El Colectivo Prometeo, que tiene como objetivo fundamental el trabajo por el desarrollo de la democracia y los valores ciudadanos, ante las distintas reacciones leídas y oídas en estos días acerca del acuerdo de la Junta de personal Docente de la provincia de Córdoba de demandar a la Delegación que cumpla con su obligación constitucional […]
El Colectivo Prometeo, que tiene como objetivo fundamental el trabajo por el desarrollo de la democracia y los valores ciudadanos, ante las distintas reacciones leídas y oídas en estos días acerca del acuerdo de la Junta de personal Docente de la provincia de Córdoba de demandar a la Delegación que cumpla con su obligación constitucional de retirar los símbolos religiosos de los centros escolares públicos, queremos manifestar:
– Nuestro asombro porque la junta de personal docente tenga que decirle a los responsables de la administración que cumplan con lo que es su obligación «de oficio». Esto demuestra que hay una dejación de funciones manifiesta y consentida de la administración educativa ante el incumplimiento de normas constitucionales.
– Nuestra incredulidad primero y estupor después al leer las declaraciones de la Sra Delegada de Educación manifestando que por «principios democráticos» dejaría a los Consejos Escolares la capacidad de decidir. Es decir que la democracia consiste en que la mayoría de cada centro decida si se cumple o no con la ley. Por el mismo método «democrático» podrían decidir también los consejos escolares si se respetan los derechos del alumnado, si se imparte el horario escolar establecido, si se cumple el currículum oficial,etc.
– Nuestra preocupación por el involucionismo fundamentalista e integrista que se percibe en muchas de las reacciones provenientes de los sectores más intransigentes de la Iglesia Católica ; y el temor cómplice de sectores y colectivos representantes de la sociedad civil, como la Federación de asociaciones de Padres y Madres, determinados sindicatos, etc. La actitud y el propio lenguaje de confrontación exacervados en cuestiones como éstas, ampliamente asumidas desde hace tiempo por la sociedad en general, nos hace pensar en una vuelta a escenarios preconstitucionales y hasta preconciliares. Y conecta con las mismas actitudes intransigentes e involucionistas en otros ámbitos de política nacional e internacional, encajando en la oleada mundial de fundamentalismos religiosos, que tanto criticamos y decimos combatir «en otros lugares».
– Nuestra indignación ante la constatación de que todavía en el siglo XXI y en sociedades supuestamente desarrolladas se permitan ataques continuados a la libertad de religión como es la imposición de determinados símbolos a toda la ciudadanía que comparte espacios públicos. Esto es mucho más grave si se produce en espacios educativos, donde se debe formar en el respeto y en la interculturalidad, y sobre los niños y niñas, indefensos por su edad y en periodo de formación.
– Nuestra exigencia, como ciudadanos y ciudadanas, a la administración educativa de que cumpla y haga cumplir la ley, haciendo retirar todo signo religioso de los centros públicos y sancionando en su caso el no cumplimiento de esta norma.