En 1978, los homosexuales dejaron de ser considerados «peligrosos sociales», pero los veteranos LGTBI alertan de que Vox recupera los argumentos del nacional-catolicismo franquista, en una versión más sutil
A la Fundación 26 de Diciembre llegan cada semana personas mayores que necesitan ayuda y apoyo. Algunas se vinieron de sus pueblos a Madrid y, a su vejez, se encuentran sin familia. Otras estuvieron toda la vida con una misma pareja y ni siquiera tienen pensión de viudedad. Otras llegan con síntomas de depresión. «Esa homofobia que se generó en el franquismo ha dado sus frutos. Lo hemos vivido y nos sigue afectando», explica el presidente de la asociación, Federico Armenteros. Esas personas que crecieron pensando que eran «enfermos», «pecadores» o «invertidos» vuelven a ver hoy cómo sus derechos son de nuevo cuestionados en los medios y en los parlamentos por el partido ultraderechista Vox. Charlamos con dos veteranos activistas en plena semana del Orgullo LGTBI.
Hace poco más de 40 años, los homosexuales dejaron de ser considerados «peligrosos sociales», en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas y en 2005 se legalizó el matrimonio homosexual en nuestro país. Todos los avances dejaron en las orillas al pensamiento más reaccionario, que hoy vuelve a tomar protagonismo: «Nunca han desaparecido, siempre han estado ahí, pero ahora les han dado voz en los medios», argumenta Armentero sobre el franquismo sociológico. El presidente de la Fundación 26 D cree que Vox conoce poco la sociedad española, «plural y diversa», a la que pretende representar y, en su lugar, están «enganchados al modelo del odio»: «Quieren destruir la forma de pensar democrática porque siguen en el nacional-catolicismo».
Jordi Petit, presidente de honor de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya (CGLC) y exsecretario general de la International Lesbian and Gay Association (ILGA), opina en un sentido parecido sobre los ataques al colectivo LGTBI: «Sus argumentaciones son francamente absurdas». El veterano activista atiende a cuartopoder.es tras acudir a la recepción en Moncloa a la que el presidente Pedro Sánchez ha invitado a representantes variados del colectivo bajo el lema ‘Orgullo de nuestra diversidad. 50 años de Stonewall’. En un acto «sin precedentes»: «Ante la reaparición de fuerzas ultraconservadoras , es un ejemplo importante».
La desmemoria, la pista de aterrizaje de las ideas ultras
A Petit le sobran argumentos para desmontar cada declaración de Vox y cita repetidamente el Informe Kinsey, que ya en 1948 clasificaba en siete grados los comportamientos sexuales, que iban desde la heterosexualidad hasta la homosexualidad. El documento fue muy cuestionado y supuso un escándalo, pero para un joven criado en un colegio de salesianos fue todo un alivio: «Yo a los 13 o 14 años ya empiezo a ser consciente de mi homosexualidad. La religión fue para mí como un agarradero. En esa época era anormal, vengonzoso y terminé en manos del Opus Dei». Le aconsejaron que para apagar su deseo y expiar sus culpas, se mortificara con un cilicio.
Federico Armenteros también recuerda aún la sensación de miedo que le produjo ir por primera vez a solicitar el DNI. Ser diferente en los 70 era peligroso: «Cuando era pequeño, ir a la comisaría daba terror«. Por eso, ahora le parece un error «volver a dar autoridad a esas personas que no creen en la humanidad, sino solo en su bolsillo»: «No aceptan la democracia, quieren volver a la uniformidad», relata.
La necesidad de homologar la nueva democracia española en el exterior y la ruptura del corsé franquista que supuso la Transición española facilitó que el 11 de enero de 1978 se reformara la ley de peligrosidad social y la homosexualidad dejara de ser delito en España: «Los últimos presos de la dictadura en salir fueron los homosexuales y las trans«, explica Petit. El activista apunta a que hay dos cosas que no han cambiado tanto cuarenta años después: el bullying que sufren los niños en los colegios y la situación de las personas trans, especialmente las más mayores, un hecho que considera paradójico: «En las manifestaciones, ellas iban en cabeza».
Las olas reaccionarias
Los luchadores de este colectivo están acostumbrados a que al avance de derechos le corresponda también un movimiento reaccionario. Petit apunta a los 80, donde la epidemia del SIDA se llevaba a amigos y vecinos todas las semanas: «Thatcher y Reagan decían que era un castigo divino, hicieron una campaña de represión sexual que supuso un paso atrás y la estigmatizacion de la gente LGTBI».
La reforma del Código Penal español en 1988 eliminó el último resquicio por el que se podía penalizar a los homosexuales por escándalo público. En 2019 se rescata ese argumento desfasado en plena semana del Orgullo LGTBI. La dirigente madrileña de Vox, Rocío Monasterio, ha sido la encargada de difundir el argumentario de Vox, que ha publicado además La Marea. «Cuando una madre, un padre puede salir con dos niños del portal de su casa, no tiene por qué encontrarse con ese espectáculo«, decía hace unas horas. Durante la campaña electoral, el partido propuso retirar las convocatorias del Orgullo del centro de Madrid y desplazarlas a la Casa de Campo.
Ambos activistas recalcan que los argumentos de Vox son los mismos que llevan oyendo cuatro décadas, adaptados al contexto actual. «Tenemos que repetir lo mismo que decíamos en los 80, que la sexualidad humana es diversa y hay comportamientos homosexuales, bisexuales, heterosexuales», explica Petit, que fue uno de los primeros activistas en ir a las televisiones a hacer pedagogía.
Petit considera el último movimiento de Vox en Valencia como una mera «forma de intimidación». Los diputados ultraderechistas solicitaron información al Consell sobre el dinero destinado cada año a educación sexual impartida por personas LGTBI. «Lo que se explica en los institutos es la diversidad de la sexualidad en todos los aspectos», remata. La petición de información acabará en la Fiscalía por una sospecha de delito de odio.
Petit también se muestra sorprendido por la relación que establecen entre el movimiento y las subvenciones, ya que muchos activistas, como es su caso, nunca han cobrado por su actividad. Armentero reconoce que algunas de las declaraciones de estos dirigentes sí han causado cierta inquietud entre algunos usuarios que acuden a su asociación, sobre todo, pensando en proyectos que aún quedan: «El dinero que nos dan a las asociaciones está totalmente justificado, euro a euro, ¿por qué no se lo piden también a la Iglesia?». El presidente de la Fundación 26D remata: «Cuando yo le estoy cambiando al pañal a una persona porque está sola y nadie más lo hace, ¿ellos dónde están?«.
Armentero cree que, en realidad, los dirigentes del partido apuestan solo «por su bolsillo y sus intereses» en una sociedad cada vez más individualista y devastada por la crisis económica. No quieren dedicarle ni un minuto más a comentar propuestas destructivas: «Vamos a darles el silencio que nos dieron ellos».