El Gobierno del PSOE opta por el que fuera fiscal general del Estado a inicios de los 90, Leopoldo Torres, para el cargo de miembro del Subcomité Internacional contra la Prevención de la Tortura, que se deriva de su adhesión al Protocolo de la ONU. La decisión ha sido recibida con estupor y enfado por […]
El Gobierno del PSOE opta por el que fuera fiscal general del Estado a inicios de los 90, Leopoldo Torres, para el cargo de miembro del Subcomité Internacional contra la Prevención de la Tortura, que se deriva de su adhesión al Protocolo de la ONU. La decisión ha sido recibida con estupor y enfado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura del Estado español.
El Gobierno español suscribió el pasado 4 de abril el llamado Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. En el mismo se establecen algunas fórmulas novedosas de respuesta a esta práctica, entre las que destaca la formación del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura, con posibilidades de visitar cualquier centro de detención de los países firmantes del protocolo. A falta de un mes para que concluya el plazo para su conformación, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura en el Estado español ha conocido que el Gobierno del PSOE repesca para el cargo de miembro de este Subcomité a Leopoldo Torres, ex fiscal general del Estado con un curriculum muy cuestionable.
La Coordinadora, de hecho, ya ha dirigido una serie de preguntas al Gobierno del PSOE. Quiere saber «cuándo abrió el concurso público para la selección de candidatos» y «en base a qué criterios fue elegido». Y detalla posteriormente algunos episodios de su trayectoria. Así, cita que fue nombrado fiscal general por el Ejecutivo del PSOE siendo ministro del Interior José Luis Corcuera, en enero de 1990, «seis meses antes de que comenzara el juicio contra José Amedo y Michel Domínguez, el primero de los GAL». Y subraya que en los prolegómenos de esta vista, «el Estado español se negó a poner a disposición de la Audiencia Nacional a tres implicados fundamentales en la trama de los GAL» (Francisco Paesa, George Mendaille y Rafael Masa).
Añade además que Torres «se vio implicado en la ‘desaparición’ del ‘informe Navajas’, que implicaba al entonces coronel Galindo en narcotráfico». Y que tras su mandato fue abogado de José Luis Corcuera en el caso de los «fondos reservados» y de José Ramón Goñi Tirapu, ex gobernador civil juzgado por el video a Pedro J. Ramírez.
Así las cosas, exige que se retiere la candidatura y se abran conversaciones con los organismos implicados antes de tomar decisiones sobre este protocolo.