Los agentes sociales que constituimos esta plataforma, queremos mostrar a la sociedad, a sus instituciones y a los partidos políticos nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir macrocárceles en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal […]
Los agentes sociales que constituimos esta plataforma, queremos mostrar a la sociedad, a sus instituciones y a los partidos políticos nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir macrocárceles en territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como tiene aprobado y proyectado el actual Gobierno. El rotundo rechazo a este proyecto responde a los siguientes motivos:
1º No existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas (número, tipo, formas de cumplimiento) ni a nivel de Euskadi, ni de Araba o Gipuzkoa que fundamenten la pertinencia de estos proyectos y, se ha utilizado mediaticamente el argumento de que las cárceles de Nanclares de la Oca y de Martune están en condiciones deplorables no por una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de nuevas cárceles, sin ofrecerse ninguna garantía de que será cerrada la actual y obsoleta prisión situada en Nanclares de la Oca y, respondiendo la intención de cerrar Martutene a intereses urbanísticos multimillonarios ajenos a las necesidades tanto de las personas presas como de la ciudadanía del municipio de Donostia-San Sebastián.
2º Tanto el proyecto de construcción de otra cárcel en el antiguo polvorín de Zabaia en el municipio de Nanclares de la Oca, como el proyecto de cárcel en Zubieta que inicialmente se ha hecho público, plantean construir centros con 500 celdas compartidas, propuesta que es incompatible con lo que establece la ley y, las convierte en la práctica en macrocárceles capaces de albergar a más de 1.000 personas cada una.
3º No se han tenido una vez más en cuenta la opinión de quienes viven en los municipios de Nanclares de la Oca y Zubieta, de sus vecindarios correspondientes antes de poner en marcha unos proyectos mastodónticos de esta envergadura. Tampoco, desde un punto de vista de desarrollo sostenible y medioambiental se han hecho que sepamos los pertinentes informes, evaluando los impactos ecológicos y humanos de estos proyectos.
4º La política del actual gobierno de construir macrocárceles y en general de construir nuevas prisiones, responde a un modelo que en lugar de buscar crear las condiciones para que haya menos personas recluidas mediante el impulso de políticas de incorporación social, apuesta por mantener la penalización y el encarcelamiento como la fundamental, por no decir única respuesta a los conflictos sociales, apuesta que está en el origen del incremento desmesurado de la población recluida.
5º Consideramos que la actual administración de justicia penal ha venido demostrando su ineficacia puesto que es incapaz de proteger y reparar a las personas cuando somos víctimas de un delito, ni de garantizar nuestros derechos fundamentales cuando somos procesados o penalizados como presuntos infractores, por lo que resulta imprescindible revisar su papel.
6º El actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política, no existiendo un debate político participativo sobre que modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía y no desde los intereses particulares del estado y de sus aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que hemos de articular para la prevención y tratamiento del delito.
Por todas estas razones rechazamos estos proyectos e instamos a todas las instituciones implicadas a que acaten la resolución mayoritaria del Parlamento Vasco de Febrero de 2006 en la que se pronuncia explícitamente en contra de la construcción de «Centros tipo» en la CAPV como los planteados en Zubieta y Nanclares de la Oca.