La justicia transicional colombiana se presenta como un modelo de excelencia para la construcción de una paz duradera poniendo los derechos de la víctima en el centro. El tribunal de paz creado con este fin desempeña un papel clave en la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la restauración. Las experiencias de los familiares de las víctimas de La Esperanza del Carmen del Viboral son la dolorosa prueba de lo contrario.
Una guerra de desgaste buscando la verdad
Mi cita para ir con doña Flor a La Esperanza del Carmen del Viboral fue cancelada. Su nombre completo es Florinda de Jesús Gallego Hernández. La esperaban en una reunión sobre el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos ocurridos en La Esperanza. La sentencia de la CIDH data de agosto de 2017, hace más de 7 años; los hechos en La Esperanza datan de 1996, hace más de 28 años. En 1996, 19 personas fueron secuestradas por hombres armados para desaparecerlas para siempre. También hubo un muerto, el personero, asesinado porque decidió ir al tribunal.
Nos reunimos unos días más tarde, en las oficinas de la Corporación Jurídica Libertad, una organización de derechos humanos en Medellín, la capital de Antioquia. Doña Flor me recibe con los brazos abiertos. Rebosa de energía y la acompaña Sergio Arboleda, subdirector de la Corporación que apoya a los familiares de las víctimas desde el principio.
Las víctimas eran jóvenes en la flor de su vida. El marido de doña Flor era uno de ellos, así que dos de sus hermanos y una prima. Cinco hombres fuertemente armados sacaron a su marido de la casa. Doña Flor estaba embarazada de su quinto hijo. “Mi’ija, me tengo que ir con ellos. Cuídese mucho,” fueron sus últimas palabras. “Mi hija menor nunca conoció a su padre”, dice en voz bajita. Durante nuestra conversación habrá más momentos de silencio triste.
La Esperanza es una pequeña comunidad de caficultores por ahí arriba en las montañas de Antioquia, a una hora en coche de Medellín. Sus pobladores son como una gran familia donde todos se conocen. Doña Flor es una de las portavoces. “No nos rendimos y seguimos buscando la verdad”, dice firme y decidida, “pero sin el apoyo de la Corporación ya nos habríamos desalentado desde hace mucho.” La tristeza que sigue sintiendo, no deja de doler y no desaparecerá nunca. “A veces yo también me siento terriblemente cansado”, confiesa Sergio. “Éste no es un mero empleo, sino un compromiso político y personal que se robustece con los años. Cuando digo que esto cansa, es más bien por la carga emocional de la cual es imposible desprenderse.”
Doña Flor entiende lo que quiere decir y asiente con la cabeza. No todos los familiares encontraron la fuerza para perseverar buscando la verdad. Por fin la CIDH acogería los expedientes de 13 de las 19 víctimas.
El Estado colombiano es culpable
Veintiún años después de los hechos, la CIDH declaró culpable al Estado colombiano por la desaparición forzada de 12 habitantes de La Esperanza, entre ellos tres menores de edad, y por el asesinato del personero. La sentencia tiene 138 páginas y la conclusión es clara e inequívoca: las Fuerzas Armadas colaboraron con los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y el Estado colombiano violó el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial de los familiares de las víctimas. La CIDH dictaminó que el Estado colombiano debe realizar una investigación judicial exhaustiva de los hechos y “emprender una búsqueda, a través de todos los medios disponibles, del destino o paradero de las víctimas desaparecidas o de sus restos mortales.” Los familiares también tienen derecho a una serie de medidas reparadoras especificadas por la CIDH.
En mi “entusiasmo” por la decisión de la CIDH, pregunto ¿en qué etapa se encuentra el proceso de identificación de las víctimas? “No, no,” responden doña Flor y Sergio al unísono, “seguimos buscando.” No me queda muy claro. “Aún no sabemos dónde están. Aún no sabemos nada. No sabemos qué pasó con ellos, no sabemos dónde los dejaron, no sabemos si tiraron sus cuerpos al río o a una fosa común o a un cementerio clandestino. No sabemos nada, absolutamente nada”, enfatiza doña Flor.
“Pues, ¿los están buscando?” intento. “No,” contesta Sergio para mi consternación. “No estamos hablando de víctimas cualquiera,” explica. “Se trata de víctimas de una violencia criminal que durante décadas fue tolerada e incluso organizada por el Estado.” “Lo que pasó en La Esperanza,” continúa, “no fue aleatorio, sino formó parte de una política más amplia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y tratos infrahumanos a cualquiera que encajara en la imagen del ‘enemigo interno’”.
El “enemigo interno”
La imagen del enemigo interno, tal como fue diseñada por el Estado colombiano, apuntaba a sindicalistas, líderes de organizaciones sociales, dirigentes campesinos, defensores de derechos humanos y a todos aquellos que fueran “de izquierda” y se atrevieran a criticar las autoridades. “Las víctimas fueron cuidadosamente seleccionadas antes de que se desplegaran a los militares y paramilitares. Una especie de mecanismo de limpieza social,” explica Sergio, “sustentado por un alto grado de impunidad.”
Después de casi 30 años, la investigación judicial sobre los responsables de los hechos de La Esperanza y el destino de las víctimas aún no ha avanzado nada. “Eso tiene mucho, si no todo, que ver con el hecho de que el sistema judicial en Colombia haga parte intrínsica de un conflicto armado que gira en torno a la propiedad de la tierra y el control de los territorios,” aclara Sergio, “y ahora quizás más que antes.”
El Oriente antioqueño no sólo sumamente fértil, sino también dispone de un enorme potencial para el desarrollo del turismo, la minería (oro, níquel y carbón) y la hidroelectricidad. Las organizaciones rivalizantes siguen disputándose el control de los territorios con las armas. Las tierras abandonadas por la gente que se vieron forzadas a huir apresuradamente, están siendo usurpadas por oligarcas locales, dirigentes políticos, ex militares y paramilitares. Doña Flor, quien conoce la zona mejor que nadie, no sólo como portavoz de los familiares de las víctimas sino también como activista ambiental, es categórica: “Aquí el paramilitarismo sigue presente y activo.”
Si se quiere investigar el caso de La Esperanza a fondo, habrá que tocar inevitablemente las estructuras de poder que se forjaron históricamente, y eso es algo que el establecimiento, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, quiere evitar absolutamente. Durante muchos años Uribe fue senador (1986-1994; 2014-2020) y antes de ser Presidente de la República (2002-2006; 2006-2010), fue brevemente alcalde de Medellín (1982) y gobernador de Antioquia (1995-1998).
Las limitaciones del tribunal de la paz
Poco después de la sentencia de la CIDH, la Corporación Jurídica Libertad presentó una solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para incluir a La Esperanza en sus investigaciones. La JEP es el tribunal de la paz que se creó en 2017 tras los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las FARC (2016). La solicitud no fue autorizada. La Esperanza no cumplió con los criterios operativos que la JEP se había fijado. La JEP aplicó una especie de sistema de embudo reduciendo cada vez más su radio de acción “para darle orden al trabajo.” No obstante el juicio de la CIDH, La Esperanza se quedó fuera.
La decepción es grande. “En Colombia se conocen más de 120.000 casos de desaparición forzada, pero la JEP se niega a hacerle un macrocaso específico para su funcionamiento,” dice Sergio. El mecanismo de priorización que utiliza, implica que la JEP sólo investigará una fracción de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes de guerra. Además, la JEP sólo quiere tratar casos que ya han sido ampliamente documentados por las organizaciones de derechos humanos. En otras palabras, la JEP sólo dice lo que ya sabemos y sólo está esclareciendo lo que ya está esclarecido. En lugar de esclarecer y buscar la verdad, la JEP se está convirtiendo cada vez más en un mecanismo de impunidad.
Lo que el gobierno colombiano en un principio intentó promover como el gran modelo de justicia transicional centrada en los derechos de la víctima, se fue erosionando bajo la presión de las élites en el poder. “Los máximos responsables políticos, y más particularmente los expresidentes y exministros, quedaron completamente a salvo. Los llamados «terceros», como los empresarios implicados en actividades paramilitares, no pueden ser citados por la JEP a menos que se presenten voluntariamente, lo que les permite evitar ser condenados en la justicia ordinaria. Para los máximos responsables militares de crímenes de guerra y de lesa humanidad, se ideó un sistema que les permite obtener una reducción significativa de sus condenas o incluso recuperar la libertad. Se trata de una amnistía encubierta que también se aplica a militares condenados a 20, 40 o incluso 60 años por la justicia ordinaria, pero que son puestos en libertad – con o sin restricciones – si desean declarar voluntariamente ante la JEP.”
Las críticas a las limitaciones de la JEP no son nuevas para mí, pero oírlas de boca de abogados defensores de los derechos humanos y de las víctimas añade otra dimensión que me llena de una sensación indefinida de desaliento.
Ni un minuto de silencio
Dada la importancia estratégica del Oriente antioqueño, casi todas las organizaciones armadas implicadas en el conflicto interno pasaron por ahí en las décadas pasadas. La Esperanza está ubicada en la carretera que conecta Medellín directamente con la capital de Bogotá. La decisión de las Fuerzas Armadas de estacionar allí una unidad especial, la Fuerza de Tarea Águila, para controlar el tránsito, marcó el inicio de graves violaciones de derechos humanos en la región.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 el conflicto armado interno en Colombia hizo más de 8.5 millones de víctimas. El 17% de ellas, casi 1.6 millón, proviene de Antioquia. El departamento encabeza la lista en número de homicidios (28%), desapariciones forzadas (23%), secuestros (20%), desplazamiento forzado (19%) y ocupa el segundo lugar en reclutamiento forzado (14%). Antioquia es uno de los 32 departamentos que tiene Colombia. Más de una vez doña Flor tenía que buscar refugio con sus hijos por la gravedad de las amenazas.
Gracias al apoyo de la Corporación, los familiares de las víctimas han logrado llegar donde la CIDH, la máxima autoridad judicial de América Latina, pero a pesar de esto, y depués de tantos años, la investigación judicial no ha avanzado ni un milímetro. Sin embargo, no parece tan difícil localizar a los autores. Una de las piezas de prueba presentada ante la CIDH fue un reportaje hecho por el periodista colombiano, Hollman Morris. Morris le hace una entrevista a Ramón Isaza, exlíder paramilitar de la entonces ACMM. Isaza no oculta su papel en La Esperanza. “En La Esperanza no había ningún campesino.” dice Isaza. “La palabra ‘campesino’ es la que utiliza la Fiscalía y los Derechos Humanos porque la guerrilla utiliza este idioma (…) En muchas áreas todo el mundo definitivamente es guerrillero.” Ramón Isaza sigue libre y nadie quiere decir qué pasó con las personas a las que se llevaron en 1996.
“La situación en Colombia es complicada”, dice doña Flor. “La guerra sigue y la ultraderecha colombiana la alimenta. La élite habla mucho de «seguridad», pero sigue matando porque quieren el control absoluto del oriente de Antioquia. El paramilitarismo nunca se ha ido de aquí.”
En octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro viajó a La Esperanza para pedir perdón en nombre del Estado colombiano como lo había sentenciado la CIDH. Aparentemente sus predecesores Santos (2010-2018), Premio Nobel de la Paz, e Iván Duque (2018-2022) no lo consideraron necesario. Doña Flor fue una de las personas invitadas a dar su testimonio durante la ceremonia. “Por nuestros desaparecidos ni un minuto de silencio, ” gritaron los presentes.
Un periodista del diario colombiano El Espectador observó que a veces Petro estaba distraído. Ese día publicó en sus redes sociales: “El golpe de Estado ha comenzado.”
Marleen Bosmans es politóloga y lleva toda una carrera como experta en derechos humanos en distintas áreas de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe, Africa y Asia.
Traducción hecha por la autora. Versión original publicada en De Wereld Morgen, Bélgica, 2 de abril de 2025, bajo el sistema de Creative Commons: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2025/04/02/ongelijke-strijd-tussen-slachtoffers-van-burgeroorlog-in-colombia-en-machtselites-van-status-quo/.