Los vecinos de La Palma llevan más de un año escuchando hablar de la reconstrucción. La erupción volcánica de Cumbre Vieja acabó con barrios completos, empujó a muchas familias a la pobreza y dejó una huella en la salud mental difícil de paliar. Mientras que algunos palmeros recuperan poco a poco su rutina, a los habitantes de la zona sur de Tazacorte aún les persigue la incertidumbre por el trazado final que tendrá la conocida como carretera de la costa. Se trata de una obra considerada de emergencia que, de realizarse de acuerdo con el proyecto inicial, afectaría a propiedades de al menos 70 familias. Aunque los vecinos han presentado varias alternativas, siguen sin una respuesta firme de las administraciones públicas. »Es como alargar la angustia que empezó aquel 19 de septiembre con el volcán», cuentan.
La última reunión que los vecinos mantuvieron con los representantes del Gobierno de Canarias tuvo lugar en junio. »Se nos ha pedido paciencia porque las alternativas que ofrecimos al trazado actual tienen que ser estudiadas por técnicos. Hemos respetado los plazos, pero necesitamos ya una respuesta», cuenta Cecilia García, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por la Carretera de la Costa.
Desde hace diez meses, en los barrios de La Marina, San Borondón y Las Cabezadas cuelgan carteles que exigen al Gobierno de Canarias y al Ejecutivo central que no arrebaten a sus habitantes “lo poco que dejó el volcán”. Ahora, los vecinos exigen que sus reivindicaciones no caigan en el olvido pues muchas personas aún tienen miedo de que “una nueva colada de asfalto” amenace sus viviendas, sus barrios o sus fincas.
“Cuando pensábamos en la reconstrucción, nos imaginábamos la recuperación de las vías, el diseño de nuevos barrios o la recuperación de los preexistentes. En ningún caso nos esperábamos proyectos que causaran un mayor daño al territorio”, lamenta Elías Navarro, licenciado en Derecho y también portavoz de los afectados.
La obra de la carretera de la costa, ejecutada por el Ministerio de Transportes del Gobierno de España, se extenderá por unos 5,5 kilómetros entre Tazacorte y el núcleo turístico de Puerto Naos. El primer tramo abarca 4,8 kilómetros y, el segundo, contra el que luchan los vecinos, es de unos 700 metros. En total, la construcción cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros. De esta cifra, 9 millones estarán destinados a indemnizar a los vecinos afectados por las expropiaciones.
»Sabemos que las expropiaciones nunca se pagan a precio de mercado. Después de la erupción tampoco hay mucho terreno que comprar y los precios están disparados. Además, ¿cómo pueden empezar de cero las personas mayores?», cuestiona Cecilia García.
Causar el menor daño posible
Hasta el 23 de diciembre de 2022 se habían utilizado ya unos 11 millones de euros, tal y como explicó el secretario general de Infraestructura del Gobierno español, Xavier Flores, en una visita a La Palma a principios de 2023. Flores estuvo acompañado por el consejero de Obras Públicas del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis. Allí, el responsable canario de Transportes apuntó que los trabajos de la primera fase avanzan “a buen ritmo”.
Este primer tramo une Las Norias con la LP-215 de Tazacorte. Se trata de una carretera de dos carriles en la que la velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora y que “con toda probabilidad” podrá ser utilizada a partir de abril. En cuanto a las seis alternativas propuestas por los vecinos para la segunda fase, Franquis aseguró en La Palma que están “trabajando para obtener el mayor consenso con todas las partes implicadas”. “Queremos contar con el acuerdo de las administraciones y, también, con la sociedad palmera”, añadió el consejero.
Pero la espera pesa cada vez más para los palmeros. En esta línea, la campaña impulsada en change.org, que ha reunido ya 28.000 firmas, ha puesto en duda que exista una emergencia real para la construcción de la carretera de la costa. “Si no hubiera más alternativa para conectar El Valle tendría que hacerse, pero ahora hay otras dos obras de carreteras en las que se está trabajando sobre el terreno arrasado por el volcán que cubrirán este tramo”, reza la campaña.
Los vecinos ofrecieron al Gobierno autonómico seis opciones con el objetivo de “causar el menor daño posible a las fincas” y también de que la carretera estuviera “alejada de los núcleos de población”. Entre ellas está la alternativa 0, que supone dejar las vías tal y como están.
Otra de las soluciones propuestas por los habitantes de La Marina, San Borondón y Las Cabezadas es una carretera que transcurra sobre las coladas y que, además, ofrezca acceso a viviendas y fincas que quedaron aisladas por el recorrido de las coladas.
El legado de los que ya no están
En un comunicado, el portavoz de la plataforma de afectados denunció que los vecinos habían sido acusados de “tratar de frenar el progreso de la isla”. “Se nos acusó de que se iba a perder una importante inversión en la isla y de que por nuestra culpa Madrid estaba a punto de quitarnos el dinero”. “Si alguien se pregunta por qué el palmero se encuentra tan ligado a su pequeño pedacito de tierra, recuerden que además muchas veces es el único legado que nos queda de aquellos que ya no están”, reclamó Navarro.
Cecilia García apunta además que crear una carretera en los barrios supondría segregar aún más a las familias palmeras. Muchas de ellas, apunta la portavoz, ya han tenido que separarse después de reubicar sus hogares tras la erupción.
Para buscar apoyo, los vecinos llevaron el asunto al Parlamento de Canarias, que acordó con 63 votos a favor instar al Gobierno regional a que reconsiderara el trazado inicial de la carretera. Cecilia García, otra de las portavoces de los vecinos, recuerda que no solo se verían afectados los propietarios de los terrenos, sino los trabajadores contratados por las personas mayores para que trabajen las tierras. También advierte del impacto que tendría en la tranquilidad que caracteriza a la zona habilitar una carretera con capacidad para 20.000 vehículos diarios.
El trazado de esta carretera llegó incluso a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Más Canarias denunció un “conflicto de intereses” entre el proyecto y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata (PP). Javier Navarro y Florisela Rodríguez, firmantes de la denuncia, advirtieron que podría existir un “interés económico particular y conflicto de intereses” por parte del líder insular por utilizar el procedimiento excepcional de urgencia para abrir una carretera que “le beneficiaría en sus intereses situados en la zona oeste de La Palma”.
Según Más Canarias, la familia del presidente del Cabildo cuenta con terrenos en la playa de Las Monjas, a un kilómetro de Puerto Naos, y la “empresa familiar VIHEFE” tiene registrada la marca “Hotel Playa de Las Monjas” desde el año 2000 en una parcela de 17.000 metros cuadrados.
“Diez meses defendiendo lo poco que nos dejó el volcán, nuestro modo de vida, nuestros barrios, a nuestra gente. Si son necesarios otros diez meses, que nadie dude que continuaremos. Esta vez esta colada sí la podemos parar, y la pararemos, que no quepa duda”, concluyen los vecinos.