El pasado domingo RTVE emitió el documental «Los senderos de la nostalgia» del programa Crónicas, dedicado a los moriscos que viven en Marruecos. Rastreando en la memoria de los descendientes de los musulmanes granadinos, se rememoran y reconstruyen los cuatrocientos años desde la dramática salida de esta población hasta la actualidad. Intelectuales y asociaciones españolas […]
El pasado domingo RTVE emitió el documental «Los senderos de la nostalgia» del programa Crónicas, dedicado a los moriscos que viven en Marruecos. Rastreando en la memoria de los descendientes de los musulmanes granadinos, se rememoran y reconstruyen los cuatrocientos años desde la dramática salida de esta población hasta la actualidad. Intelectuales y asociaciones españolas y marroquíes reclaman al gobierno español y al Jefe del Estado, el rey Juan Carlos de Borbón, una reparación moral por las vejaciones y los agravios sufridos. Piden el derecho a la nacionalidad preferente, en el mismo plano de igualdad y disfrute de los descendientes de sefardíes o los ciudadanos guineanos.
«Los senderos de la nostalgia» recoge las costumbres alpujarreñas paseando por las calles de Tetuán y Chauen, la música andalusí, el olor de la hierbabuena y la estrecha luz blanquecina de las callejuelas. Acostumbrados al tratamiento dado por los medios de comunicación de masas a las culturas «otras» no occidentales en el marco ideológico-racista del «choque de civilizaciones», máxime si se refieren al mundo árabe, este documental resulta una producción digna y reveladora de lo evidente cuando hablamos de culturas: sus múltiples influencias en la construcción de referentes identitarios en espacios y tiempos compartidos.
Pero como viene siendo habitual en la reconstrucción mediática de nuestra historia, los aspectos más escabrosos se ocultan, interponiéndose el velo de la desmemoria entre nuestros ojos y la pantalla de la televisión. Sobre las consecuencias de nuestra acción colonial en el norte de África no se dice nunca apenas nada. La historia oficial sigue negando que hiciéramos mercenarios de algunas cabilas rifeñas vilmente usadas para aplastar la Revolución de Asturias en 1934, que los «moros» que trajo Franco en 1936 fueron groseramente engañados con la promesa de negociar la independencia del Rif; ¿combatimos en Ifni? ¿Qué pasó con la Guinea Española? Y el Sahara Occidental, ¿no llegó a ser provincia española representada en las Cortes franquistas? ¿Por qué está en manos de Marruecos? ¿Qué nacionalidad tienen los saharauis?
La Constitución española, que supuestamente consagra la justicia, la libertad y la seguridad, protege a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los Derechos Humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; esa Constitución no nos está garantizando una convivencia democrática conforme a un orden económico social justo. No señor. ¿Por qué? Pues porque ese orden económico ha sido puesto a la venta en el mercado político mundial, donde se sigue la moda del consumo de relaciones bilaterales clinex: usar, tirar y olvidar. Nuestros mercaderes nacionales de nacionalidades se llaman José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos de Borbón.
Si ningún español de origen puede ser privado de nacionalidad, ¿por qué mediante la firma de tratados comerciales entre España y Marruecos a los saharauis se les priva de la suya? ¿Por qué los intereses económicos y geo-estratégicos instan a los saharauis a la adopción de la nacionalidad marroquí?
Me dirijo desde aquí a la ciudadanía española, y especialmente al ciudadano D. José Luis Rodríguez Zapatero, por el derecho que me asiste a denunciar públicamente el flagrante incumplimiento de la Constitución de todos los españoles por parte del Presidente del Estado español.
Entiendo que a estas alturas de vida de nuestra Monarquía parlamentaria, le resulte complicado y bochornoso admitir que sin la descolonización completa del Sahara Occidental por parte de España los saharauis, por vacío legal, pereza e incultura histórica, puedan naturalizarse españoles, como los sefadíes, guineanos o moriscos. Pero no es el caso ni el deseo político del pueblo saharaui. Ellos son republicanos. No se preocupe por eso. Preocúpese por sus declaraciones públicas. Usted sabe que el Sahara Occidental es un territorio No Autónomo, es decir, impedido de ser un Estado independiente porque fue entregado ilegalmente por España a otros Estados, y uno, Marruecos, lo ocupa militarmente desde 1975.
Es por ello que usted está obligado, -en nombre de todos los ciudadanos españoles- no sólo a colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas de entre todos los pueblos de la Tierra, por supuesto, le obliga el mandato constitucional jurado, sino a supeditar los intereses del capital privado al cumplimiento del Derecho que asiste a las personas que han sido objeto de nuestra colonización y privadas arbitrariamente de nacionalidad, consistiendo que sean sólo detenidos, presos, desterrados o refugiados en tierra ajena. Sea usted justo y valiente. ¿O es que sólo es posible ir en contra de la guerra y su violencia si se premia este acto simbólico con la Presidencia de la Nación?
Por ser persona con derecho a la nacionalidad española no le permito, como española empeñada en promover el progreso de la cultura y de la economía, que use el dinero de todos en:
Primero, difundir a través de un medio público, como es la página electrónica de la Presidencia del Gobierno, aseveraciones que conculcan la legalidad internacional.
Textualmente:
«tiene que haber un acuerdo razonable entre las partes, auspiciado por Naciones Unidas», en el que España va a ser siempre «colaborador activo». Añadiéndose después que: «España va a tener al respecto una posición constructiva para que en el futuro pueda haber un acuerdo final sobre la raíz del problema. Sostuvo que la experiencia autonómica de España es una buena experiencia en este sentido1«.
¿Cómo es eso de que mi país sea sólo «colaborador activo» para alcanzar un acuerdo razonable? No, no invierta los términos. No engañe más a los saharauis, no nos confunda. España está obligada, así se reconoce en el Título Primero de los derechos y deberes fundamentales de nuestra Constitución, a que las normas relativas a derechos fundamentales y a las libertades se interpreten conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
Si usted sostiene que «la experiencia autonómica» es exportable (como si de carros de combate se tratara) a la situación actual del Sahara Occidental, de facto y unilateralmente, por parte suya y de su Gobierno, están contraviniendo la Resolución 1514 de la A. G. de las NN.UU y las resoluciones 658, 690 y 1495 del Consejo de Seguridad.
Hágalo, pero no en mi nombre y seguramente en el nombre de una gran mayoría de ciudadanos de este país. Por cierto, ¿está usted verdaderamente convencido de que nuestra experiencia autonómica es buena para todos los españoles? Finalmente, le supongo a Usted conocedor de los hechos que acaecen en el Reino de Marruecos, relativos al incumplimiento sistemático de los Derechos Humanos, torturas, vejaciones y agravios que sufren los saharauis en los territorios ocupados ilegalmente por este país.
Segundo, el «Memorando de entendimiento del Programa de Cooperación Financiera entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Reino de España y el Ministerio de Finanzas del Reino de Marruecos», Firmado en Madrid el 16 de diciembre 20082, pone a disposición de este último 520 millones de euros, 500 en forma de créditos concesionales para proyectos públicos a realizar en Marruecos por empresas españolas y 20 en concepto de donaciones para financiar proyectos de viabilidad y asistencia técnica. El 45% de los bienes y servicios exportados podrán usarse para la financiación de gastos, bienes y servicios de terceros países; el gasto local no podrá exceder del 30% Los sectores diana son los energéticos (especialmente renovables), medio ambiente, infraestructuras, telecomunicaciones y transporte.
En ningún lado del Memorando de Cooperación financiera se contemplan aspectos fundamentales que sujeten la cooperación financiera para que no devenga en subordinación económica al País dador o su uso final para la práctica del terrorismo de Estado. En los acuerdos económicos entre estados democráticos y soberanos sería normal que estas cuestiones se explicitaran. Hay países que incluso en nombre de su seguridad nacional van mucho más allá imponiendo condiciones democratizadoras, bloqueos económicos, y hasta contribuyendo al cambio de unos gobiernos por otros.
En el Memorando no aparecen, por ejemplo, cláusulas restrictivas de impacto ambiental, proyectos facilitadores de desarrollo endógeno local, acaso el establecimiento de prioridades en cuanto a zonas con poblaciones más necesitadas, y sobre todo, porque así lo exige la legalidad internacional, el modo y la manera en que nuestras empresas operen en los territorios saharauis ocupados, en tanto España siga siendo la potencia administradora del Sahara Occidental. Los acuerdos y negocios hechos con los bienes de este territorio, que no son propiedad del Reino de Marruecos, sino propiedad colectiva de los saharauis, son negocios colonialistas, violentos y sucios.
¿Tendrán que esperar los saharauis, como los moriscos, cuatrocientos años para que gubernativamente se promuevan «en mayor grado las relaciones cercanas y amistosas existentes entre ambos países3«? Menos mal que los saharauis constatan día a día que una gran parte de los pueblos de España está dispuesta a la cooperación solidaria con el Sahara Occidental y a apoyar su lucha para seguir caminando, porque si de nuestros gobiernos dependiera estaríamos todos aún más enfangados en los senderos de la desvergüenza.
Beatriz Martínez Ramírez es miembro del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid