Las loables operaciones judicial-policiales «Ballena Blanca» en Marbella han dejado al descubierto la desidia de la prevención del blanqueo del dinero sucio por parte de los gobiernos de los últimos años y de su apoyo a los paraísos fiscales offshore. Todos los informes de entidades internacionales solventes, incluido el Programa Global contra el blanqueo de […]
Las loables operaciones judicial-policiales «Ballena Blanca» en Marbella han dejado al descubierto la desidia de la prevención del blanqueo del dinero sucio por parte de los gobiernos de los últimos años y de su apoyo a los paraísos fiscales offshore.
Todos los informes de entidades internacionales solventes, incluido el Programa Global contra el blanqueo de capitales de la Oficina de Control de Drogas de las Naciones Unidas (UNODCCP), vienen señalando las cuantías enormes alcanzadas por la delincuencia financiera organizada, cuyos beneficios circulan mezclados con el dinero de los intercambios comerciales normales, como consecuencia de la desregulación financiera global. Y desde su origen, Attac viene explicando y denunciando que el dinero de la droga, del comercio humano de la inmigración clandestina, del terrorismo internacional y de la evasión fiscal y la «ingeniería financiera» de las Gescartera y los Parmalat pasan necesariamente por paraísos fiscales como Gibraltar, las islas del Canal como Jersey, Andorra, Liechtenstein, las Caimán o las Bermudas o cualquiera de sesenta o setenta centros financieros offshore o para no residentes de la red planetaria.
Ha sido el resultado del persistente desmantelamiento de los controles estatales sobre la banca y las finanzas con el fin de dar facilidades a los mercados por encima de los intereses colectivos y sin que, a nivel internacional, se adoptaran medidas serias de regulación y control de los movimientos de capitales. Además, los hechos demuestran que los gobiernos más entusiastas con la liberalización de la economía y las rebajas fiscales tampoco se han tomado en serio las políticas y las técnicas desarrolladas para prevenir que el dinero sucio penetre en los circuitos económicos normales vía bancos o el negocio inmobiliario. En España, los hechos descubren la desidia de últimos gobiernos españoles en materia de prevención del blanqueo del dinero sucio.
En 1993, se aprobó una legislación sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, que desarrollaba la Directiva europea de 1991 sobre este asunto, porque para entonces la mayoría de los gobiernos europeos ya eran conscientes de cómo había crecido el problema del dinero sucio proveniente de la oferta de la droga sobre todo, que necesita introducir los beneficios en los circuitos económicos legales para poder disfrutarlo. No era una ley penal sino que pretendía habilitar métodos adecuados para prevenir el blanqueo a través del sistema bancario y financiero o de actividades empresariales más próximas, con el objetivo de detectar operaciones sospechosas que permitieran a las autoridades judiciales y a los cuerpos policiales, explotar la información recibida en lo que sería ya una investigación plena y formal.
Esta ley preveía la implantación de un organismo técnico especializado que la terminología internacional se denomina unidad de inteligencia financiera; pero los nuevos Gobiernos del PP no tuvieron prisa en establecerla. Tardaron diez años en crear ese organismo. Sí, diez años después de la Directiva europea del 1991, tras la Ley del 93, los Gobierno españoles de entonces, muy ocupados y preocupados con la corrupción según nos decían y repetían, no tuvieron tiempo hasta el 2001 para dar a luz, dentro del Ministerio de Hacienda de Rato (el DG del FMI ahora), a la llamada pomposamente Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales e Infracciones Monetarias, presidida por el Secretario de Estado de Economía de turno y de compleja composición burocrática, aunque con un brazo ejecutivo adscrito al Banco de España: el ignorado Servicio Ejecutivo (con el acrónimo SEPBLAC). Un organismo decisivo como lo es su equivalente en Francia, para exigir que se cumplan las normas que obligan a los bancos y entidades a informar debidamente sobre operaciones sospechosas y para analizar esas informaciones y adoptar medidas prácticas. Pero su actuación que se inició con retraso, ha disfrutado de bastante opacidad, sin relevancia pública alguna. Ignoramos si alguien le pidió cuentas alguna vez. Ahora las informaciones de prensa nos ilustran de su inoperancia manifiesta desde el origen. Porque lo de Marbella y sus admiradores se sabía.
Para poner en marcha un organismo de una envergadura como ese Servicio ejecutivo contra el blanqueo de capitales ilegales, encuadrado en el Banco de España, el Gobierno de Aznar-Rato optó por la línea policíaca y nombró como Director a un comisario de policía, D. Gabriel Panizo, con experiencia como Jefe del Servicio de Seguridad del Central Hispano y amigo personal de Botín según nos cuentan. Toda una gran experiencia que aportar en el tema. Su brillante ineficacia, desde el lado del Estado, ha quedado ahora patente para la ciudadanía que ni siquiera sabía de su existencia, aunque con ocasión de la estafa de Gescartera también había quedado claro que no se había enterado.
En el Observatorio sobre Paraísos Fiscales de Attac ya sabíamos de la gran inactividad de ese ilustre organismo creado para luchar contra el blanqueo de capitales ilícitos. Lo difícil que fue saber qué… hacían contra los paraísos fiscales. Gracias a gestiones personales de compañeros, conseguimos la Memoria de 2002, que recientemente han publicado en su web. Su brevedad permite un análisis rápido. Su escueta información nos aportó mucho menos que los recortes de prensa sobre los casos conocidos por todo el mundo.
De los veinticinco casos sobre blanqueo de capitales, investigados durante 2002 por el referido Servicio ejecutivo y reseñados sucintamente sin identificaciones en esa Memoria anual, solo aparecen tres casos bajo el epígrafe de «paraísos fiscales»; sin embargo, una lectura atenta nos revela la implicación en casi todos los casos de delincuencia financiera publicados en la prensa, de los notorios paraísos fiscales offshore, como Andorra, Mónaco, islas Caimán, Panamá, Gibraltar, islas Vírgenes británicas y Suiza, a través de sociedades instrumentales registradas en esos territorios y países utilizadas para operar en cuentas bancarias extraterritoriales, con la pura finalidad del blanqueo dinero ilegal, la ocultación de identidades u otro origen que no se describe, mediante transacciones de comercio exterior, compraventa de inmuebles u operaciones bancarias variadas. Lo que no se aclara es qué hicieron con esa información.
Por eso, las novedosas y alarmantes informaciones de los medios de comunicación nos confirman lo que en Attac ya sabíamos: que a los últimos Gobiernos del PP les interesaba mucho más favorecer al capital que perseguir la delincuencia de corbata. La paradoja actual es que Gibraltar, con su centro financiero offshore con exenciones fiscales para disfrute de los potentados no residentes y que tanto se vio favorecido por las políticas de los anteriores Gobiernos, ahora proclame ofendido que ellos son más rigurosos en la aplicación de medidas contra el blanqueo y la delincuencia, cuando se nutren eso y poco más Y desde luego seguramente España no ha sido un modelo en la práctica y en este asunto.-
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