La exalcaldesa de Madrid, dos concejales del PP en la oposición y el antiguo consejero de Transportes y Vivienda, entre los 10 cargos que han faltado a la comisión que investiga la venta en 2013 de viviendas sociales de la empresa municipal madrileña de vivienda. Algunos han avisado por teléfono. Otros, por escrito. Uno, que […]
La exalcaldesa de Madrid, dos concejales del PP en la oposición y el antiguo consejero de Transportes y Vivienda, entre los 10 cargos que han faltado a la comisión que investiga la venta en 2013 de viviendas sociales de la empresa municipal madrileña de vivienda.
Algunos han avisado por teléfono. Otros, por escrito. Uno, que fue director de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid cuando el Ayuntamiento de Ana Botella (PP) vendió 1.860 viviendas protegidas al fondo Blackstone, ni siquiera ha llegado a contestar el requerimiento, y otro se encontraba de viaje.
Sánchez Mato (Ahora Madrid): «el precio de la venta lo puso el comprador»
En total, 10 altos cargos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid en el momento de esta venta -empezando por la exalcaldesa Ana Botella- simplemente no han aparecido por la primera sesión de control en la que los distintos grupos municipales querían interpelarles sobre la operación de compraventa que -junto las 2.900 viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs- convirtió a las administraciones locales en las principales desahuciadoras de la ciudad entre 2013 y 2015.
Junto a Botella, otros nombres ilustres se han ‘fumado’ la sesión: el hoy concejal en el Ayuntamiento -y entonces consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid-, Pablo Cavero, el también concejal ‘popular’ y entonces viceconsejero autonómico de Transportes, Borja Carabante, el director gerente del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA), Juan Van Halen (imputado por la venta de 2.900 viviendas autonómicas a Goldman Sachs en esas mismas fechas), su sucesora, Ana Gomendio, o el exconsejero delegado de la EMVS, Fermín Osle Uranga. Completan la lista otros cargos de la EMVS como la ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración, Paz González; Javier Tena (interventor delegado), Rafael Requena (director de Servicios Jurídicos y Suelo) y Juan José de Gracia (consejero delegado).
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La cámara de Cuentas de Madrid ya estableció en un primer informe las irregularidades de la venta -producida en el marco de un plan de saneamiento financiero en teoría para enjuagar las deudas heredadas de la época de Alberto Ruiz Gallardón-. La sesión de esta mañana formaba parte de la comisión de investigación de la deuda, la contratación y las políticas públicas puesta en marcha a propuesta del Gobierno de Ahora Madrid y acordada por mayoría del pleno del Ayuntamiento. La expectación quedó rebajada según fueron llegando las negativas de los cargos del Partido Popular implicados en la adjudicación por 128,5 millones de euros de las 1.860 viviendas y equipamientos asociados (garajes y locales).
Las intervenciones de los representantes de los grupos municipales han tenido que producirse sin la presencia -y por lo tanto, sin las respuestas- de los implicados-. Aún así, han sido 1 hora y 25 minutos de intervenciones en dos turnos en los que han ido desgranando sus dudas y exponiendo algunos hechos sobre la operación de enajenación de estas viviendas. Y no queda ningún palo sin tocar: desde el modo en que se adjudicó la compraventa -sin concurso ni pliegos públicos, sin informes técnicos ni una estimación del valor del parque enajenado- como por sus consecuencias: una sangría de desahucios cuyas consecuencias llegan hasta hoy.
En palabras de Carlos Sánchez Mato, responsable de Economía del gobierno municipal de Ahora Madrid, «el boicot del PP no va a paralizar ese mandato del pleno», en referencia a las tareas de la comisión de investigación, que fueron denunciadas por el Partido Popular ante un tribunal que finalmente estimó que los grupos municipales sí tenían competencias para interrogar a los responsables de la operación. Sánchez Mato también se ha referido a irregularidades del proceso y ha concluido que «el precio lo puso el comprador» (el consorcio frmado por Blackstone y Magic Real State). Según la Cámara de Cuentas, el propio Ayuntamiento había calculado el valor de los inmuebles en 32 millones más que los 128,5 ofertados por el fondo.
Para Mercedes González, del PSOE, «desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Comunidad de Madrid se hizo un traje a medida para vender el patrimonio de los más pobres de esta ciudad». En parecida línea, Miguel Redondo (Ciudadanos), se ha referido a aspectos controvertidos del proceso, como la contratación a la consultora PWC de la elaboración del plan estratégico de saneamiento de la EMVS.
Según informa el Ayuntamiento, la próxima sesión se celebrará el 1 de julio. A ella están convocados el secretario de la EMVS, Rafael Requena; la interventora general del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Vigo; María Alvares, subdirectora de Control Financiero Intervención General; Arancha Mejías, de la Plataforma de afectados por la venta de viviendas; el abogado del caso José Mariano Benítez de Lugo, y Manuel Márquez, de la consultora PwC.