Entre 2.000 y 2.500 personas se manifestaron ayer por la tarde por las calles de Madrid en protesta de las negociaciones de la Reforma Laboral, la reforma de las pensiones y para mostrar el rechazo a la política económica y social impuesta desde el gobierno y la patronal. Los manifestantes recorrieron la calle Atocha desde […]
Entre 2.000 y 2.500 personas se manifestaron ayer por la tarde por las calles de Madrid en protesta de las negociaciones de la Reforma Laboral, la reforma de las pensiones y para mostrar el rechazo a la política económica y social impuesta desde el gobierno y la patronal. Los manifestantes recorrieron la calle Atocha desde la plaza del Emperador Carlos V, la plaza Jacinto Benavente para terminar en la Puerta del Sol tras bajar por la calle Carretas. En esta céntrica plaza se leyó un comunicado por parte de Álvaro Barreiro, delegado sindical de Telefónica despedido, y una trabajadora de la empresa UPS de Vallecas, empresa que sufre el tercer Expediente de Regulación de Empleo en los dos últimos años.
Los manifestantes denunciaban a la patronal, a la derecha política y al gobierno del PSOE, que son quienes hablan de diálogo social, pero que en realidad han declarado la guerra a los trabajadores como lo demuestra el ‘pensionazo’, la reforma laboral o el recorte del gasto público. En ese sentido, también denunciaban que los sindicatos CCOO y UGT negociaran una reforma laboral que, en nombre de tomar medidas para beneficiar a todos empezaran por abaratar el despido, incentivar los contratos a tiempo parcial, los contratos sin derechos para los jóvenes o la criminalización de los trabajadores inmigrantes culpabilizándoles de la falta de empleo.
Para los manifestantes había que tomar otra serie de medidas contra el paro y la crisis como el reparto del trabajo, reduciendo la jornada sin reducir el salario y garantizando que no hubiera ni una persona en el paro sin prestación por desempleo; que los ayuntamientos iniciaran una campaña de contratación directa para obras públicas y sociales; que se cubrieran todas las plazas de la Administración Pública y que la jubilación legal estuviese en los 60 años acompañada de contratos de relevo.
La manifestación también sirvió para denunciar la persecución de la patronal, en muchos casos con la complicidad de los sindicatos, hacia los dirigentes obreros más concienciados (como el de Álvaro Barreiro en Telefónica), o los Expedientes de Regulación de Empleo (como el de UPS o Clece).
Finalmente se hizo un llamamiento a todos los trabajadores a ir preparando un 1º de mayo verdaderamente alternativo, de trabajadores y de clase.
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