El llamado «Pacto Social» se aprobó sin una explicación en la base. Ni mucho menos se votó el acuerdo ante los delegados, afiliados, o activistas en general, que habían organizado la huelga general y que estaban en primera línea preparando las posibles respuestas a nuevas agresiones contra los trabajadores. Todavía el 18 de diciembre se […]
El llamado «Pacto Social» se aprobó sin una explicación en la base. Ni mucho menos se votó el acuerdo ante los delegados, afiliados, o activistas en general, que habían organizado la huelga general y que estaban en primera línea preparando las posibles respuestas a nuevas agresiones contra los trabajadores. Todavía el 18 de diciembre se anunciaba una huelga general si no cambiaba la pretensión del Gobierno de reducir el gasto social a costa de los trabajadores.
La explicación, las asambleas, han venido después, y no han abarcado a la totalidad del sindicato. La explicación que se nos ha dado es realmente contradictoria. Se califica el pacto de «equilibrado y coherente», que «preserva el carácter público» de las pensiones y su reparto solidario, evita «un recorte injustificado» de derechos, y «garantiza la viabilidad futura de las pensiones». Se explica que el «contexto» en que se ha desarrollado es el de un «entorno de crisis económica», se habla acerca de la «necesidad» de recorte del déficit público, de la desconfianza de los mercados internacionales sobre la deuda española. Se explica que la capacidad de negociación y presión de CCOO y UGT han forzado el acuerdo y que esto ha permitido recuperar el dialogo social. En privado, y en asambleas de afiliados, hemos oído también otros argumentos: «el Gobierno iba a imponer un decreto más lesivo aún y hemos conseguido matizarlo», «estaban en peligro las pensiones»… Sin embargo, como contestación a esto, la propia revista de CCOO de Catalunya, LLuita Obrera, de enero/febrero de 2011, tiene una entrevista a Juan Fernández Cordón, demógrafo y doctor en ciencias económicas, en la que claramente explica:
«El aumento de la esperanza de vida no puede justificar en ningún caso el aumento del periodo de trabajo (…) Las reformas de las pensiones que se plantean tienen como objetivo reducir el importe de las pensiones que se pagarán en un futuro, al final el objetivo es que los pensionistas cobren menos. (…) En aquel momento [1995] había gente ligada a la banca que decía exactamente lo mismo que ahora, que el sistema colapsaría».
¿De verdad se apuntalan las pensiones con este acuerdo? Al final han conseguido los sectores ligados a la banca su objetivo, perseguido desde hace años, de rebajar la cuantía de las pensiones.
IU, en un informe amplio y riguroso, tomando como base nueve carreras diferentes de cotización, ha cuantificado la pérdida media de poder adquisitivo en un 10%. La realidad es que en un informe del propio sindicato se aseguraba que la fortaleza del sistema de pensiones era evidente al disponer de un fondo de reserva equivalente al 6% del PIB (actualmente son 65.000 millones). Recordemos que sí ha habido sistemas de pensiones que han colapsado: los ligados a los fondos privados de pensiones que, ahora, implícitamente se pretende fomentar con este pacto. Esa es la triste realidad para miles de trabajadores en los EE.UU. Como reconoce todo el mundo, el problema no son las pensiones: es la enorme deuda que tienen los bancos y cajas. El «ahorro» (es decir, el dinero que dejarán de percibir los trabajadores al jubilarse) es el chocolate del loro comparado con el dinero necesario para el rescate de la banca. En todo caso, la reforma solo tendrá efectos plenos dentro de 15 años y no se empezará a aplicar hasta el 2013. Los especuladores, los Botín de turno, los mercados internacionales, volverán a exigir nuevos sacrificios, como ha ocurrido en Irlanda o en Portugal.
¿Evitará futuros ataques? Mesas de negociación
La dirección del sindicato explica que hemos forzado un cambio de rumbo del Gobierno, obligándole a no legislar al margen de acuerdo con los agentes sociales. Y esto se atribuye a la estrategia de movilización sostenida desde la huelga general del 29-S. Realmente, en ninguna asamblea de convocatoria de la huelga general se pedía el apoyo a los sindicatos para que negociara la ampliación de la edad de jubilación. El eslogan era claro: a los 67 ni de coña. Se hablaba de líneas rojas. Todo el apoyo a los sindicatos era para evitar precisamente la reforma laboral y lo que se intuía venía a continuación: el aumento de la edad de jubilación.
Los trabajadores, y la ciudadanía en general, se muestran muy críticos con el acuerdo alcanzado. Ahí está la última encuesta del CIS para avalarlo: ocho de cada diez encuestados rechazan aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Además, casi 5 de cada 10 cree que la reforma pactada no resuelve el problema de las pensiones.
Ahora hay nuevas agresiones sobre la mesa
En la función pública, se ha abierto una mesa de negociación. Pero recordemos que ya hubo un pacto, que el Gobierno tardó unos meses en romper bajando los salarios de funcionarios. Para un nuevo pacto, sería exigible respetar el ya firmado. Ahora además, y como secuela de la reforma laboral, se está hablando de la posibilidad de sustituir la bolsa de interinos (importante sobre todo en sanidad y educación) por ETTS, o de la posibilidad de despido de funcionarios en algunos ayuntamientos alegando la deuda de estos. Sobre esto, creemos sinceramente que no hay nada que negociar. Sí hay que ir informando en todos los centros de trabajo de lo que supondría para la administración, especialmente para la educación y sanidad, y preparar movilizaciones ya. En las políticas activas de empleo ¡Vaya eufemismo!, se considerará un itinerario personalizado para cada parado que puede incluir… ¡El autoempleo! Seguir este itinerario será condición para acceder a las prestaciones de 400 euros. En cuanto a la negociación colectiva, se ha propuesto ligar salarios a productividad, no al IPC. También se han propuesto varias medidas que supondrían la práctica inoperancia de los convenios, como eliminar la ultraactividad, cláusulas de descuelgue, etc. Se ha propuesto, y los negociadores de CCOO no han aceptado, la resolución de conflictos obligatoria, es decir, la sustitución de huelgas por la mediación obligatoria.
En cuanto a otros retrocesos, fuera del ámbito del acuerdo, podemos incluir el anuncio de recortes en sanidad y educación, especialmente en Catalunya donde CiU ha anunciado que va a reducir el gasto en 1.000 millones de euros.
El presidente de Murcia, del PP, también habló de introducir el copago en sanidad (realmente deberíamos hablar de «repago»), aunque su propio partido le tuvo que rectificar (estamos muy cerca de las elecciones). Los dirigentes del PSOE hablaron sobre los intentos del PP de atacar la sanidad pública. Pero hay que recordarles que el primero que habló sobre el copago sanitario fue el secretario de estado de Hacienda del Gobierno central, Campa. Como ejemplo de los problemas sociales existentes, solo en Catalunya son necesarias 220.000 plazas escolares más en los próximos 10 años. Pero el nuevo Gobierno de CiU nos anuncia recortes de varios profesores por instituto, la no sustitución de bajas, el recorte de hasta el 25% de presupuesto de los institutos… En las asambleas de delegados se nos ha explicado el estado de las negociaciones, que estamos en un periodo de acumulación de fuerzas. Cabe preguntarse si para esta necesaria acumulación de fuerzas, para hacer frente a todos estos retrocesos, para que CCOO sea una organización de defensa de los trabajadores, esta estrategia sindical es útil. Creemos que no. Creemos que el pacto ha desmovilizado a muchos de los que lo hicimos la huelga general. Muchos compañeros, especialmente jóvenes, no entenderán que el sindicato que ha pactado las pensiones, cuando decía que era una línea roja, luego les quiera pedir apoyo, que pierdan jornadas de trabajo, se enfrenten a sus jefes, «para que luego ocurra lo mismo que con las pensiones».
Todo lo mencionado hasta ahora prueba que hay una diferente línea sindical y reivindicativa entre la CE confederal y los que nos sentimos identificados como continuadores del «sindicato de Marcelino».
Oposición al pacto
En el Consejo Confederal hubo 17 votos en contra, una base clara desde la que poder empezar a dirigir la oposición a Toxo.
Algunos compañeros han optado por darse de baja del sindicato o dimitir de sus puestos. No podemos compartir esta idea, aunque entendemos el malestar. Con esa actitud, creemos que no ayudamos a combatir la desmoralización, ni a fortalecer las posiciones críticas dentro del sindicato.
El hecho de que grupos muy minoritarios de compañeros, como el aglutinado en torno al blog llamado «cartaatoxo», hayan reunido firmas de varios centenares de delegados y cuadros sindicales, muestra que con una adecuada reorganización de las fuerzas de los que defendemos al «sindicato de Marcelino», con paciencia y explicación política, los hoy minoritarios podemos conquistar claramente la mayoría en el sindicato. La CE confederal basa su apoyo en el dominio de la mayor parte del aparato, pero el ambiente entre los afiliados según se desciende hasta la base es muy otro.
El PCE y el PSUC-viu se han pronunciado en contra del pacto, se han comprometido a luchar contra la imposición de que los trabajadores paguemos la crisis mientras los culpables de crearla salen beneficiados. Eso es muy positivo.
El comunicado del sector crítico de CCOO oponiéndose al pacto, acababa con un llamamiento a seguir afiliados a CCOO. Por supuesto, estamos de acuerdo en ello. Pero, además, debemos organizarnos mucho mejor. Muchos comités se han pronunciado en contra. Es muy significativo el comunicado del consejo provincial de Granada. En muchas ciudades y zonas importantes el ambiente en las asambleas de delegados ha sido enormemente crítico hacia las posiciones defendidas por quienes apoyaban a la CE confederal.
La presente estrategia de pactos seguida por la CE confederal oficializa un antes y un después dentro del sindicato. Los viejos agrupamientos se han resquebrajado. Por ejemplo, los dirigentes del antiguo sector crítico de CCOO en Catalunya apoyaron totalmente la táctica de Toxo. En cambio, en nuevas provincias y zonas, las posiciones de los que nos oponemos al pacto avanzaron. Se impone por tanto un reagrupamiento del sector crítico, una mayor reorganización del mismo, para asegurarnos de su propio desarrollo y vitalidad. Hace falta ya organizar una conferencia estatal del sector crítico adonde se llame a asistir al máximo de afiliados de base, activistas y cuadros sindicales.
A los dirigentes del PCE, PSUC-viu e IU, junto con los máximos dirigentes del sector crítico en la CE confederal, les corresponde organizar a todos los que no hemos opuesto al pacto.
Ferran Alemany, afiliado al PSUC-viu y delegado de CCOO
Fuente: http://www.corrientemarxista.org/estado-espanol/9-estado-espanol/503-los-sindicatos-frente-al-pacto-de-pensiones.html