Entre las conclusiones que se desprenden de la sentencia sobre la M-30 también queda clara la ilegalidad de la actuación del Gobierno regional, permitiendo una obra tremendamente destructiva en una zona arqueológica de primer orden sin evaluación ambiental. Por otro lado, Ecologistas en Acción, ante las declaraciones del Ayuntamiento de dar por «finiquitado» este asunto, […]
Entre las conclusiones que se desprenden de la sentencia sobre la M-30 también queda clara la ilegalidad de la actuación del Gobierno regional, permitiendo una obra tremendamente destructiva en una zona arqueológica de primer orden sin evaluación ambiental. Por otro lado, Ecologistas en Acción, ante las declaraciones del Ayuntamiento de dar por «finiquitado» este asunto, retan a sus responsables políticos a que expliquen qué sentencia tienen a su favor avaladas por la más alta instancia judicial europea, como es el caso de la que ahora declara ilegal la obra más emblemática de Ruiz-Gallardón.
Además de dejar clara la ilegalidad de la actuación del Ayuntamiento en la reforma de la M-30, la sentencia del Tribunal del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid también es contundente con la Comunidad de Madrid. La administración regional también vulneró la legalidad.
Efectivamente, la sentencia dice de forma literal en su página 36: «Pocas dudas caben sobre la exigencia de dicho requisito [la evaluación de impacto ambiental previa]. El tenor del precepto es claro, el verbo utilizado imperativo y por ello no admiten margen de interpretación: cualquier acto de intervención en un bien arqueológico declarado de interés cultural […] exige previo informe de evaluación ambiental».
Las administraciones públicas deben ser garantes del cumplimiento de la legalidad. Pero, ante evidencias como esta sentencia sobre la reforma de la M-30, nadie da explicaciones ni pide disculpas, por no hablar ya de asumir las consecuencias políticas.
En este mismo sentido, Ecologistas en Acción denuncia la estrategia propagandística y de cortina de humo del Ayuntamiento de Madrid, remitiendo a otros procedimientos judiciales que apenas tienen relación con lo que se está valorando en esta sentencia del juzgado nº 22 de Madrid, para así evitar dar explicaciones ni asumir responsabilidades.
Así, a la organización ecologista le gustaría que algún responsable político municipal aclarara: 
Qué sentencia le ha dado la razón al Ayuntamiento que tenga el soporte del máximo órgano judicial europeo, el Tribunal de Luxemburgo, como ocurre ahora con la sentencia que, con meridiana rotundidad, declara ilegal la reforma de la M-30. Qué argumentos de los recogidos en la sentencia del Tribunal nº 22 no son correctos o no tienen fundamento legal. Qué relación tiene el brutal sobrecoste de la M-30 con la subida también brutal de impuestos y los recortes en equipamientos sociales. Qué problemas (tráfico, contaminación…) ha resuelto esta obra.
Pero, como siempre ocurre, nadie responderá, nadie asumirá responsabilidades. Sólo propaganda.
Noticia relacionada:
La ampliación de la M-30 es ilegal
