La izquierda en el poder impone su criterio con la connivencia de la cúpula de CCOO y UGT y la satisfacción del PP, la patronal y los promotores del urbanismo.
Revisado por Caty R.
Después de haber leído las 14 páginas de la sentencia, tengo la impresión de haber asistido, el pasado día 30, a la celebración de otro juicio, de haberme confundido de sala y de juzgado. El juicio se podría haber celebrado sin abogado defensor y sin los testigos que presentó la defensa. El juez no ha tenido en cuenta ninguna de las argumentaciones del abogado de la defensa ni los testimonios de los testigos, nada sospechosos ni relacionados con los trabajadores del astillero. Por otra parte, los dos testigos más importantes de la defensa fueron rechazados lo mismo que la proyección del vídeo de la policía, presentado como prueba por el Ministerio Fiscal, en el que se basa buena parte de la sentencia, impidiendo así cualquier argumentación en contra. Ni una sola de las gravísimas contradicciones, imprecisiones (o mentiras) de los seis policías testigos de la acusación se mencionan en la sentencia. Lo mismo cabe decir de la insistencia en cambiar petardos o voladores por explosivos e insistir una y otra vez en la voladura del cajetín, cuando una inspección visual, incluso de cualquier lego en la materia, podría determinar que el cajetín no tenía restos de fogonazos o de haber sido volado con algún explosivo y además los Tedax confirmaron que sólo se utilizaron petardos o voladores. Los Tedax, en el segundo apartado de los fundamentos jurídicos, punto 4º página 10, dicen que: «Debido a que los artificios estaban consumidos, se hace imposible el análisis cuantitativo de la carga.» Pues bien, a pesar de esto, continúan en el punto 5º con apreciaciones hipotéticas como: «Que debido a su gran poder deflagrante, estos artificios son susceptibles de provocar graves daños en las cosas y también lesiones en las personas.»
La sentencia, que es responsabilidad del magistrado juez, se filtró a un diario local unos días antes de ponerla en conocimiento de los acusados, Carnero y Morala, citados en el juzgado para recogerla el 19 de febrero, irregularidad que presumiblemente será denunciada formalmente en el juzgado, lo mismo que la forma irregular en que los seis policías, en el juicio, iban y venían de una sala interior donde se encontraban los otros policías después de prestar testimonio. Texto de la sentencia [1].
Secuencia del proceso y sus circunstancias.
El 10 de marzo de 2005 Naval Gijón construía su único barco en cartera en Ucrania mientras que el 90% de los 600 trabajadores del astillero llevaban un año en el paro y todavía seguirían en esa situación siete meses más por no tener carga de trabajo. La dirección del astillero había recibido una subvención de 300 millones de euros de los fondos europeos, estatales, autonómicos y municipales para cursos de formación que impartirían CCOO y UGT y para deudas, inversiones y las prejubilaciones forzosas que vendrían unos meses después. El control, destino y las cuentas de tanto dinero no están nada claras a pesar de ser dinero público; tampoco hay responsables, parece que no hay nadie obligado a dar cuenta de nada, incluso aunque el astillero tenga ahora una deuda de 120 millones de euros. A cada trabajador le habrían tocado 500.000 euros, al menos indirectamente, pero todo se resolvió de mala manera: ahora parece que los trabajadores son los únicos responsables cuando resulta que fueron al paro, a la prejubilación forzosa y ahora a la cárcel, pero nadie más.
Ese día (el 10 de marzo de 2005) como tantos otros, ante una situación sin salida laboral, se movilizaron en las proximidades del astillero rompiendo el cajetín de la cámara de tráfico adosado a la columna y destinado, no tanto al tráfico como a vigilar las movilizaciones e incluso la parte del interior del astillero.
Al día siguiente, 11 de marzo, el funcionario municipal con carné nº. 2.204, presenta una denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía diciendo que comparece en nombre del ayuntamiento de Gijón y entrega dos informes: uno del jefe de Tráfico y otro de la Policía Municipal sobre las movilizaciones de los trabajadores del día anterior. Los tres funcionarios del ayuntamiento están a las órdenes directas de la corporación municipal, regida por los concejales de la coalición del PSOE e IU. De esta forma y en ese momento nace la denuncia municipal presentada por el ayuntamiento de izquierdas, es decir, todos y cada uno de los concejales de la corporación gobernante PSOE e IU son los denunciantes y son los que la han mantenido. De esta denuncia se deriva la sentencia con la condena a tres años de cárcel, 5.625 euros de indemnización al denunciante -el ayuntamiento que no ha renunciado-, una multa de seis euros diarios a cada uno durante un año para las arcas del Estado y las costas del juicio.
La denuncia del ayuntamiento acaba en el juzgado, como es lógico y previsible, y le corresponde al nº. 1 llevar las diligencias previas 914/2005. El 13 de enero de 2006, de nuevo un representante legal del ayuntamiento de Gijón, M.A. Fernández Pola con domicilio en el propio ayuntamiento -de donde parte la denuncia- comparece ante el secretario judicial y presta juramento o promesa ratificando el contenido de la denuncia y se muestra parte y reclama en representación del ayuntamiento. El secretario judicial le informa de que el ayuntamiento como «perjudicado» tiene derecho a reclamar la indemnización y aunque no se persone (nombra abogado y procurador) el Ministerio Fiscal, de oficio, ejecutará las acciones penales y reclamará los daños materiales y morales para el ayuntamiento de Gijón, como así ha sucedido.
Si ya es muy grave la criminalización de las movilizaciones laborales, más lo es que provengan de un partido que se proclama «socialista y obrero» y de otro que se autodenomina la «izquierda plural», Izquierda Unida, que además de mentir ambos una y otra vez, también dicen a dúo que no son la acusación. Pero todavía es más grave la connivencia que CCOO y UGT han mantenido con estos dos partidos quedando todos en evidencia con su clamorosa ausencia en la manifestación multitudinaria del 22 de noviembre convocada por la Plataforma de más de 30 organizaciones contra ésta y otras tropelías [2].
Por si todavía fuera poco, en la mesa redonda celebrada el jueves 15 de febrero sobre «el futuro del urbanismo en Gijón», organizada por el Club La Nueva España y la Sociedad Cultural Gijonesa, el tercer teniente de alcalde y portavoz de IU en el ayuntamiento, Jesús Montes Estrada, durante el coloquio con los asistentes, respondiendo a preguntas relacionadas sobre el uso y destino de los astilleros y su traslado respondió, fuera del contexto de las preguntas, que los que intentan vincular a la izquierda plural (se refería a la formada por el PSOE e IU y al pacto de gobierno que mantienen) con el procesamiento de «ésos» (se refiere despectivamente a Carnero y a Morala) «son unos auténticos hijos de puta» y lo repitió. El Sr. Montes, además de mentir insulta, son sus argumentos de peso a falta de otros mejores, seguramente son las prerrogativas exclusivas del poder, del cargo y del grado de compromiso democrático de IU, exceptuando a la agrupación de Oviedo que sí apoya activa e incondicionalmente ésta y otras movilizaciones.
En el mes de octubre Gaspar Llamazares dirige una lastimosa carta [3] al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sin entender que no se pide perdón porque los trabajadores se declaran inocentes. Y ahora siguiendo su ejemplo, Francisco Javier García Valledor de IU, consejero de Justicia del gobierno, cita el pasado martes 13 en su despacho a Carnero y le manifiesta su asombro cuando se «entera» de que es el gobierno municipal, que incluye a su partido IU, el único denunciante en este juicio. La prensa recoge la noticia de que el consejero ha dirigido una carta, lastimosa a todas luces, al delegado del Gobierno, Antonio Trevín, con la única preocupación de que investigue, si lo considera oportuno, las andanzas del policía infiltrado en las movilizaciones antiglobalización de Barcelona en 2001 denunciado en el juzgado por Carnero y Morala por la comisión de nueve delitos y por haber mentido en su declaración en el juicio [4].
En su carta, el consejero de IU también le transmite la preocupación de Jesús Montes -el que justo el día anterior dijo lo de «auténticos hijos de puta»- y de todo el grupo de IU. Lo mismo cabe decir de la actuación en la sombra del coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias que rehusó ponerse al teléfono ante las llamadas de Morala, secretario general de la Corriente Sindical de Izquierda, CSI.
Pero nada es gratuito, el astillero forma parte de los 300.000 metros cuadrados de la Bahía predestinados a lujosos pisos con vistas al mar. El Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, que sigue arrasando Gijón está liderado por el PSOE e IU. Pero coincide que estos trabajadores han sido y son el principal obstáculo para que toda la Bahía todavía no esté «urbanizada». IU es propietaria de Progea que engloba a un grupo de unas 70 empresas constructoras entre las que se encuentra Proseín, la empresa que ha construido los «Edificios Barco» precisamente al lado y encima del astillero.
A las irregularidades del juicio ya descritas [5] ahora tenemos que añadir las de esta sentencia empecinada en seguir el camino de la tergiversación. Los Tedax, la policía especializada en explosivos, han asegurado que se trataba de petardos o voladores y no de explosivos. En segundo lugar la sentencia afirma -inventa- que el cajetín fue reventado con explosivos contradiciendo a los Tedax, con lo fácil que hubiera sido acreditar si el cajetín tenía o no señales de petardos o de explosivos, pero no, una vez más retrocedemos a los tiempos de Galileo, a elucubrar en lugar de verificar la realidad, y de esta forma, con la misma catadura moral se dicta la sentencia.
Seis policías hacen identificaciones contradictorias y divagan (o mienten). Mienten porque afirman lo contrario del anterior. Unos no pueden asegurar una cosa y otros la contraria, no se puede estar en un sitio y al mismo tiempo en otros. En esto se basa la acusación contra Carnero aparte de otras incongruencias y de ignorar el testimonio de testigos tan cualificados como el propio jefe de taller y dos periodistas y el rechazo de otros dos testigos fundamentales de la defensa que la sala tuvo a bien no admitir para que testificaran: un directivo del astillero que declaraba que estuvo con Carnero durante la movilización y nada menos que el jefe de la Brigada de Información de la Policía que elaboró el informe sobre las movilizaciones que él mismo envió horas después, a las siete de la tarde, a todos los medios y en el que no figuraba Canero en los hechos que después le imputan. A Morala, la fiscal en ningún momento le acusa de nada, divaga, sólo que estaba en la concentración con la cara descubierta.
La fiscal aporta como prueba el video de la policía, pero por dos veces el juez Rubio Mayo niega a la defensa su visionado quedando así a merced de la acusación y, sin embargo, ahora se utiliza en la sentencia para condenar a Carnero y Morala. ¿Cómo rebatir entonces, en el juicio, los argumentos de la acusación sin poder visionar el video? ¿Cómo es que el Ministerio Fiscal actúa en todo momento sólo como acusación y como parte del ayuntamiento y de su denuncia marginando a los acusados? ¿Es que los acusados han dejado de tener derechos y se les supone culpables por la propia fiscal en el juicio? ¿Cómo es que el Ministerio Fiscal acepta y permite las divergencias y contradicciones -o las mentiras- de sus propios testigos, todos ellos policías? ¿Cómo es que el juez y el Ministerio Fiscal permiten que los seis policías entren y salgan de la misma sala reservada, después de prestar testimonio, cuando está prohibido que se comuniquen? Las identificaciones, a decenas de metros y en medio del barullo, se han considerado inequívocas, pero uno de los policías no puede reconocer nada en una foto que la fiscal le muestra porque no lleva gafas, otros dos policías se contradicen identificando a Carnero en lugares distintos al mismo tiempo, un cuarto recoge mechas o restos de los petardos, el que hace la grabación llega tarde y no se entera ni puede explicar qué sucedió y a los dos Tedax la fiscal les marea con preguntas sobre hipótesis, no sobre hechos.
A la salida del juicio, en medio de la tensión y al otro lado del cordón policial que «protegía» el edificio de los juzgados, me preguntan ¿Cómo ha sido, qué ha pasado? Esto ha sido un auténtico linchamiento. Es el mejor y único resumen de dos horas de tensión, no hay otro.
Los trabajadores, lo somos casi todos, tienen que aceptar de la Constitución, no el derecho al trabajo sino al paro, pues en caso contrario a la cárcel, la democracia no puede permitir discrepancias, pero se olvida de que con juicios como éste, con Carnero y Morala en la cárcel, ningún inocente estará a salvo, sólo los depredadores, de momento.
Notas:
[1] Texto completo de la sentencia.(234 kb.pdf)
[2] Por las Libertades, contra la Represión y la acusación contra Cándido y Morala que el ayuntamiento se niega a retirar
Quince mil personas se manifiestan en Gijón contra la «democracia» (25-11-2006)
[3] La especulación inmobiliaria recalifica zonas industriales, criminaliza a los movimientos sindicales y es un desastre social, pero es lo más rentable
Carta abierta al Sr. Llamazares con copia al Sr. Conde-Pumpido (12-12-2006)
[4] La lucha de los sindicalistas asturianos de la CSI por el puesto de trabajo y la dignidad
Carnero y Morala denuncian a un policía que prestó declaración como testigo de la acusación (07-02-2007)
[5] Linchamiento a Carnero y Morala, dos trabajadores de los astilleros
Primer juicio sobre urbanismo en Gijón (04-02-2007)
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– Linchamiento a Carnero y Morala, dos trabajadores de los astilleros
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