Si tienes 12 pagas al año, perderás un mes de salario si la inflación se mantiene hasta diciembre al ritmo actual. Esto es lo que significa una inflación anual del 8% —la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en mayo en 8,7%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)—. Y si tu convenio colectivo no recoge la cláusula de garantía salarial, el próximo año no recuperarás el poder adquisitivo que pierdas ahora. El profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Mario del Rosal baja a tierra conceptos que pululan en el ambiente como si todas las personas implicadas —cualquiera que perciba un salario, una pensión o una prestación— los entendiéramos, cuando probablemente no lo hacemos.
Porque las calles deberían estar llenas de manifestantes. Contenedores ardiendo, antidisturbios reprimiendo. Pero España no es Francia, país vecino cuyo poder adquisitivo aumenta década tras década. El salario medio ha subido un 12,5% en la Eurozona entre 2000 y 2020, mientras que aquí ha retrocedido un 1,1%, según el informe de marzo del Servicio de Estudios del sindicato UGT. En euros, la comparación con los vecinos del Norte queda así: el salario mínimo interprofesional (SMI) de España llega a los mil, en Francia asciende a 1.603. El salario medio español son 24.394 euros y el francés, 39.971. Con la particularidad de que el salario medio español no es el más frecuente. El más común son 18.490 euros.
El INE solo recoge los datos del IPC desde 2009. Como si con la entrada del euro en 2002 el café no hubiera pasado de cien pesetas a un euro, por aquello del redondeo. Después llegó la crisis económica de 2008, arrasando la economía doméstica de millones de hogares en 2011 y 2012, cuando ya no quedaba ni paro ni ahorros, y los puestos de trabajo a los que se optaba incluían ya las condiciones previstas en las reformas laborales de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Ese café mañanero en el bar de la esquina se convirtió en lujo. Ahora prácticamente es un desayuno para turistas.
Los únicos que han protestado recientemente y con vehemencia en España por la subida del precio de los carburantes han sido empresas de transportistas y camioneros autónomos subcontratados. Las concentraciones convocadas por diversas plataformas por el alza del precio de la luz a duras penas han reunido a unas decenas de personas. El portavoz de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, resume que “tenemos un modelo de sociedad dormido y poco crítico, y eso deriva en que el consumidor traga con todo. Esa es precisamente la clave: el Gobierno y las empresas saben que la gente aguanta lo que le echen”. Paralelamente, “hay perfiles de vida que pueden afrontar las subidas sin problemas, porque tienen ahorros”. Tanto es así que los datos de ahorro de particulares, empresas y administraciones públicas en el País Vasco han alcanzado un techo histórico: las cuentas corrientes en Euskadi guardan 96.160 millones de euros —antes de la pandemia había 92.088 millones depositados—, según los últimos datos del Banco de España. En la crisis económica de 2008 también hubo un pico. Después, una caída del 12%.
Sin magdalenas
Es quien menos tiene quien primero percibe las crisis. María Luisa Venancio forma parte del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia. Participa en las concentraciones de los lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao desde hace cuatro años y cuatro meses. Antes acudía junto con su marido, pero falleció hace un año. Y la pensión de Venancio menguó aún más. “Si me hubiera muerto yo, a mi marido le hubiera quedado el 100%, pero se ve que si él muere, yo tengo que vivir con menos. Me parece injusto”, concluye antes de recordar que el recibo de la contribución es el mismo si vive sola o con su difunto marido.
A Venancio no le gusta decir la cuantía de su pensión, prefiere que quede claro que seguirá manifestándose “todo el tiempo que haga falta” por una pensión mínima de 1.080 euros. Pero a través de su relato queda claro que no llega a fin de mes y que la coyuntura económica ha cambiado su nutrición: “Ahora como menos”, reconoce. “Si antes comía entre dos y tres piezas de fruta al día, ahora como entre una y dos”. Siempre fruta de temporada y la que está de oferta en la frutería. “Compro del tiempo porque me limito a una naranja barata, que me llena más, no porque otras frutas no me apetezcan”, detalla. Espera con ganas que los albaricoques bajen de precio.
Con su cesta recorre el barrio. “Por desgracia, tengo que conocer bien las tiendas: en una compro la fruta, en otra las patatas”. Las verduras las compra congeladas porque salen más baratas. Vainas, col, guisantes. Un euro cunde más.
Sin embargo, cuando hace un par de meses fue a la estantería donde se alojan las magdalenas valencianas se le escapó en voz alta un “¡jopé!”, delante de la reponedora. El 22 de abril, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó un estudio en el que alertaba de que las subidas de precios alcanzaban al 84% de los productos analizados, en especial los aceites, pescados, alimentos envasados y lácteos. Carrefour es el supermercado que más ha encarecido sus productos —un 12,1% de media—, le siguen Mercadona, Eroski, Alcampo y DIA.
Así que allí estaba María Luisa Venancio, con su pensión mínima y la ilusión de comprarle magdalenas a sus nietos, cuando estas pasaron de un día para otro de 1,45 a 2,83 euros. Casi el doble. La guerra en Ucrania —es decir, la ausencia de soberanía alimentaria— trajo aparejada un elevado incremento del aceite y del trigo, que ha repercutido en la cesta de la compra.
Pero la inflación no se acomoda solo en la guerra y el pico del petróleo, sino también en el juego de la especulación, que es más antiguo que la invasión de Vladimir Putin. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quiso relacionarlos y pidió a los hogares españoles en marzo que encendieran menos la calefacción para ahorrar gas y ser menos dependientes de Rusia. Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, directamente calificó de “tontos” a los consumidores con tarifa regulada por el Gobierno. El sueldo anual de Borrell asciende a 315.420 euros; Galán cobró 13,2 millones en 2021.
Venancio reconoce que, efectivamente, este invierno ha encendido menos la calefacción. “Me cojo una manta y me voy al sofá”. En cuanto a la luz, ha optado por capar bombillas: “De la lámpara que tiene cuatro, he desenroscado tres y solo he dejado una”. “Todavía no se sabe cuánto subirán las pensiones, pero todas sabemos que ellos seguirán viviendo muy bien”, augura Venancio. “Hay quien no come, ni se calienta, ni se medica en condiciones porque no llega a fin de mes. Es la supervivencia de la vida”, alerta su compañera Andrea Uña, activista también del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia.
Pensionistas mínimas y asalariadas precarias caminan juntas en el peregrinaje hacia el último día del mes. La organización inglesa The Food Foundation publicó el 8 de mayo un estudio en el que advertía de que, entre enero y abril, el número de hogares que no puede acceder a la totalidad de las comidas ha aumentado un 57%, incluyendo a 2,6 millones de niños que corren un alto riesgo de padecer enfermedades derivadas de la desnutrición y las condiciones del hogar. Un total de 7,3 millones de personas se habían saltado ágapes, e incluso un porcentaje no había comido bocado el día de la encuesta. En total, uno de cada siete hogares británicos se encuentra hoy en situación de inseguridad alimentaria.
“Estamos viendo un número cada vez mayor de personas que nunca antes han necesitado un banco de alimentos y estamos recibiendo más solicitudes de alimentos sin cocinar a medida que las personas se desconectan de sus contadores de luz para administrar su dinero. Esto no es sostenible, y la situación es desesperada”, subrayó al respecto Vic Borrill, director de Brighton & Hove Food Partnership, que agrupa la Red de Alimentos de Emergencia de Londres.
En España, la ONG Banco de Alimentos alertó el 11 de mayo de que prevé un descenso de las donaciones y un aumento de la demanda de un 20%. Los gobiernos —central y autonómicos— no contemplan medidas de urgencia para, por ejemplo, alternativas a menús escolares para los meses de verano, cuando los colegios están cerrados.
El precio de la pizza y el salario del pizzero
Asier Guerrero trabaja en una de las tiendas Telepizza de Zaragoza y es delegado de CGT. En marzo, las pizzas de esta conocida marca aumentaron el precio de 13,95 a 15,95 euros —antes de la pandemia se vendían a 10,95—. El pizzero explica que llevan luchando desde 2019 por una subida de sus salarios acorde al SMI. La empresa pretende absorber el plus de antigüedad en el salario base, con el objetivo de ahorrarse la subida correspondiente del salario mínimo. “Desde CGT Telepizza llevamos años peleando por volver al convenio de hostelería, pero con esta devaluación salarial aún se agravan más nuestras condiciones de trabajo. Las familias obreras arrastramos desde 2010 una pérdida del poder adquisitivo del 10%, a la que se le suma la actual, la cual supone la mayor pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora en veinte años”, indica.
De la anterior crisis económica se tiende a recordar el devastador aumento de la tasa de desempleo, los desahucios y el movimiento del 15M. No se suele mencionar tanto el papel que jugaron las empleadas de las administraciones públicas, las cuales, a pesar de tener la paga garantizada, sufrieron congelaciones salariales, redujeron su consumo y participaron de forma notable en las huelgas generales. Las funcionarias también se hartaron.
El sindicato ELA ha estudiado el poder adquisitivo del personal del Gobierno vasco —aproximadamente, 100.000 empleados públicos de sanidad, educación, administración, Ertzaintza, justicia y sociedades públicas—, extrapolable a las administraciones locales y forales. Entre 2009 y 2021, el IPC de la Comunidad Autónoma Vasca aumentó un 21,1%, mientras que las subidas salariales de este colectivo se sitúan en un 5,6%. La resta de ambas cifras supone una pérdida del 15,4% del poder adquisitivo en doce años. Si esto ocurre entre el funcionariado, ¿cuál será el dato real de personal que trabaja en la economía sumergida, como camareros estacionales? ¿O de colectivos feminizados y precarizados, como las trabajadoras de las residencias y de la limpieza?
Desde el Gabinete de Estudios de este sindicato, el mayoritario en la CAV, Xabi Zabala señala que “llevamos meses con una cesta básica alimentaria que sube de precio sin parar, sintiéndose el incremento del pan, el aceite y la leche en los bolsillos de toda la población, por no hablar de los precios del carburante, la electricidad y el gas, que pagamos el doble o más que hace unos meses. Sin embargo, nuestros ingresos —sueldos, pensiones, prestaciones— ni de lejos han aumentado al mismo ritmo”. La subida de las pensiones ha quedado en el 3,5%; el SMI en el 3,4%; el salario del personal de las administraciones públicas, en un 2%, explica. “Perdemos poder adquisitivo, lo que se traduce en un empobrecimiento de la clase trabajadora, un fenómeno que no se ha producido únicamente durante el último año, sino que lleva ocurriendo desde al menos hace una década”, confirma. “Pero en esta ecuación, no todos pierden”, recuerda, “empresas como Repsol e Iberdrola aumentan sus beneficios, utilizando la inflación como herramienta para aumentar sus ganancias a costa de empobrecer a la clase trabajadora”.
Sin cláusula de garantía salarial
En 2008, ocho millones de asalariados se ubicaban dentro de un convenio colectivo que disponía de cláusula de garantía salarial, la cual permite la revisión anual de los salarios en función del IPC. En 2021, tras las reformas laborales de 2011 y 2012, solo 1,2 millones de trabajadores contaban con dicha cláusula en sus convenios. En trece años, la protección del poder adquisitivo de la clase trabajadora pasó a dar cobertura del 70% de los asalariados a solo el 15,65%, según los datos del Ministerio de Trabajo.
Mari Cruz Vicente es la secretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras. Ella es una de las personas que se sentó a negociar con las patronales el incremento salarial para el próximo año en la negociación colectiva, paso previo a alcanzar un Pacto de Rentas entre Gobierno, sindicatos mayoritarios y patronales. “Bajo ningún concepto CEOE y Cepyme asumieron que hubiera una cláusula de revisión salarial”, asegura. CC OO y UGT dieron por finalizadas las conversaciones el 5 de mayo. La estrategia de CC OO pasa ahora por movilizar a sus afiliados en los centros de trabajo y aumentar la conflictividad laboral. “Esperamos conseguir en las empresas lo que no hemos conseguido en la negociación colectiva”, aspira Vicente.
“Cada mes que un convenio queda sin renovarse, es un mes en que los trabajadores se empobrecen”, apunta Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA. “Vivimos una primavera caliente, llamar a la huelga hoy está siendo mucho más sencillo que antes de la pandemia”, asegura. “Es verdad que la movilización social no está siendo fácil, y que el factor político es determinante, con unos Gobiernos y partidos que dan por buenas medidas que empobrecen a la gente e inflan los beneficios de las grandes empresas. Pero en los centros de trabajo encontramos otra respuesta, lo vemos cada día”, señala sobre todos los conflictos abiertos, que no son pocos al norte del Ebro —el metal de Araba, limpieza, comercio y metal de Bizkaia, hoteles y papel de Gipuzkoa—. Quizá bajen al sur y el otoño sea caliente en todas partes.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/inflacion/salarios-menguan-cesta-compra-encoge-calles-no-arden