Los trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) han radicalizado sus movilizaciones con el corte del puente Carranza de entrada a la capital, así como del nudo de acceso a la factoría, en señal de protesta por el cierre de la planta anunciado por la multinacional el pasado 22 de febrero. Esto […]
Los trabajadores de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) han radicalizado sus movilizaciones con el corte del puente Carranza de entrada a la capital, así como del nudo de acceso a la factoría, en señal de protesta por el cierre de la planta anunciado por la multinacional el pasado 22 de febrero. Esto sucedía mientras el Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz considera que la sociedad de Delphi en Puerto Real (Cádiz) se encuentra en situación de ‘insolvencia inminente’ y ve procedente la declaración de concurso voluntario, por lo que dispone que se abra la fase común de tramitación del concurso.
Los trabajadores, más de un millar de los tres turnos de trabajo, han salido sobre las nueve de la mañana de la factoría tras una asamblea a las puertas de la planta, según ha informado el representante de la CGT en el comité de empresa, Isidro Jiménez.
Desde allí, han ido andando hasta el puente Carranza y lo han cortado durante una hora utilizando piedras y distintos carteles y materiales a los que han prendido fuego.
Poco antes de las once de la mañana, los empleados de la factoría han vuelto a sus puestos de trabajo tras una protesta que ha causado importantes retenciones en torno a Cádiz.
Según Jiménez, los trabajadores han decidido radicalizar las protestas dos días antes de la huelga general convocada para el próximo miércoles en 14 municipios de la bahía gaditana y porque «después de dos meses sin solución la cosa tiene que ir a más».
La Justicia dice que Delphi es insolvente
En la parte dispositiva del auto, el Juzgado indica atendiendo al carácter voluntario del concurso, el deudor (la empresa) conservará las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones de su patrimonio que hayan de integrarse en el concurso.
Asimismo, en conformidad con la Ley Concursal, los acreedores tienen un plazo de un mes para comunicar a la administración judicial la existencia de sus créditos, por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos.