Cuando arrestaron a su esposo por vínculos con la insurgencia de esta zona del sur de Tailandia, Pattama Heemmima se unió a las filas de las malayas musulmanas obligadas a visitar comisarías, campamentos militares y tribunales reclamando la libertad de sus familiares presos. Al mismo tiempo, no hubo organización local a la que pudiera acudir […]
Cuando arrestaron a su esposo por vínculos con la insurgencia de esta zona del sur de Tailandia, Pattama Heemmima se unió a las filas de las malayas musulmanas obligadas a visitar comisarías, campamentos militares y tribunales reclamando la libertad de sus familiares presos.
Al mismo tiempo, no hubo organización local a la que pudiera acudir en busca de ayuda para su marido, Nawawee Daohumso, arrestado por la policía tailandesa en marzo de 2008 por su presunta responsabilidad en el asesinato de un civil.
Al momento de su captura, su matrimonio llevaba apenas dos meses.
Pero cuando un tribunal absolvió a Nawawee, en marzo de este año, Pattama, de 34 años, había hallado una respuesta a su búsqueda de una mano amiga.
Ella y su hermana mayor, Anchana Semmina, habían resuelto asumir nuevos roles como activistas por la justicia. A mediados de 2009, ambas crearon el Hearty Support Group en la sureña provincia tailandesa de Songkhla para ayudar a liberar a padres, esposos e hijos presos.
«Yo quería ayudar a estas mujeres, que estaban desesperadas cuando la policía o los militares arrestaron a sus esposos o hijos», dijo Pattama. «Aprendí tanto luego del arresto de mi marido que quise compartirlo con otras en mi comunidad», agregó.
Actualmente, entre otros, esta red ayuda a las familias de 16 hombres del comité administrador de una mezquita, que fueron arrestados en 2008 y esperan ser llevados a juicio. Visitar abogados o reunirse con la policía en representación de las 50 familias a las que ayudan ahora ocupa buena parte de su día, dijo Pattama.
Sin embargo, los primeros logros de la organización no son una excepción. Se trata de apenas una de las cada vez más entidades de la sociedad civil que están transformando el paisaje político de las provincias con alta actividad insurgente, como las sureñas Pattani, Yala, Narathiwat y Songkhla, cercanas a la frontera con Malasia.
«Esto es una respuesta directa al conflicto. Las organizaciones que se dedican a asuntos vinculados a la justicia están ampliamente lideradas por mujeres», dijo Angkhana Neelapaijit, autora de un estudio sobre el rol de las mujeres musulmanas en las provincias de la frontera sureña. «Es a ellas a quienes se ve afuera de las prisiones, barracones militares o en tribunales», agregó.
«Los hombres temen manifestarse o confrontar a las autoridades», señaló Angkhana, cuyo esposo, un abogado, «desapareció» en marzo de 2004 por poner de relieve la brutalidad de la policía. «Las organizaciones de mujeres se han vuelto muy fuertes. Hay más ahora que hace cuatro años», dijo.
Pero esta transformación enfrenta fuertes resistencias dentro de la muy conservadora comunidad malaya musulmana, donde se espera que las mujeres han sido históricamente privadas de roles de liderazgo en las jerarquías sociales y políticas, quedando relegadas a las tareas domésticas.
Esta etnia es minoritaria en Tailandia y se concentra en el sur.
«Los fundamentalistas religiosos intentan desacreditar a estas mujeres», dijo Angkhana a IPS.
Las primeras señales de este salto de las mujeres al primer plano tuvieron lugar en 2004, cuando estalló el actual ciclo de violencia tras un ataque que efectuaron en marzo los rebeldes malayos musulmanes contra barracones militares.
En octubre de ese año, 78 manifestantes musulmanes fallecieron asfixiados tras ser embalados como troncos dentro de camiones militares y recorrer así trayectos de varias horas hacia un campamento del ejército.
Las mujeres que perdieron a sus hombres –mayoritariamente de la aldea de Tak Bai, en la provincia de Narathiwat– se volvieron pioneras en la creación de redes específicas con apoyo de activistas por los derechos humanos radicados en Bangkok.
«Los hombres, incluso los imanes, se han mantenido apartados de nuestra actividad porque le temen al ejército», recordó una mujer de Tak Bai que habló a condición de preservar su identidad. Pero «queremos mantener vivo el recuerdo de nuestros esposos y padres muertos mediante una actividad regular», agregó.
En su primer programa radial, a comienzos de este año, el Friends of the Victimised Family Group (grupo de amigos de las familias victimizadas), con sede en Pattani, transmitió entrevistas con mujeres de las aldeas hablando sobre cómo las impactó la violencia.
Otras, como We Peace, con sede en Yala, realiza seminarios abiertos, donde se invita a las mujeres que tienen familiares en la cárcel a compartir sus preocupaciones, a veces incluso directamente a los militares presentes.
Un militar que asistió a uno de esos seminarios admitió que las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil muestran «valentía y determinación» en sus encuentros con oficiales.
«Ellas se han convertido en una presencia notoria desde 2005. Se hacen sentir más que los hombres», dijo el oficial de combate en una entrevista.
El destino de unos 450 hombres malayos musulmanes en cárceles del sur por cargos de terrorismo es la principal preocupación de las activistas. Otras, como las mujeres de Tak Bai, han dado sus propios pasos en respuesta a las matanzas ocurridas en este conflicto. Unas 4.300 personas fallecieron y otras 11.000 resultaron heridas en los últimos seis años y medio.
El actual estallido de violencia es el último de una disputa ancestral, que data de la época en que Siam (como se conocía entonces a Tailandia) anexó las tres provincias del sur en 1902. Hasta entonces, éstas formaban parte del reino malayo musulmán de Pattani.
Desde la anexión, los malayos musulmanes denuncian marginación cultural, lingüística y económica, lo que dio pie a una lucha independentista en los años 70.