(9) Véase las diferentes hojas publicadas por la Plataforma en www.ciudadanosporlarepublica.info