Justo tres meses después del atentado de la T-4, Gobierno español (con su interlocución reducida a una persona) y ETA volvieron a reunirse. Esta cita de marzo supuso una toma de contacto antes de los encuentros definitivos de mayo. En ella, la parte estatal insistió en la necesidad de un nuevo comunicado de ETA y […]
Justo tres meses después del atentado de la T-4, Gobierno español (con su interlocución reducida a una persona) y ETA volvieron a reunirse. Esta cita de marzo supuso una toma de contacto antes de los encuentros definitivos de mayo. En ella, la parte estatal insistió en la necesidad de un nuevo comunicado de ETA y la organización armada replicó reivindicando los compromisos acordados ya por ambos en 2005. Y sobre todo uno: el acuerdo político pendiente.
Documentación a la que ha tenido acceso GARA confirma que Gobierno español y ETA retomaron los contactos de tipo directo a finales del pasado mes de marzo. Para entonces habían transcurrido tres meses desde el atentado de Barajas que llevó al Ejecutivo de Zapatero a declarar roto el proceso públicamente, aunque, como aparecería en esta reunión, no trasladó este mismo mensaje a la mesa de negociación. Esta cita de marzo suponía una toma de contacto para sondear la posibilidad de emprender el intento de proceso de resolución colapsado en diciembre. Y terminó constituyendo una especie de transición entre las reuniones de diciembre de 2006, que terminaron sin acuerdo, y el nuevo intento desarrollado en el reciente mes de mayo, del que GARA ya dio cuenta de forma somera.
A la reunión de marzo el Gobierno llega con una representación reducida a una persona, frente a las tres que habían intervenido habitualmente en las rondas de reuniones anteriores. El interlocutor argumenta para ello razones de seguridad relacionadas con la necesidad de mantener discreción absoluta después de la declaración pública de ruptura del proceso hecha tras el 30-D. Pero en la otra parte hay otra ausencia con más trasfondo: la de Jon Iurrebaso, detenido justo un día antes por la Policía francesa junto a Kepa Suárez. Este elemento y la proximidad de las elecciones se convertirían en dos constantes puntos de fricción en la mesa.
Lo sustancial de las conversaciones de estos dos días de diálogo, según ha podido comprobar GARA, estriba en cómo ve cada parte la posibilidad de relanzar un proceso. El enviado de José Luis Rodríguez Zapatero llega con un objetivo que pone sobre la mesa una y otra vez: lograr un nuevo comunicado de ETA que suponga «un compromiso firme y claro de renuncia a los atentados». Lo reclama asegurando que la explosión de Barajas ha cercenado el margen de acción de La Moncloa, además de dejar en entredicho la credibilidad de ETA. Un mensaje que va en sintonía con las declaraciones de dirigentes de PSOE y PNV en esas semanas.
Frente a este criterio, la delegación de la organización armada vasca trae a colación que ya existen unos acuerdos de base, los suscritos en 2005, pese a que han sido incumplidos reiteradamente. Para esta parte, lo que procede no es por tanto buscar otras bases, sino cumplir las acordadas. Considera que lo que Madrid busca es «renegociarlas», y se niega a ello.
El Gobierno ofrece un trueque
Entre estas bases existe una absolutamente central en opinión de ETA: el acuerdo político pendiente, cuyos raíles constan en la declaración hecha por Zapatero el 29 de junio de 2006 y pactada meses antes por el Gobierno y la organización armada. Durante esta reunión de marzo, ETA propone una fórmula de relanzamiento del proceso apoyada en dos principios consensuados en 2005 pero pendientes de aplicación por la parte estatal: «Acuerdo político» y «distensión bilateral».
En este punto, el interlocutor del Ejecutivo del PSOE plantea a ETA una especie de trueque. Quiere saber si está dispuesta a realizar un comunicado con nuevos compromisos; y, a cambio, ofrece que el presidente del Gobierno español haga una declaración «en términos de distensión bilateral». Pero ETA matiza que la clave para apreciar si Madrid tiene voluntad no es ésta, sino el acuerdo político.
La «hoja de ruta» que pone sobre la mesa el representante de Madrid es diferente. Insiste en que necesita otro comunicado: «No se pide un desarme, no -aclara textualmente-, pero sí seguir sin atentados». A partir de ahí, el Ejecutivo español dice que estaría dispuesto a legalizar a la izquierda abertzale y a reactivar la búsqueda del acuerdo político.
Por si esta propuesta no es aceptada, Madrid lleva a la cita, realizada en otro país europeo diferente al que ha acogido reuniones anteriores, otra oferta con cuatro pasos correlativos: si la izquierda abertzale corrige los estatutos del nuevo partido inscrito (Abertzale Sozialisten Batasuna) para adecuarlos más a la Ley de Partidos, y si garantiza además que no habrá atentados, el Gobierno dice que abrirá negociaciones en los dos carriles: político y militar.
Por debajo de las propuestas concretas, las coordenadas de fondo de la discusión son muy claras. Mientras la parte estatal trata de arrancar nuevos compromisos de cese de acciones violentas a ETA, ésta incide en que la clave para avanzar es cumplir el compromiso de lograr un acuerdo político. Pero el representante estatal no llega a tanto: en el punto más avanzado del cruce de mensajes dice estar dispuesto a seguir buscando un acercamiento al consenso, pero desde el punto en que han encallado las conversaciones entre los partidos en Loiola (es decir, con la propuesta que Batasuna no ha aceptado por su indefinición) y sin asumir compromiso alguno de que se llegará a un acuerdo definitivo.
Constitución como límite
En este terreno, el delegado de Zapatero introduce desde el inicio una confesión que aclara algo que viene coleando desde meses atrás, en concreto desde la declaración del presidente español en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que para ETA ésta no se atuvo al detallado acuerdo (el «punto cero») alcanzado tras muchas horas de debate palabra por palabra. El interlocutor estatal admite ahora que el Gobierno tenía un «diseño» para recorrer el proceso, y que el primer criterio era someterse siempre a «la Constitución y la ley». ETA recuerda que esto no entraba en lo acordado. Desde la otra parte no hay réplica.
El Ejecutivo sí se muestra más incisivo al citar el segundo aspecto de su «diseño» previo: la separación de la «vía política» y la «vía técnica». Acusa a ETA de haber «dado la vuelta» a este esquema al condicionar los avances en el carril técnico al logro del acuerdo político. La organización recuerda en todo momento que la necesidad de este consenso político está definida con claridad en el «punto cero». El representante estatal cierra este bloque indicando que en cualquier caso ésta no es una dificultad insalvable, porque «se puede hablar de modificar el esquema».
Muestras de voluntad
Pese a las dificultades existentes y a la divergencia entre los planteamientos, el tono y el contenido de las intervenciones hacen que el intermediario internacional aprecie voluntad mutua de seguir conversando.
El Gobierno de Zapatero sitúa su presencia en esta nueva reunión como «un intento para establecer condiciones que permitan volver al proceso». ETA reitera que tiene voluntad de continuar «hasta el final», pero insiste por un lado en que la resolución debe ser política, y por otro en que el proceso tiene que estar «alimentado por ambas partes».
El tiempo consumido en reproches mutuos no es mucho, aunque ambos se declaran, de forma genérica, engañados por la otra parte: el Gobierno, debido al atentado de la T-4, que insiste en que no esperaba; y ETA, por el incumplimiento de los compromisos desde el comienzo. Es en esta cuestión en la que la organización armada ubica su decisión de hacer explotar el artefacto de Barajas. Y añade que no sólo es ETA quien se siente estafada por el Ejecutivo del PSOE, sino que éste «es un sentimiento mayoritario en Euskal Herria».
En la recta final de la reunión, ambas partes parecen coincidir en que se puede volver a intentarlo, y en que para ello es necesario lo que el moderador define como «acuerdo de no-agre- sión». No hay consensos más allá de estas dos cuestiones asumidas desde ambos lados de la mesa. La reunión ha servido para retomar el contacto y poner en marcha un nuevo intento que se llevaría a la práctica pocas semanas después, en el mes de mayo.
Las representaciones de ETA y el Gobierno español se volvieron a ver las caras en este mes de marzo, esta vez en otro país más cercano a Euskal Herria, con un nuevo elemento de tensión muy reciente sobre la mesa. Apenas un día antes de que se retomara el contacto directo, uno de los miembros de la delegación vasca había sido detenido en el departamento francés de Dordogna: Se trata de Jon Iurrebaso, arrestado en compañía de Kepa Suárez. La situación, aunque esto no se citó en la mesa, recordaba inevitablemente a lo ocurrido en 1999, cuando el Ejecutivo del PP detuvo también en pleno proceso a una interlocutora de ETA.
El contacto de estos dos días de marzo pasado no se suspendió por ello, aunque la información a que ha tenido acceso GARA refleje que ello complicara y tensara tanto el contenido de la reunión como sus prolegómenos. La organización armada planteó demandas de seguridad antes de sentarse.
La detención no allanaba el camino a nuevos acuerdos, como admitiría el el mediador en varias referencias en tono preocupado. El arresto aparece sobre la mesa de modo continuo en la conversación: la delegación de ETA reclama la libertad de Iurrebaso como premisa obvia para poder dar viabilidad a esta mesa, el representante de la entidad internacional mediadora lo considera lógico y aboga por solucionarlo, y el interlocutor del Gobierno del PSOE afirma que ya están haciendo gestiones para ello. Sin embargo, en su última intervención, cuando ya parece claro que ambas partes están dispuestas a seguir hablando, el representante de Madrid no parece hallar ya motivo suficiente para negar que las operaciones policiales «son consecuencia de la T-4». «Quiero hablar claro», explica el interlocutor estatal sin tapujos. Dos días antes también se había iniciado una potente redada con ocho detenciones en varios herrialdes: la primera, la de Joseba Lerin en Andoain.
Al inicio de la reunión, marcado por esta noticia, el enviado de José Luis Rodríguez Zapatero se refiere a las detenciones de Dordogna como «accidente», según la terminología establecida en el acuerdo entre ambas partes de 2005. Asegura que Madrid ha hecho gestiones ante París para liberar al delegado. Y, en paralelo, esgrime más de una vez que ETA ya era consciente de que «se movía sin seguridad», por lo que no ve motivos para sorprenderse excesivamente, aunque sí admite acto seguido que valora positivamente que la delegación haya acudido a la cita en esas condiciones.
La organización armada, por su parte, subraya que con este hecho «está en juego la credibilidad de la mesa». Recuerda que ETA ha dado garantías de seguridad a la representación del Gobierno español, y que así ha actuado además en anteriores procesos de negociación. «Es un mínimo», resalta uno de sus interlocutores. Aunque no arranca compromisos concretos al Gobierno, más allá de buenas palabras, ETA sí deja claro que «no solucionar esto supondría el fin» de la mesa de negociación. La cuestión lleva a abrir el debate sobre la necesidad de una «tregua bilateral» porque «ETA no va a aceptar estar hablando de paz mientras nos agreden constantemente».
La seguridad se ha convertido en un nuevo elemento de enfrentamiento tras este inesperado arresto. La condición de interlocutor de Iurrebaso no tardará en aparecer en los medios de difusión. Al contrario de lo que ha ocurrido en las reuniones celebradas tras el alto el fuego permanente, en setiembre o en diciembre de 2006, el Ejecutivo del PSOE asegura ahora que «Francia no garantiza seguridad».
La redada iniciada en Andoain es también objeto de debate en la mesa, según ha comprobado GARA. El Gobierno habla de un comando «dispuesto a actuar» incluso antes de diciembre, aludiendo para ello a sospechas basadas a su vez en información supuestamente hallada en un ordenador. ETA niega que exista «orden» para atentar, pero no oculta que «la militancia trabaja, como hacen los aparatos del Estado». En posteriores reuniones, desde su lado se reprocharán las torturas a detenidos, y el Gobierno mantendrá la línea habitual de negarlas.
La reunión de marzo estuvo precedida por una misiva enviada por la dirección de ETA al presidente del Gobierno español, en la que se insistía en la necesidad de retomar los contactos y se recordaban incumplimientos ya denunciados en otra carta anterior, en junio. Este es el contenido de la misiva, firmada en febrero de 2007:
«Al Sr Rodríguez Zapatero,
Presidente del Gobierno español:
Euskadi Ta Askatasuna se dirige a usted para trasladarle sus reflexiones sobre la situación del proceso de negociación y reiterarle su voluntad inequívoca de reactivar el camino del diálogo, la negociación y el acuerdo, instándole a dar una respuesta positiva a la propuesta de desbloqueo realizada por nuestros interlocutores en el marco de la última reunión celebrada entre ambas delegaciones el pasado mes de diciembre.
Desde el punto de vista de ETA nos encontramos en un momento trascendental del proceso. Es por ello que consideramos un profundo error la negativa de su Gobierno a profundizar en la negociación y el anuncio de que el Gobierno español da por finalizado el proceso, que, a pesar de sus dificultades y momentos de crisis, es el único camino que puede conducirnos a un escenario de paz estable y definitivo.
En junio, ante la continua violación de los acuerdos alcanzados por los representantes de su Gobierno y nuestra Organización, ETA le trasladó directamente y con claridad la imperiosa necesidad de que su Gobierno respetase y cumpliese sus compromisos. Advertíamos ya entonces de que dicha vulneración imposibilitaba el desarrollo de las negociaciones y podía conducirnos a una ruptura del proceso. Situación ésta, sin duda, por nadie deseada.
Durante los meses transcurridos desde entonces, el Gobierno español ha continuado sin dar ningún paso positivo hacia el cumplimiento de los acuerdos. Bien al contrario, se han sucedido una y otra vez por parte de las autoridades españolas actuaciones vulneradoras de los principios básicos que tienen que regir un proceso de estas características.
Todo ello ha creado la situación actual de bloqueo en el proceso. Lo cual, por otra parte, no ha sido óbice para que ETA haya redoblado sus esfuerzos en la mesa de negociación realizando propuestas de alcance al objeto de llegar a puntos de encuentro sólidos que permitan estabilizar el proceso y dotarle de una perspectiva real de éxito.
Ante la situación actual, ETA desea hacerle llegar directamente su propuesta para reactivar y hacer avanzar el proceso de negociación. Siendo ésta una nueva muestra de la firme voluntad de paz de ETA.
ETA se reafirma en la propuesta realizada en la reunión de diciembre a los representantes de su Gobierno. La propuesta de Euskadi Ta Askatasuna contiene como punto central «que los principios establecidos en los apartados correspondientes a la Declaración del Presidente del Gobierno, el Preámbulo y las aclaraciones, serán recogidos en un acuerdo político entre los partidos políticos vascos que garantice la superación del conflicto, en el marco de las conversaciones políticas iniciadas y en los foros constituidos a tal efecto».
ETA entiende que ése es el núcleo esencial que debe posibilitar el desbloqueo de la situación actual y abrir la posibilidad de emprender una nueva dinámica en el proceso de resolución del conflicto, acordando una estrategia común para el desarrollo y la consecución de los objetivos políticos que garanticen la superación del conflicto. Se trata, en definitiva, de otorgar una solución estructural a un conflicto político e histórico.
ETA emplaza al Presidente del Gobierno español a actuar con altura de miras en estos momentos difíciles del proceso, no cayendo en la tentación de repetir ciclos de represión y fórmulas políticas que han fracasado, apartándose de la estrategia del PP y la extrema derecha y apostando definitivamente por una solución política y negociada.
En ese sentido, ETA le hace un emplazamiento para que el Gobierno español no promueva una escalada represiva ni dilate los tiempos del proceso, alimentar el enfrentamiento solo retrasará las soluciones trayendo consigo un alargamiento y endurecimiento del conflicto estéril e innecesario.
ETA reafirma su voluntad de continuar adelante en el proceso, de avanzar en las negociaciones y de acordar una línea de acción positiva y decidida sobre las bases establecidas en los acuerdos y en la última reunión de diciembre.
ETA quiere expresarle su deseo de abordar todas esas cuestiones directamente con los representantes del Gobierno español, negociaciones que deben permitir profundizar en los planteamientos realizados en la reunión de diciembre.
ETA le hace un llamamiento directo a actuar con la responsabilidad histórica que el momento requiere, sin caer en el error de cerrar las puertas a una solución negociada y democrática al conflicto».
Comité Ejecutivo de Euskadi Ta Askatasuna