Todo empezó con la reforma laboral de 2012, cuando el gobierno del PP y su mayoría absoluta modificaron las normas de la negociación colectiva dando preeminencia a los convenios de empresa sobre los de sector. En el sector de seguridad privada, entre otros sectores, han proliferado nuevas empresas «piratas» creadas ex profeso para imponer condiciones […]
Todo empezó con la reforma laboral de 2012, cuando el gobierno del PP y su mayoría absoluta modificaron las normas de la negociación colectiva dando preeminencia a los convenios de empresa sobre los de sector.
En el sector de seguridad privada, entre otros sectores, han proliferado nuevas empresas «piratas» creadas ex profeso para imponer condiciones socio laborales menores a las del convenio sectorial, y así poder competir a la baja en precios en el mercado. Cabe decir que la seguridad es un sector donde hay una gran dispersión laboral, con miles de centros de trabajo atendidos por pocos trabajadores, aunque haya una relativa concentración del número de empresas.
La Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de USO, junto con otros sindicatos, han organizado a los trabajadores de las empresas piratas y denunciado ante los tribunales esa competencia desleal. Los trabajadores, orientados por los sindicatos, han hecho huelgas intermitentes o a la ‘japonesa’, formando interminables colas, etc. Estas acciones en centros públicos han dado a conocer el que la propia Administración, ha contratado en la renovación de concursos a nuevas empresas con los mismos trabajadores pero por sueldos y otras condiciones radicalmente inferiores.
Las movilizaciones han provocado respuestas en varios planos. En el legislativo, las Cortes (el parlamento nacional donde el partido del Gobierno está en minoría) han aprobado en 2017 una reforma en la contratación pública para que el precio ya no sea el único criterio de selección de la empresa ganadora de la licitación y, además, recomienda que se tenga en cuenta el respeto de los convenios laborales sectoriales. En el plano judicial ha habido avances contra empresas piratas, come en el caso de Marsegur/Novosegur que, en el año 2013 no contaba con más de 100 trabajadores y, a finales del año 2017, tenía unos 1.500 con salarios menores al convenio del sector de hasta 5.000 euros anuales. Los sindicatos entablaron un proceso judicial contra la empresa y los tribunales les dieron la razón confirmando también la vulneración del derecho de huelga ocurrida en las movilizaciones y condenando a la empresa a indemnizar a los sindicatos. También han declarado la nulidad del Primer Convenio Colectivo en la empresa porque los ‘trabajadores firmantes’ no eran los representantes sindicales electos. El tribunal, además, argumentó que estas prácticas conferían a la empresa demandada menores costes laborales que los establecidos en el convenio sectorial, generando una competencia desleal desfavorable a las empresas y trabajadores de seguridad en general.
Lo que se está consiguiendo a duras penas en el sector de la Seguridad Privada tiene que extenderse a otros sectores donde han proliferado convenios colectivos menores a los sectoriales. En definitiva, hay que romper el dictado de la política de austeridad neoliberal que modifica los marcos legales con el objetivo de reducir el peso salarial en la renta nacional frente a los beneficios, y pagar menos impuestos sobre dichos beneficios.
Santiago González Vallejo (USO)
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