Terminaba mi artículo de la semana pasada señalando que estamos entrando en un tiempo nuevo. Prueba de ello son los históricos resultados de las elecciones del 14-F en Cataluña. Se trata de un avance sin precedentes de las fuerzas populares, lo que alienta en muchos de nosotros el convencimiento de que es posible hallar una salida democrática pactada a la tremenda crisis de las instituciones, a la que finalmente nos ha abocado el régimen del 78.
Se constata que el procesamiento, condena y encarcelamiento de los lideres de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha tenido el efecto contrario al que pretendía el Estado.
Rechazamos, por tanto, la humillante presencia de Felipe VI en el acto que está previsto se celebre en el Congreso de los Diputados este martes, en conmemoración del 40 aniversario del 23-F. Un acto que golpea la conciencia colectiva de nuestros pueblos mediante la aterradora imagen de una acción terrorista en nombre del Rey -actualmente fugado- que primero alentó y luego frenó. Lo que constituye una nueva farsa, en realidad un maltrato psicológico conocido como luz de gas.
La explotación sistemática del miedo, recurriendo a una memoria sesgada del 23-F, ha sido una constante durante cuatro décadas, proyectando una falsa imagen de la corona como supuesta salvadora de nuestras libertades. Maltrato psicológico cuya finalidad no es otra que conseguir el sometimiento de la voluntad popular a los intereses de la oligarquía, de la que la Familia Real forma parte.
Las certeras declaraciones de Pablo Iglesias, Vicepresidente del Gobierno y líder de UP, previas a las recientes elecciones del 14-F, han quedado rotundamente corroboradas por los resultados de las elecciones al Parlamento de Catalunya:
“No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando, los líderes de los dos partidos que gobiernan en Catalunya, uno está en la cárcel y el otro en Bruselas”.
Lo prueban también los graves incidentes ocasionados por el absurdo encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, ordenado por la Audiencia Nacional. Una incomprensible decisión de la justicia española que ha crispado la situación política incendiando las calles.
Por si fuese poco, la desmedida actuación de la fuerza pública en la manifestación de Barcelona, en la que una joven ha perdido un ojo por impacto de un proyectil -más las numerosos heridos y detenciones- han agravado aún más si cabe el conflicto.
Mientras tanto, se tolera el enaltecimiento de Franco y de su dictadura, responsable de un régimen de terror, con más de cien mil asesinatos después de concluir la guerra, que siguen impunes, además de otros innumerables hechos presuntamente delictivos más recientes, como el famoso chat de mandos militares retirados, amenazando con fusilar a media España. Es la prueba evidente del sentimiento de impunidad con que actúan sus autores.
Todas estas fechorías fascistas no son tratadas con el mismo rigor por la justicia, ni por la policía, y quedan finalmente impunes. Lo que, con más de 4 millones de familias al borde de la indigencia y un 40% de paro juvenil, puede provocar una explosión social de consecuencias imprevisibles.
Quizá por ello estamos asistiendo a un acontecimiento histórico sin precedentes desde la muerte del dictador: el voto independentista no solo obtiene la mayoría absoluta de los escaños al Parlament de Catalunya, sino que alcanza más del 50% de los votos emitidos.
Se trata de una revolución nacional democrática, en el buen sentido de la palabra, que está siendo estimulada por el rechazo de una mayoría de su población al fascismo rampante que emana del régimen del 78. La alianza estratégica entre la derecha y la izquierda nacionalistas -incluida la CUP- prueba que están poniendo en un primer plano la lucha por las libertades democráticas y su rechazo frontal a la monarquía del 18 de julio.
Las fuerzas soberanistas han pasado, pues, a un segundo plano la consabida lucha de clases a fin de mantener la coherencia del movimiento. Lo que explica el crecimiento relativo de la CUP, que introduce un factor de corrección a las concesiones de la izquierda independentista, factor de corrección necesario para su cohesión. En definitiva, una alianza de los trabajadores con el resto de su pueblo, a fin de propiciar la ruptura con la monarquía, que sigue siendo la fuerza dominante en el resto del Estado y, por tanto, la barrera que impide la aplicación de políticas sociales acordes con la gravedad de la situación.
En lúcidas palabras de nuestro compañero José Ignacio Domínguez, portavoz en el exilio de la UMD y Vicepresidente del FMD:
“La cantinela de que somos una democracia plena la llevamos oyendo desde finales de los años setenta. Lo han repetido tantas veces que incluso consiguieron que ingresáramos en la CEE en 1985 estando vigente el Código de Justicia Militar de Franco que permitía fusilar a civiles”.
Es por ello muy mala noticia que un partido de ultraderecha, furibundamente monárquico, se esté alzando con el liderazgo de la derecha monárquico franquista en el conjunto del Estado, pues esta depende de sus votos en muchas comunidades autónomas -excepto en Galicia, en la que no tiene representación alguna- amenazando con devorar al cuerpo principal del que se ha desmembrado.
La enfurecida ofensiva de la derecha monárquico franquista, exigiendo la salida del Gobierno de Pablo Iglesias, a la que se adhiere entusiastamente un rancio sector del PSOE de la época de los GAL, tiene como evidente finalidad provocar la caída de UP, de forma que arrastre también al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Es, pues, el Presidente -con la pretendida caída de su Vicepresidente- la pieza que los poderes fácticos, con gran influencia sobre los llamados barones, pretende cobrarse.
Además, el 80 % de los políticos jubilados se sientan en los Consejos de Administración de las grandes corporaciones, como es el caso del expresidente del gobierno Felipe González, o del exvicepresidente Rodrigo Rato e incluso del exministro socialista Jordi Sevilla, por citar los más conocidos. Lo que unido al poder de los bancos en los medios de persuasión, que no de información, constituyen la famosa dictadura del capital sobre el trabajo, dejando vacío de contenido cualquier reclamo democrático.
Ciertas asociaciones, nucleadas en torno a una ideología monárquico franquista de ultraderecha, más propias de otras épocas que de un país europeo moderno, son las directamente responsables de las actuaciones desmedidas que observamos en algunos incidentes provocados por la fuerza pública. Son luz de gas con la que el poder reaccionario siempre intenta impedir los procesos sociales, cuando no con la intervención directa del ejército.
La expulsión de dos militares -el Cabo del Ejército Marco Antonio Santos por firmar su rechazo a un manifiesto militar franquista; el Oficial del Ejército Luis Gonzalo Segura, por su denuncia de la corrupción- son el resultado de una justicia militar de origen franquista, que actúa como juez y parte. La rehabilitación de ambos, así como la eliminación de la justicia militar en tiempos de paz, son pasos ineludibles para poner coto a los desmanes del franquismo en las Fuerzas Armadas, que acaban afectando desgraciadamente al conjunto de la sociedad.
Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío de la Armada (R), militante de la disuelta UMD, miembro de Anemoi y socio del FMD, presidente federal de Unidad Cívica por la República (UCR).
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