La brutal especulación urbanística que ha marcado estos años de «prosperidad», ha sido el gran chollo de banqueros, constructoras e inmobiliarias, que se han hecho con fortunas fabulosas a costa de una transferencia masiva de rentas de la clase trabajadora. La otra cara de la moneda es: 1) el endeudamiento y la angustia de cientos […]
La brutal especulación urbanística que ha marcado estos años de «prosperidad», ha sido el gran chollo de banqueros, constructoras e inmobiliarias, que se han hecho con fortunas fabulosas a costa de una transferencia masiva de rentas de la clase trabajadora.
La otra cara de la moneda es: 1) el endeudamiento y la angustia de cientos de miles de familias trabajadoras, forzadas a hacer verdaderos equilibrios para llegar a final de mes, ante unas cuotas hipotecarias cada vez más imposibles, y 2) la intolerable situación de la gran mayoría de la juventud trabajadora, que con sueldos raquíticos y contratos precarios, ve cerrado su acceso a una vivienda y a su independencia personal. Una situación que afecta igualmente a los cientos de miles de trabajadores inmigrantes y que se extiende a los jubilados/as con pensiones miserables que se ven sometidos a mobbing por inmobiliarias sin escrúpulos, alentadas por los planes municipales para «limpiar» el centro de las ciudades.
La burbuja se acaba y el Gobierno sale al rescate
Pero el negocio del ladrillo apunta a su fin, coincidiendo además con el colapso de la burbuja norteamericana. Las hipotecas se han hecho prohibitivas, descienden las ventas, los precios de los pisos se estancan y baja la construcción de nuevas viviendas, dando paso a despidos masivos en el sector, hasta ahora puntero. Los bancos temen una crisis de hipotecas y el pánico comienza a adueñarse de constructoras e inmobiliarias.
Mientras la maquinaria funcionaba, el gobierno central y los autonómicos estaban tranquilos y felices. Pero ahora, ante el inicio del pinchazo de la burbuja, han acudido raudos al rescate del negocio de los bancos y de los grandes magnates del ladrillo, mediante medidas que pretenden vender ante la clase trabajadora, especialmente entre el sector de la juventud, como la panacea de todos los problemas generados por la especulación. Y claro, como vienen elecciones, hay que vestir todo el asunto como un «giro social».
Así, el Gobierno acaba de anunciar a bombo y platillo una plan que, según Zapatero, hará «que la vivienda deje de ser un problema para convertirse en un derecho». Pero sus medidas son un calco del fracasado «plan de choque» de 2004 de la ministra Trujillo. La medida principal prometida ahora por la ministra Chacón es una subvención mensual de 210 euros, durante cuatro años, para jóvenes entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros anuales (el plan anterior, aún vigente, marca 240 euros, para ciudadanos/as menores de 35 años). La diferencia principal es que ahora la subvención la gestionará el Gobierno y no las Autonomías. La otra gran medida prevista son desgravaciones fiscales de los alquileres para aquellos que ganen menos de 24.000 euros.
A los propietarios se les van a ofrecer garantías de cobro y agilizar los desahucios con juzgados especiales. Los constructores y promotores no van a ser menos y serán beneficiados con desgravaciones y ayudas directas.
Pero, frente a la actual demagogia, el ministro Solbes fue claro en marzo de 2006, cuando declaró que toda la experiencia anterior señalaba que «la subvención al inquilino [y lo mismo ocurre para las ayudas directas, añadimos nosotros] se traslada al incremento de precios (…) tiene muy poco impacto y, al final, lo que sirve es para aumentar los precios». Y es que el gran objetivo del plan no es bajar los precios o atacar los privilegios de los especuladores sino mantener su negocio. Lo mismo puede decirse del Pacto catalán por la Vivienda, aprobado a capricho de los promotores y constructores. Y también es el caso del proyecto de la Junta de Andalucía -elogiado por los representantes financieros y de las empresas de la construcción- que habla de construir 700.000 viviendas nuevas…cuando hay 630.000 desocupadas.
¡El 6 de octubre, todos/as a la calle por una vivienda digna!
El próximo 6 de Octubre, con las movilizaciones a escala estatal, se presenta una buena oportunidad para que la juventud trabajadora se ponga en vanguardia de la movilización para denunciar el fraude electoralista del Gobierno y para decir basta a los continuos abusos de las empresas constructoras, inmobiliarias y financieras, que hacen de la especulación y la usura un arte para robar a la clase trabajadora y negarle uno de sus derechos más elementales. Exijamos:
- La inmediata congelación de las hipotecas que ahogan a la clase trabajadora, y su posterior reducción a cargo de los bancos, que se han forrado y se forran a nuestra costa.
- Los pisos y casas que no estén habitados por una causa claramente justificada deben ser puestas inmediatamente y por ley a disposición de la población demandante de vivienda. ¡¡¡Estamos hablando nada menos que de tres millones de viviendas vacías!!! Su alquiler no debe superar el 25% del salario.
- La creación de un parque público de viviendas de alquiler, con los alquileres igualmente limitados al 25% del salario.
(*) A Luchar por el Socialismo es una publicación mensual del PRT – Izquierda Revolucionaria, sección oficial en el Estado Español de la Liga Internacional de los Trabajadores (IV – Internacional)