Un día sí y otro también, desayunamos con la misma noticia situada en el mismo rincón de la misma página: un hombre ha agredido a su pareja. Sólo varían las iniciales, la ciudad en la que ha ocurrido el hecho y, el grado de tragedia que mide desde el dolor de una bofetada hasta la […]
Un día sí y otro también, desayunamos con la misma noticia situada en el mismo rincón de la misma página: un hombre ha agredido a su pareja. Sólo varían las iniciales, la ciudad en la que ha ocurrido el hecho y, el grado de tragedia que mide desde el dolor de una bofetada hasta la pérdida de una o más vidas. Como no es fácil llevar al día las cuentas de tanta calamidad, cada cierto tiempo nos recuerdan cifras totales: en lo que va de año, han muerto 16 mujeres y 3 hombres; y el año pasado la cantidad de denuncias aumentó en un 18%.
La situación es grave. Tanto que es urgente tomar medidas. Ya se han puesto en marcha algunas. En concreto, el endurecimiento de las penas para los condenados (no quiero ser desde el principio políticamente incorrecto y preguntar «¿por qué no también para las condenadas?») y la aceptación de la declaración de la denunciante como prueba de cargo. Respecto a la primera, parece que el incremento de las cifras demuestra que no es eficaz. ¿Qué terrible condena contendría al hombre que se decide a matar a su pareja y a sus hijos, y a suicidarse después? En cuanto a la segunda, es muy justa… si tenemos la seguridad de que toda mujer que denuncia dice la verdad. En otras palabras: si tenemos la seguridad de que no existen denuncias falsas. Voy a detenerme en esta cuestión.
Parece que, como las brujas, denuncias falsas, las hay. Recordemos las declaraciones de la jueza decana de Barcelona, que las cifraba en un 25%. Los jueces de Instrucción de Madrid hablaban de un 30%, «fruto de triquiñuelas de abogados para llegar a una posición favorable… que luego le pueda reportar [a la mujer] una ventaja ante el juez de familia». Son porcentajes preocupantes. Y se supone que estos jueces sólo tienen en cuenta las detectadas. ¿Cuántas no lo son porque pasan el filtro judicial?
Fijémonos en otro aspecto de la cuestión. Se ha creado una opinión social, exenta de la menor crítica, que presupone que quien ponga en duda la veracidad de una denunciante es un reaccionario machista. Un tipo de pensamiento único tan peligroso como cualquier otro y que, como todos, considera enemigo de la sociedad a quien disienta. Baste recordar que las declaraciones de la jueza de Barcelona fueron seguidas por una lluvia de voces que exigían que fuera expedientada. En este clima social que pide la cabeza de todo hombre que sea señalado por una mujer, vivimos todos: los jueces también. De forma que, más allá de los tópicos (tan falsos como cualquier otro) de la independencia judicial y de que el juez juzga sin prejuicios (perdón por tanta redundancia), no parece ilógico pensar que habrá jueces que se sientan adalides de la causa y que consideren indigno poner en duda la honradez de la denuncia. Y lo harán, seguro, con buena intención. Con la misma buena intención que está llevando a muchos lectores y lectoras al repudio de este artículo.
Sumemos ahora la certeza de que existen denuncias falsas, la de que se ha dispuesto una le-gislación que facilita el (buen en muchos casos; mal, en otros) objetivo de la denuncia y la de que hay un clima social que no admite poner en duda la honradez de la denunciante: el resultado es aterrador.
De manera que, en lo que a malos tratos se refiere, existen dos realidades terroríficas: la existencia de muchas, dema- siadas, agresiones (asumida por la sociedad); y la existencia de menos, pero igualmente demasiadas, denuncias falsas (ante la cual la sociedad prefiere mirar a otro lado). Dos plagas que se reducirían en un altísimo porcentaje si existiera una Ley de Divorcio justa, en la que se reconociera el derecho inalienable de los dos padres (y de los hijos) a compartir la custodia, de forma que disminuyeran los conflictos y no se pudieran obtener beneficios de una acusación falsa.
Nadie discute que la mayor parte de las agresiones y falsas denuncias se produce durante, o a causa del proceso de separación. Cuando éste es contencioso, lo que se dirime es exclusivamente la custodia de los hijos. Digo «exclusivamente», porque lo demás, lo económico, es consecuencia de la custodia: quien la logra obtiene el uso de la vivienda y una pensión. Pero el que no se beneficia de la vivienda tampoco queda exento del abono de la hipoteca, al que tendrá que sumar el pago de un alquiler. La situación que dispone la ley es tremendamente injusta para el hombre: no puede disfrutar de sus hijos, no puede educarlos y se ve abocado a la ruina económica. Es el mejor caldo de cultivo de la desesperación. Recientemente, el «DV» publicaba una entrevista a la coordinadora del Programa de Atención a Familias en Crisis. A ella pertenecen estas frases: «El 82% de los progenitores sin la custodia no tiene donde alojarse», «un gran colectivo está viviendo en campings», «el que sale de casa… se ha quedado sin nada, tiene que pasar la pensión…, pagar la hipoteca e, incluso, darle una pensión compensatoria a su pareja… Luego se habla de actitudes violentas, pero hay que ver cuánto sufrimiento hay detrás de esas personas. Están al límite y son bombas andantes».
Pues, señora Bergara, imagine usted que ese hombre, además de las causas de desesperación que usted menciona, ha sufrido tales malos tratos psicológicos que la hija de ocho años un día estalla en sollozos diciendo a la madre «eres mala, tratas mal al aita». Imagine que ha sufrido una denuncia falsa. Imagine que esa denuncia ha caído en la mesa de un juez, adalid de la causa de la mujer, que no atiende más que a la (última) versión de la denunciante. Imagine que no atiende al testimonio del hijo presente en el hecho, porque, en la última versión, a la denunciante le interesa decir que no había testigos. Imagine que no atiende a grabaciones en las que se amenaza al acusado (pongamos que se oigan cosas como «te voy a hundir y no voy a parar hasta que te vea hundido», «te has ganado un enemigo feroz», «cuídate de mí, que te conviene, porque lo que vas a perder a partir de ahora te va a asustar»…). Imagine que la denunciante, en las distintas declaraciones, ha ido cambiando datos a medida que descubre «errores». Imagine que la denuncia acaba en condena. ¿A que no se lo imagina? Pues, yo le aseguro que, también en materia de denuncias falsas, la realidad puede superar a la ficción.
Respecto a la ruptura de parejas, nuestra sociedad se balancea entre la injusticia y la hipocresía. No se quieren atajar los malos tratos y las denuncias falsas de la única manera eficaz (con una Ley de Divorcio justa que imponga el reparto de la custodia, la vivienda y demás bienes) y se nos engaña (nos dejamos engañar), diciendo que se van a cortar con una Ley de Violencia de Género, que favorece la picaresca de las denuncias falsas. Los colectivos «feministas» (¡ojo a las comillas, porque ya sé que, aunque pocos, también los hay feministas!) nos dicen un día que ya está bien de que los padres no participen en el cuidado y educación de los hijos, y, al siguiente, claman contra la posibilidad de que se contemple legalmente la custodia compartida. El juez se preocupa por los hijos en el momento de la separación, y otorga la vivienda a quien tiene la custodia, cuando antes no le ha interesado si dormían o no bajo un puente, y, además, firma a diario órdenes de desahucio contra familias que no pueden pagar al banco, sin importarle dónde dormirán esos niños. Siendo obvio que nada es mejor para los hijos que recibir cariño, cuidado y educación de los dos padres, la mujer que se niega a compartir la custodia mira sólo a su beneficio personal y atenta contra el bien de los hijos; y, sin embargo, la ley la protege, en lugar de castigarla. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta injusticia! Está claro que tenemos los legisladores (los políticos) que merecemos.
Se debería actuar con urgencia para que un agravio, como es impedir a los padres compartir la custodia de sus hijos, no generara otros, como las agresiones, o las falsas denuncias por malos tratos que buscan asegurarse la custodia. Hoy día, con un clima social y una legislación que facilitan la falsa acusación, el hombre que compita con posibilidades por la custodia de sus hijos debe pensárselo dos veces, porque será muy fácil que haya de enfrentarse a un abogado al que sólo le importe ganar, no el cómo. Todo dependerá del grado de ética de su ex mujer. Es mejor desistir, si alguna vez se le han oído frases semejantes a «se puede cambiar de principios», «a mí la ética no me va a impedir hacer lo que me salga de los c.», o «la ética hay que dejarla a un lado, cuando va contra nuestros intereses». Es mejor, porque no conseguirá la custodia y se ganará una condena por malos tratos.
Queda mucho por decir y todo por hacer. Pero no harán nada, mientras los afectados no hagamos público mil veces lo mucho que tenemos que decir.