El partido-bandera del Frente Amplio, Revolución Democrática (RD), nacido en los claustros de la Universidad Católica, se ha ensuciado las manos recurriendo a recursos fiscales para financiar sus actividades políticas y gastos personales.
Causa enorme desaliento la rápida conversión de la nueva generación gobernante que en un santiamén hizo suya la corrupción de los antiguos moradores de La Moneda. Aunque la presidencia y los cargos claves están en manos de quienes hasta ayer eran combativos dirigentes estudiantiles que prometían cambiar el país, hoy ni cenizas quedan de las promesas de limpiar la política de la codicia y las componendas. En el camino a La Moneda, plagado de recovecos ideológicos, perdieron la audacia y honestidad para convocar al cambio social.
El partido-bandera del Frente Amplio, Revolución Democrática (RD), nacido en los claustros de la Universidad Católica, se ha ensuciado las manos recurriendo a recursos fiscales para financiar sus actividades políticas y gastos personales.
La maniobra no tiene nada de original. RD actuó como lo hicieron –y hacen- otros partidos. Creó una “fundación” –Democracia Viva- bajo pretexto de actividades de desarrollo social. En realidad los fondos fiscales otorgados a la “fundación” iban a las arcas de RD y a los bolsillos de sus dirigentes.
RD controla el Ministerio de Desarrollo Social, ambicionado trofeo de los partidos. Ese Ministerio es una fuente de recursos para la cooptación de organizaciones sociales que comprometan su apoyo al gobierno de turno.
Este es uno de los factores que, en definitiva, hace que los gobiernos cuiden el sistema imperante.
No hay atisbos, por ejemplo, que el actual gobierno del Frente Amplio y partidos de la ex Concertación y Nueva Mayoría, vaya a intentar corregir la desigualdad.
El salario mínimo de 440 mil pesos (subirá a 460 mil el 1 de septiembre), calificado de “histórico” por el bombo oficialista, mantiene cercano a la línea de pobreza a la mayoría de los trabajadores. Según un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, el 21,8% de los trabajadores dependientes formales que se desempeñan en el sector privado bajo jornada completa, reciben el salario mínimo, lo cual representa más de 800 mil personas. La Fundación Sol por su parte ha elaborado estudios irrefutables sobre la cercanía salarial con la línea de pobreza en que vive gran número de los casi 10 millones de personas que, según el Instituto Nacional de Estadísticas INE) constituyen la fuerza de trabajo.
El salario de hambre lo fijan ministros y parlamentarios que ganan más de 7 millones de pesos mensuales (sin contar los ingresos a través fundaciones creadas al alero de municipalidades controladas por sus partidos).
Varios ex presidentes de federaciones estudiantiles, fogosos oradores de tumultuosas marchas, están ahora en el gobierno y parlamento. Del cambio social prometido ni se acuerdan. En el gobierno, desde luego, están Gabriel Boric, presidente de la República y ayer de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH); Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Nicolás Grau, Miguel Crispi, Jeanette Jara (y algún otro -u otra- que olvido).
Uno esperaría que este aguerrido equipo hiciera un esfuerzo por cambiar este país con el estigma de la mayor desigualdad en el mundo.
El temporal que desbordó los ríos, inundando casas y tierras de cultivo, mostró otra vez lacerantes escenas de la pobreza en Chile. El modesto patrimonio de los pobres se lo llevaron las aguas y el barro.
El país sigue a paso cansino y los gobiernos han convertido en apotegma las palabras del presidente liberal Ramón Barros Luco (1910-1915): “No hay sino dos clases de problemas: los que se solucionan solos y los que no tienen solución”.
El presidente Boric, presionado por sus asesores, suspende su viaje a la Antártica para monitorear el temporal -descrito por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, como un “terremoto de agua”-. Las visitas presidenciales a poblaciones inundadas anunciaron lluvia distinta. Esta vez de bonos que alcanzarán apenas para comprar parafina.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, puso a temblar a la oligarquía al pronosticar una nueva rebelión popular -como el “estallido” del 2019- si se niega a pagar más impuestos.
El ministro tiene razón: la sumisión del pueblo tiene un límite. Alcanzado ese punto –y Chile está muy cerca a pesar de la molicie del movimiento sindical- se abren las compuertas del torrente social. Ni el “peso de la noche” portaliano, que arrastramos por siglos (1), podrá contener la protesta contra la desigualdad de 20 millones de chilenos.
En ese momento los ex dirigentes sociales en el gobierno y parlamento tendrán que tomar una opción.
Ya veremos cuál.
(1) Carta de Diego Portales a Joaquín Tocornal; Valparaíso, 16 de julio de 1832.