Recientemente se lleva produciendo una polémica muy fuerte con respecto al tema del manterismo y las políticas públicas con respecto a la venta ambulante. Habría que decir que se ha hecho polémica a raíz sobre todo de que en las principales ciudades españolas llegaran al gobierno los denominados como «Ayuntamientos del cambio», lo que ha […]
Recientemente se lleva produciendo una polémica muy fuerte con respecto al tema del manterismo y las políticas públicas con respecto a la venta ambulante. Habría que decir que se ha hecho polémica a raíz sobre todo de que en las principales ciudades españolas llegaran al gobierno los denominados como «Ayuntamientos del cambio», lo que ha visibilizado enormemente el problema, a las políticas públicas relativas a este tema y las reivindicaciones del colectivo, predominantemente inmigrante. En esta cuestión una muchas problemáticas en juego: la primera de ellas es que nuestras representaciones o conceptos pueden estar fracasando estrepitosamente al referirse a la realidad en general, y a ésta particular y en concreto. Porque, claro, las cosas no están en el discurso y en el pensamiento (o no deberían hacerlo) nada más que en la medida en que se correspondan acertadamente con las cosas mismas. Las cosas siguen su curso respectivo natural o social, y luego estamos nosotras y nosotros que actuamos conforme a nuestra representación de ellas. Tan sólo un ejemplo: ¿Robin Hood robaba? ¿O, en verdad, estaba inventando y creando los impuestos progresivos que gravaran a los terratenientes, señores feudales y a la casta sacerdotal? Es un ejemplo de cómo pueden adolecer de un inmenso fracaso nuestras representaciones al uso.
Ahora bien, parece a todas luces que está habiendo una cierta persecución y criminalización de la práctica de venta ambulante mantera que quizás no tenga mucho fundamento objetivo (es decir, en las cosas mismas). Parece enteramente paradójico como los manteros son perseguidos por las policías municipales, internados en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) o incluso imputados y encarcelados en prisión provisional como presuntos autores de delitos como blanqueo de capitales. Aún más, cuando existe una muy seria dificultad para que este tipo de delitos, que son cometidos casi única y exclusivamente por las capas oligárquicas y privilegiadas de nuestra sociedad no sólo terminen en condena, sino que, simplemente, acaben siendo investigados judicialmente. Porque podría parecer claramente que estamos ante un mundo al revés.
La comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad de Barcelona defendía su política con respecto a lo que se concibe generalmente como «este problema». Pero el problema no está en el colectivo de vendedores ambulantes; sino más bien en las políticas públicas relativas a esta situación percibida como problema a atajar: se les acusa de ser ilegales y no pagar impuestos. Bueno, pues, que se regule como tantas otras cosas se han regularizado. «No, es que no pagan impuestos»: pues que se se fije una tasa diaria por día o jornada de venta de, por ejemplo, un 5 o 10% del valor total de los productos dispuestos para la venta debidamente identificados con su respectivo precio (para los que se fije un posible valor máximo del total dispuesto para la venta de unos 50 euros, no pudiendo sobrepasar el valor de todos ellos esta cifra límite o máxima) y que se se cobre por el funcionario encargado correspondiente in situ en las calles y bulevares de nuestras ciudades donde se ofrezcan estos productos. ¿Que se trata de productos alimenticios como, por ejemplo, un canasto de ajos o una espuerta de melones que se ofrecen al público en mercadillos? Pues que se realicen inspecciones el respectivo servicio de agricultura y ganadería competente en los lugares de producción y en los puntos de venta ambulantes controles veterinarios. ¿Que no pagan en el momento?, pues que se aplique el correspondiente recargo por demora pasados 15 días y se reclame por vía de apremio. ¿Que se trata de productos producidos en el mercado negro, falsificados o ilegales?, pues que se hagan inspecciones de trabajo y de aduana para evitarlo. ¿Que puede ser que estas personas sean víctimas de mafias y redes de explotación?, pues que se persiga a las mafias y las redes de explotación, y no a las víctimas de ellas. Pero claro, todo esto en absoluto es un problema que implique directamente a los manteros. De manera que se regule, regule y regule… Porque lo que no tiene sentido alguno es que se sancione, persiga y criminalice ni al colectivo ni a las personas vendedoras. Claro, esto no lo digo solamente yo, sino que lo dice también la Organización Mundial del Trabajo con las siguientes palabras:
Las leyes no deben tener por objeto excluir a los vendedores ambulantes ni definir sus actividades como ilegales o en contravención con la ley, sino establecer procedimientos por los cuales puedan obtener licencias. Informe: El entorno normativo y la economía informal
Por otro lado, resulta como poco decepcionante ver cómo se sostiene sin ambages por parte de la comisionada que el establecer diferenciación o diferencias políticas (presumimos que la mencionada comisionada se refiere a diferenciar entre una venta ambulante todavía no regulada y una venta comercial sí regulada, cuando en la venta ambulante predominan personas con un tipo determinado de pigmentación de la piel) y en política sea o pueda ser sinónimo de racismo o política racista, como parece que es la manera que ha tenido de defenderse de las acusaciones de racismo hacia su cargo e institución. Ante esto un no rotundo y absoluto: las diferencias atraviesan toda la realidad y son dignas de pleno de derecho de ser tenidas en cuenta en su justa medida y de acuerdo al derecho, el bien y el interés general. Siempre y cuando, claro, que no se establezcan supremacías entre ellas y las diferencias tiendan a nivelarse en base a ese ser tenidas en cuenta por el (o por ese) derecho y por la (o por esa) política. No hay más que recordar como Marx sostuvo algo así como que no hay derecho a que el derecho no tenga en cuenta las diferencias, cuando defendió un «derecho desigual» que tuviera en cuenta, en verdad, las diferencias de lo real.
Parece, no obstante, que algo grave sucede por parte de la política y la administración al ver cómo la policía municipal y los coches patrulla persiguen a meros vendedores ambulantes que no tienen otro medio de vida, y que no van a ganar nunca ni en la vida lo que un empresario a costa de la relación laboral con sus trabajadores y trabajadoras en las que aparece como empresario. Claro, los manteros no tienen otro modo vida porque la sociedad y el sistema económico les excluye: o bien como indocumentados y/o residentes irregulares, o bien como personas sin trabajo y que carecen de medios de vida. Pero todo parece como si todos los focos y la actividad persecutoria de la sociedad y de los poderes públicos se pusieran sobre estas personas que a primera vista aparecen como diferentes, o bien por rasgos étnicos o raciales o bien por aparecer en la calle con un trozo de tela y unos cuantos bolsos. Sin embargo, ellos parecen ser los que, a primera vista, aparecen como enemigos públicos de nuestra sociedad y los bienes colectivos, y no el defraudador de Hacienda ni los que blanquean capitales a gran escala. Claro son éstos, los extranjeros, los que no tienen un país seguro y digno al que volver los que aparecen como problema y no los que verdaderamente representan problemas a las arcas públicas y a nuestras sociedades porque les provocan graves daños y perjuicios.
Resulta enormemente claro, por otro lado, que se trata, ante todo, de reivindicaciones políticas. Porque es que todo en sociedad es política: es política la regulación de la venta mantera y ambulante, es política lo relativo a derechos y reivindicaciones laborales, el dinero es política (ya que los intereses o el precio del dinero están o pueden estar desde a casi el 0% hasta el 30% por decisiones políticas). Además de que, con completa y entera razón y fundamento, se denominó a la principal crítica de la economía moderna como «Crítica de la Economía Política». Pero, a pesar de todo ello, parece ciertamente que eso de política es usado curiosamente por nuestros políticos y representantes, casi desde cualquier lado del espectro político, para criticar y poner etiquetas negativas a la política. Precisamente, cuando son ellos mismos cargos políticos y no meramente porque, como sostenía Aristóteles, el hombre sea un ser o animal social y político. No, son ellos y ellas los que están, además, de ejerciendo en cargos políticos sostenidos con fondos públicos, los que incurren en ese ejercicio de negativización de la política enteramente paradoxal.
En cualquier caso, sí podría percibirse una cierta (auto)suficiencia moral de los políticos responsables de estas políticas por las que se percibe como infringidoras de un daño a la sociedad por parte de estas personas y a este tipo de prácticas tan mínimas económicamente hablando, de un modo tan grandilocuentemente absurdo y grotesco: parecería como si les criticáramos por cómo se intentan ganar la vida y subsistir desde una posición social y económica tan superior como la nuestra. Una situación que no ha sido sino resultado de que la denominada Europa y los países que la componen hayan ejercido la dominación colonial y económica de los países de procedencia de la mayoría de estas personas migrantes; lo que constituye la principal causa de nuestra posición privilegiada en el mundo y economía mundiales. Porque lo que nos salva de esas condiciones draconianas e inhumanas, incluso, que tienen que afrontar los países pobres, subdesarrollados o en vías de desarrollo y a los que pertenecen originariamente la mayoría de este colectivo. Por ello, frente al todos somos no se qué futbolista que defrauda ingentes y millonarias cantidades de dinero a Hacienda y al erario público, habría que decir y yo digo:#TodosSomosManteros
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