Los grandes eventos y las obras fastuosas, con los que la propaganda del PP situaba al País Valenciano en la liga de campeones de las capitales europeas, toca a su fin en un momento en el que hasta la Fórmula 1 se renegocia. El portavoz de Intersindical Valenciana y miembro de la Plataforma pels Drets […]
Los grandes eventos y las obras fastuosas, con los que la propaganda del PP situaba al País Valenciano en la liga de campeones de las capitales europeas, toca a su fin en un momento en el que hasta la Fórmula 1 se renegocia. El portavoz de Intersindical Valenciana y miembro de la Plataforma pels Drets Socials, Vicent Maurí, afirma que ahora, con la crisis, «nos pasan a los ciudadanos la factura del despilfarro, en forma de recortes en sanidad, educación y ayudas sociales». «No hay alternativa», vienen a decir Mariano Rajoy y Alberto Fabra, parafraseando a Margaret Thatcher, la dama de hierro.
Los grandes eventos se vendían en tiempos de Camps como la alquimia de la felicidad permanente. Pero la burbuja ha reventado, ¿Y quién paga la factura?
A los ciudadanos del País Valenciano les toca costear el despilfarro de los macroeventos y las obras faraónicas, de la corrupción y los escandalosos sobrecostes. Acabada la fiesta, el Gobierno Valenciano pretende un recorte de 1.000 millones de euros que se traducirá en un empeoramiento de las prestaciones públicas y las ayudas sociales. Y esto después de que haga crisis un modelo económico que no ha generado empleo y sólo ha beneficiado a los amigos del PP, como Ecclestone y Calatrava, entre otros muchos.
Sin embargo, en las elecciones autonómicas de mayo y las generales de noviembre el Partido Popular arrasa en el País Valenciano. ¿Cómo se lo explica?
El Gobierno del PP ha impulsado una política mediática, sobre todo mediante Radiotelevisión Valenciana, en la que ha machacado a los ciudadanos con el mensaje de que el País Valenciano es vanguardista en España y en Europa. Otros medios privados, inducidos por la publicidad institucional, han insistido en la misma línea. Y al final el mensaje ha calado. Cualquier problema que pueda ocurrir se le achaca a un enemigo exterior. La opinión pública ha acabado por asumir la falta de alternativas: todos los políticos son iguales y todos son unos corruptos. Pero no es así.
Se ha referido a Canal 9. En el ente público, que tiene una deuda que ronda los 1.200 millones de euros, se ha anunciado un ERE que podría afectar a unos mil trabajadores. ¿Cuál es la posición de Intersindical Valenciana?
Nos posicionamos totalmente en contra del ERE. Y esto no impide que también nos opongamos a la línea editorial de Canal 9. Es claro que los trabajadores de la empresa no son los responsables de que en Canal 9 rija una política de partido. Si la producción de programas externalizada a empresas privadas se mantuviera en la casa, podría evitarse el ERE. Además, nos tememos que tras el Expediente de Regulación de Empleo se escondan intereses privatizadores y que algunas empresas gestionen la franja horaria más rentable.
Volvamos a la resaca. Los impagos afectan a colegios, universidades, farmacias, personas dependientes y todo tipo de proveedores.
La excusa siempre es la misma. La Generalitat Valenciana nos dice que las arcas están vacías por la crisis y por el injusto modelo de financiación autonómico. Pero, con este modelo, otras autonomías no sufren una tasa de paro del 25% ni lideran la ratio autonómica de endeudamiento público, como ocurre con el País Valenciano. La causa de la dramática situación económica son los 16 años de gobierno del PP y la dilapidación de dinero público.
¿Estamos ante una economía en quiebra?
Algunos datos así lo indican. El Gobierno Central ha intervenido in extremis para que la Generalitat pudiera hacer frente a un compromiso de pago con el Deutschebank. Las agencias de calificación han rebajado la deuda valenciana a la condición de «bono-basura». ¿Qué conclusión extraemos? Pues que esto no era el Levante feliz que nos decía Camps ni la vanguardia del estado español. Al contrario, se trata de una comunidad muy endeudada y con una corrupción galopante.
Desvanecido el sueño, llega la realidad con sus efectos devastadores
Así es. El País Valenciano tiene más de 500.000 parados. El 12,6% de las familias valencianas tiene a todos sus miembros desocupados (frente al 11% de la media estatal). Y una de las cifras más inquietantes: el desempleo juvenil se sitúa en el 50%. Lo cierto es que las rentas del trabajo tienen cada vez un peso menor en el PIB, con lo que esto supone de empobrecimiento para la población asalariada. Mientras, recuerdo cómo nos decían que bajar de impuestos era de izquierdas.
El Consell acaba de aprobar un Decreto-Ley que los sindicatos consideran una agresión sin precedentes
A finales de diciembre el PP aprobó los presupuestos para el año 2012. Fue un auténtico paripé, pues el 5 de enero del año vigente han aprobado un Decreto-Ley que recorta nada menos que en 258 millones de euros los salarios de los trabajadores del sector público. Y en 400 millones de euros, el gasto sanitario. Estas medidas, no sólo suponen un ataque salvaje contra las 140.000 personas que trabajan para la Generalitat Valenciana, sino que empeorarán los servicios públicos para todos los ciudadanos.
¿Tal vez podría haberse recuperado el impuesto sobre el patrimonio?
El Gobierno de Alberto Fabra tiene competencias para hacerlo. Podría haberse aplicado este gravamen para que quien más tiene, más pague. Así, otras políticas, que no afecten a los trabajadores ni la calidad de los servicios públicos, son posibles. Pero se ha preferido hacer lo mismo que Mariano Rajoy con el Decreto sobre nueva fiscalidad: presionar sobre las rentas más bajas.
Ni siquiera se le ha dado la oportunidad al mantenimiento de una banca pública
El PP no ha permitido la implantación de una banca pública valenciana, que podría ser una buena herramienta para mitigar la crisis. De hecho, han utilizado las grandes cajas de ahorro -Bancaixa y la CAM- para sus proyectos políticos, caso de Terra Mítica, y para financiar los negocios inmobiliarios. Otras autonomías como Galicia sí que han peleado por conservar sus cajas de ahorro, aunque no lo hayan conseguido. Aquí ni se ha intentado.
¿Cuál será la respuesta sindical ante el escenario de recortes? ¿Se plantean acciones contundentes?
Por el momento, en el País Valenciano se ha conseguido crear un frente común entre los sindicatos del sector público. En una primera fase, hasta el 26 de enero, están previstas asambleas informativas, concentraciones y manifestaciones. La siguiente etapa, en febrero, podría incluir jornadas de huelga y otras medidas de presión. Frente a la agresión salvaje y sin precedentes, se ha forjado una unidad sindical importante.
Por último, ¿Qué alternativas plantea Intersindical Valenciana?
De entrada, que el Gobierno Valenciano retire el Decreto-Ley y los recortes que penden sobre los trabajadores de la función pública. Si se necesitan recursos para pagar el déficit, que se implemente una reforma fiscal progresiva. Y, sobre todo, abandonar los planes de austeridad que, al final, sólo generan desempleo. Proponemos que el sector público se convierta en el motor de la economía y de la creación de puestos de trabajo, aprovechando que nos situamos por debajo de la media europea en cuanto a empleo público.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.