<br /> </p><p>»Las declaraciones de las víctimas son muy duras. Es muy difícil escuchar varias juntas porque son impresionantes los hechos y lo que ha sufrido esa gente. Si los jueces españoles escucharan lo que yo escuché abrirían las causas acá más rápido». Son palabras de la jueza María Romilda de Servini, que está investigando […]
«Las declaraciones de las víctimas son muy duras. Es muy difícil escuchar varias juntas porque son impresionantes los hechos y lo que ha sufrido esa gente. Si los jueces españoles escucharan lo que yo escuché abrirían las causas acá más rápido». Son palabras de la jueza María Romilda de Servini, que está investigando los crímenes del franquismo a través de la querella argentina y que atendía por primera vez a la prensa española el pasado 26 de enero en la sede de la Fundación Abogados de Atocha.
Servini, que recibía dos días antes el premio homónimo de la Fundación por «una vida dedicada a la justicia en Argentina y a la justicia universal», se presentaba ante los medios con actitud cauta, conciliadora y transmitiendo una esperanza: «Yo pienso que España a la larga va a abrir la investigación. Yo creo que más de un juez tiene ganas de investigar». Sin embargo, no pudo esconder la lenta colaboración de las autoridades españolas, que está provocando una ralentización en la causa. Por ello, a preguntas de Diagonal no dudó en afirmar que a España «mucha gracia no le hace, mucha ayuda no prestan, pero tengo que agradecer que lo poco que están brindando, dentro de todo, es bastante. Tal vez nos han hecho demorar en el tiempo, pero a la larga van entregando las cosas».
Incumplimiento
La querella argentina fue impulsada en 2010 por la coordinadora de víctimas del franquismo CEAQUA para conseguir sentar justicia por los crímenes de la dictadura española. Una labor que tuvieron que exportar hasta Argentina, ante la cerrazón de las autoridades españolas. Cerrazón que se ejemplifica muy bien con los últimos acontecimientos. El pasado 13 de noviembre la Interpol, a petición de la jueza Servini, emitía una orden de detención contra los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, así como otros 18 imputados en la causa. Sin embargo, las autoridades españolas aún no han cursado la orden para su posterior extradición. El 19 de noviembre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguraba que el Gobierno no tenía constancia de la orden de detención. Al mismo tiempo, consideraba que ésta era de «naturaleza política» y vaticinaba que la Audiencia Nacional la rechazaría como ya lo hizo en el caso de ‘Billy el Niño’ y el capitán Muñecas.
«Es inexplicable que se incumplan de esa manera tanto la normativa internacional, el artículo 28 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal, como la nacional, el artículo 8 de la Ley española de Extradición Pasiva», asegura a Diagonal Ana Messuti, abogada de CEAQUA. «Evidentemente todo lo que sea investigar lo que ha sucedido durante ese período despierta una reacción muy negativa y conduce al Estado a una situación de franco incumplimiento de sus obligaciones internacionales», sentencia Messuti.
Un año antes, la jueza cursaba las primeras peticiones de extradición contra cuatro presuntos torturadores del franquismo: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González y el exinspector José Antonio González Pacheco, apodado ‘Billy El Niño’. De éstos, sólo Muñecas y González Pacheco siguen vivos y ambos permanecen en España. La Audiencia Nacional decidió denegar las órdenes de extradición de los dos al considerar que los delitos estaban prescritos. «Aquí hay un delito de lesa humanidad, ese delito no prescribe. Estamos en un mundo globalizado y Naciones Unidas está pidiendo que se investigue», aseguraba la jueza Servini mientras avisaba que la causa seguiría adelante.
Por su parte, las víctimas defienden que lo ocurrido durante la dictadura fue un genocidio y que así debe ser juzgado. «La justicia española no ha estado a la altura de la propia justicia española si se recuerdan los juicios celebrados en la Audiencia Nacional en los casos de Argentina, Chile o Guatemala», afirma la abogada de CEAQUA. Sin embargo, y pese la dificultad en la lucha, comparte la visión de Servini y asegura que «algo se está moviendo en la justicia española». «No cabe duda de que hay una voluntad latente en muchos jueces de responder a esa demanda de justicia que, al no obtener respuesta, los coloca en una situación insoportable ante la comunidad jurídica internacional».
Próximas actuaciones
Mientras tanto, la actividad de CEAQUA no decae y ya piensan en nuevas imputaciones. «Pediremos más imputaciones, por supuesto. Además solicitaremos más medidas como una nueva toma de declaración por videoconferencias», cuenta Messuti. Una técnica que cada vez «va adquiriendo más urgencia», dada la avanzada edad de las víctimas, «que llevan esperando ese momento, no unos cuantos meses ni unos cuantos años, sino toda la vida».
Además de esto, la coordinadora solicitará nuevas exhumaciones. La primera que consiguieron ya ha sido denegada por la justicia española: la de Timoteo Mendieta a petición de su hija, Ascensión Mendieta, quien cumplía 88 años en el vuelo que la llevaba hacia Argentina para declarar. «El juzgado de Guadalajara, ciudad en cuyo cementerio se encuentran los restos de Timoteo, ha denegado la exhumación solicitada por la jueza Servini. Pero a pesar de esta negativa, ante la que actuaremos, pensamos seguir pidiendo exhumaciones. Es una auténtica necesidad de los familiares. Mejor dicho: es una auténtica necesidad del ser humano», sentencia la abogada.
La jueza Servini, por su parte, avisaba de un próximo viaje a España para tomar declaración tanto a víctimas como a imputados. Remarcaba así la necesidad de escuchar a las dos partes, haciendo alusión a Martín Villa, quien en noviembre de 2014 afirmó que quería prestar declaración ante la jueza. Una jueza que confía en que en un futuro se abran las puertas de la verdad en España. Antes de abandonar la sala, retomaba el tono esperanzador: «Tengan fe, tengan esperanza, España acabará investigando».