Una de las explicaciones que se han dado con mayor frecuencia en las revistas económicas españolas (la gran mayoría de las cuales están financiadas por la banca y por el mundo empresarial y que, por lo tanto, reproducen la doctrina económica neoliberal que tales grupos promueven) al elevado desempleo en España, es la supuesta rigidez […]
Una de las explicaciones que se han dado con mayor frecuencia en las revistas económicas españolas (la gran mayoría de las cuales están financiadas por la banca y por el mundo empresarial y que, por lo tanto, reproducen la doctrina económica neoliberal que tales grupos promueven) al elevado desempleo en España, es la supuesta rigidez del mercado laboral, resultado de lo que se considera excesiva influencia de los sindicatos que, en su defensa de los contratos fijos (llamados insiders, es decir, los que están dentro del mercado laboral), están protegiendo a los trabajadores de edad avanzada a costa de los jóvenes que tienen dificultades en encontrar empleo (y a los que se les llama, por ello, outsiders, es decir, los que están fuera del mercado laboral), pues los puestos de trabajo existentes están ya ocupados por los otros trabajadores de edad más avanzada (que pueden ser sus padres). Como consecuencia de dar mayor seguridad al padre, dificultando poder despedirle, el empresario se lo piensa dos veces antes de ofrecerle un trabajo a su hijo, pues teme que más tarde no podrá despedirle. Y de ahí se concluye que el empresario no cree empleo y, por lo tanto, el desempleo sea alto. Se asume así que hay una lucha intergeneracional por puestos de trabajo. Esta lucha intergeneracional se presenta también por los mismos autores en el caso de las pensiones, aunque ahí no es entre los jóvenes y sus padres, sino entre los jóvenes y sus abuelos. Los ancianos -se nos dice- están sobreprotegidos, viviendo en condiciones muy favorables, resultado de pensiones excesivamente generosas, y ello a costa de los jóvenes que contribuyen más de lo que les corresponde, pagando las pensiones de sus abuelos, pensiones que ellos mismos no podrán disfrutar, resultado de la supuesta insolvencia de la Seguridad Social (ver mi crítica a David Taguas, fiel representante del pensamiento neoliberal, que fue, en su día, director de la oficina económica de La Moncloa en el gobierno Zapatero, «La Seguridad Social es viable. Réplica a David Taguas», www.vnavarro.org. 24.02.10).
La tesis insider-outsider como causa del desempleo fue promovida hace ya varios años por el secretariado económico de la OCDE (el club de los países más ricos del mundo) en su informe Employment Outlook 1999. En tal informe se indicaba que el hecho de que el desempleo promedio de los países de la UE-15 hubiera sido mayor (durante el periodo 1980-1999) que en EEUU se debía a que los mercados de trabajo de aquellos países eran más rígidos y regulados que los de los de EEUU. Y como prueba de ello, se referían a la dicotomía insiders versus outsiders que, según ellos, caracterizaba a los mercados laborales europeos. Tal tesis fue desacreditada rápidamente, pues los datos mostraban fácilmente el error de sus supuestos. En realidad, el desempleo de los países que constituirían la UE-15 había sido menor durante el periodo anterior 1960-1980, que el desempleo de EEUU, aún cuando los mercados laborales europeos estaban ya entonces más regulados que los estadounidenses. Es más, los mercados laborales en la UE-15 estaban más desregulados en el periodo 1980-1999 que en el periodo anterior, 1960-1980. No podía, por lo tanto, considerarse que el mayor desempleo en la UE pudiera atribuirse a la mayor regulación de los mercados de trabajo europeos (ni tampoco a los insiders-outsiders). Es más, el desempleo entre los jóvenes en EEUU (que no tenía tal dicotomía outsiders-insiders) era mucho mayor que en varios países de la UE-15. Ello llevó a que la OCDE tuviera que corregir su tesis. Y en su informe Employment Outlook 2006 concluyó con la siguiente frase «de nuestro análisis de la OCDE podemos afirmar que el impacto de las medidas proteccionistas de empleo (nota mía, la narrativa utilizada para definir lo que los autores neoliberales llaman rigideces laborales) es estadísticamente insignificante para explicar el nivel de desempleo en un país de la OCDE«. Más claro, el agua. A partir de entonces, la OCDE ha dejado de utilizar el argumento outsider-insider para explicar el desempleo (aunque utiliza otros argumentos, igualmente erróneos, pues continúa estancada en el pensamiento neoliberal).
Pero los economistas neoliberales, impermeables a los datos, continúan repitiendo el dogma insiders-outsiders para explicar el desempleo, siendo el último ejemplo el artículo de Juan J. Dolado en El País 17.06.10 donde, de nuevo, los insiders, los trabajadores adultos son responsables del elevado desempleo de los jóvenes, concluyendo que lo mejor para todos es que se facilite a los empresarios que puedan despedir, por igual, a todos los trabajadores, asumiendo que hoy los empresarios tienen grandes dificultades en hacerlo. Los datos, sin embargo, no avalan tal supuesto. Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, en el periodo de octubre 2008 a octubre 2009, el 50% de contratos extinguidos han tenido una indemnización de sólo 8 días por año. Y la gran mayoría de los restantes han recibido una indemnización de 20 días por año, y sólo para una minoría de despidos declarados improcedentes, la indemnización ha sido de 33 a 45 días por año. Es más. Y como bien ha escrito Vidal Aragonés «Una reforma constituida a base de mitos» El Periódico (17.06.10), «el coste para los empresarios es sustancialmente inferior en muchos casos. En el caso de los despidos individuales y colectivos en empresas de menos de 25 trabajadores que deriven de causas económicas, técnicas organizativas o productivas, el empresario pagó (en 2009) el 60% y FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) el restante 40%. Y las empresas insolventes no abonaron cantidad alguna, asumiendo FOGASA el total de la indemnización».
Lo que estamos viendo es una enorme avalancha mediática e ideológica encaminada a responsabilizar a los sindicatos del elevado desempleo en España. Para ello, el argumentario incluye un intento de separar a los sindicatos de su función defensora de los intereses de los trabajadores, presentándoles a los sindicatos como aparatos corporativistas que defienden sus propios intereses, que se presentan como distintos -en realidad, incluso opuestos- a los intereses de los trabajadores que representan. Un ejemplo de esta postura es el artículo de Francesc Homs i Molist, representante de la derecha en Cataluña, CIU, en El Siglo (18.06.10) en el que hace la afirmación de que si el PSOE fuera en realidad auténticamente solidario con los trabajadores, deberían enfrentarse a los sindicatos, pues éstos están dificultando la resolución del elevado desempleo. Es sorprendente como las derechas en España (responsables de que España -y Cataluña- estén a la cola de la UE en su estado del bienestar y de que los salarios de los trabajadores sean de los más bajos) estén ahora presentándose como los partidos de los prabajadores (ver mi artículo «Partido Popular, ¿el Partido de los Trabajadores?» El Plural 14.06.10, y «Los nacionalismos conservadores y liberales en España», de pronta publicación en Público.
Las causas nunca mencionadas del desempleo
Lo que múltiples estudios científicos han mostrado es que la causa más importante para que se cree o destruya empleo es la demanda que los empresarios tienen sobre los bienes y consumos que producen. El mundo empresarial no expandirá su plantilla a no ser que haya un aumento de los productos que produce y vende. Y esta es la situación en España. El mundo empresarial tiene delante un problema grave de escasez en la demanda. El problema del paro no está en el mercado de trabajo, sino en la baja demanda y en el tipo de demanda y producción. Y la escasa demanda se debe a dos temas que el énfasis en el mercado de trabajo está ocultando. Uno es la excesiva polarización de las rentas en Europa y en España. Las rentas del trabajo han disminuido en la UE de una manera espectacular, mientras que las rentas del capital se han incrementado enormemente. Y esta polarización ha estado incluso más acentuada en España. Los beneficios empresariales crecieron en España un 73% en el periodo 1995-2005 (más del doble de la media de la UE-15, un 33%), mientras que los costes laborales aumentaron en el mismo periodo un 3,7% (cinco veces menos que en la UE, un 18,2%), datos que raramente aparecen en las revistas económicas , o incluso en la prensa en general. Y esta situación ha creado varios problemas. Uno de ellos es la escasa demanda (consecuencia del descenso de la masa salarial) y consecuente endeudamiento de las clases populares. El gran endeudamiento de las familias españolas se basa en este hecho. Según la Agencia Tributaria española, en el 2007, el 63% de los asalariados (16,7 millones de trabajadores) tenían un salario bruto de 1.100 euros. Lo que ello implica es una gran escasez en la capacidad adquisitiva de las clases populares, profundamente endeudadas, y que cuando falló el crédito, paralizó la demanda doméstica. Y ello ocurre en cada recesión económica que España ha tenido. Y la pobreza del sector público (España tiene el gasto público por habitante más bajo de la UE-15) explica también el endeudamiento público y el escaso poder y recursos que el estado tiene en su capacidad de estimular la economía. Este escaso poder sustitutorio (del estímulo privado) es consecuencia de las políticas neoliberales de las derechas, que más que partidos de los trabajadores han sido siempre los partidos de los banqueros y de los empresarios, que se han opuesto a incrementar sus impuestos (según la Agencia Tributaria, un empresario paga menos impuestos que un asalariado) y el gasto público, dificultando así el crecimiento del gasto público como estímulo para la recuperación económica y la reducción del desempleo.
Y la otra consecuencia del descenso de las rentas salariales es la baja productividad en amplios sectores de la economía. En contra de lo que escriben los economistas neoliberales, el hecho de que los salarios sean bajos no se debe a que la productividad sea baja, sino al revés, la productividad es baja como consecuencia de la existencia de salarios bajos. Si un empresario tiene la posibilidad de pagar salarios bajos porque hay gran número de candidatos para un puesto de trabajo (el caso de la vendimia o del turismo o de la construcción, como ejemplos), los salarios que pagará serán bajos. Ahora bien, si no se le permite pagar salarios bajos, tendrá que invertir en el puesto de trabajo y en el trabajador para asegurarse de que un trabajador haga lo que ahora hacen diez.
Esto es lo que ocurre en los países nórdicos, de tradición socialdemócrata. En realidad, el economista Meiner convenció hace ya muchos años al gobierno socialdemócrata y a los sindicatos suecos de que no podían permitirse en Suecia salarios bajos. Una economía basada en salarios bajos era y es una economía ineficiente. De ahí que se prohibieran salarios bajos. En los convenios colectivos, los salarios bajos no se permiten, ni en situaciones provisionales. Y ello tuvo un gran impacto en la productividad de la economía. Ni que decir tiene que hubo empresas que colapsaron al no poder pagar tales salarios, pero era, y es, responsabilidad pública encontrar un puesto de trabajo (de similar nivel salarial) al trabajador que ha tenido que dejar aquella empresa que cierra. Y es responsabilidad pública encontrarle, no sólo un trabajo, sino también una casa y una escuela para sus niños, entre otros requisitos.
No se le puede pedir flexibilidad al trabajador, a base de crearle inseguridad, tal como ocurre en España, donde el mundo empresarial y bancario está muy mal acostumbrado, por haber estado sobreprotegido por el poder político, no sólo durante su dictadura, sino también después. En España se habla mucho de la rigidez laboral, cuando el mayor problema es la rigidez y dureza empresarial. La primera es la respuesta a la segunda. Y el fracaso de la administración pública en esta dimensión es enorme. Es injusto exigirle flexibilidad al trabajador a costa de su seguridad. España tiene el gasto en protección social más bajo de la UE-15. Sólo un 20%, comparado con un 32% en Suecia o un 30% en Dinamarca. El mundo empresarial y la banca española, así como el estado español, no han entendido que la protección y cohesión social son elementos claves en garantizar una elevada productividad. Todos los países del sur de Europa tienen escasa productividad porque tienen escasa protección social. El mundo empresarial español, conocido por su dureza (y apoyado por unos medios de persuasión próximos a él) se ha opuesto a la expansión del gasto público y de la protección social, prefiriendo conseguir la flexibilidad laboral, no con la seguridad, sino con aumento de la inseguridad. De ahí el elevado desempleo. Pero esto es improbable que el lector lo oiga, lo vea o lo escuche en los medios de mayor difusión del país, en los que durante los próximos meses vamos a ver una enorme avalancha en contra de los sindicatos, detrás de la cual hay un intento de diluir todavía más la España social, y la protección social de los españoles.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
www.vnavarro.org