El documento difundido el pasado 26 de octubre por Amnistía Internacional (AI) sobre los atropellos que España, Marruecos y Argelia han venido cometiendo con regularidad contra los migrantes del Africa negra no deja lugar a dudas: los tres estados, sobre todo los dos primeros, han violado, sistemáticamente, «la integridad física y los derechos humanos» de […]
El documento difundido el pasado 26 de octubre por Amnistía Internacional (AI) sobre los atropellos que España, Marruecos y Argelia han venido cometiendo con regularidad contra los migrantes del Africa negra no deja lugar a dudas: los tres estados, sobre todo los dos primeros, han violado, sistemáticamente, «la integridad física y los derechos humanos» de esos individuos, y el organismo humanitario internacional cuenta con «pruebas fehacientes de ello», así como de la «impunidad total» de que gozan los integrantes de los cuerpos de seguridad de ambos países que maltratan a los viajeros.
Las reacciones de las corporaciones policiales españolas y marroquíes a los recientes intentos de incursión a los enclaves de Ceuta y Melilla por migrantes subsaharianos han dejado un total de 11 muertos y centenares de heridos, y AI documentó que muchas de las heridas y fracturas que presentan las víctimas son consecuencia de la actuación brutal de agentes de la Guardia Civil que provocaron la caída de muchos infortunados desde lo alto de las vallas que separan esas localidades españolas del territorio marroquí. Por si fuera poco, las autoridades españolas enviaron a Marruecos a muchos de los heridos sin brindarles asistencia médica. Madrid deportó al país africano a 73 subsaharianos sin informarles que tenían derecho a un abogado, y se negó sistemáticamente a observar las garantías previstas en su propia Ley de Extranjería, alegando que no es vigente en los perímetros de los enclaves españoles.
El régimen de Marruecos otorgó a los viajeros un trato incluso más bárbaro. AI confirma las denuncias de que muchos fueron abandonados, sin comida ni alimentos suficientes, en el desierto, cerca de la frontera con Argelia, y documenta al menos una muerte en esas circunstancias. Adicionalmente, la organización humanitaria constató que varios de los extranjeros sufrieron robos y golpizas de los policías marroquíes.
Igualmente grave, tanto España como Marruecos ignoran el estatuto de refugiados de decenas de migrantes y los envían de vuelta a sus países de origen.
Paradójicamente, la autoridad que mejor trato ha dado a los desposeídos que cruzan medio continente africano en busca de una vida mejor ha sido la más débil: la República Arabe Saharaui Democrática, cuyos milicianos han rescatado a decenas de migrantes que vagaban perdidos en el desierto, los han acogido en sus cuarteles y campamentos y les han dado agua, comida y atención médica. Ese ejemplo luminoso es, al mismo tiempo, una bofetada en la mala conciencia de los gobernantes españoles.
Para nadie es un secreto que el reino de Marruecos es un violador inveterado de los derechos humanos de sus habitantes y de los derechos de otras naciones, como la saharaui, cuyo territorio fue invadido y ha permanecido ilegalmente bajo la ocupación militar marroquí desde hace tres décadas. Nadie, como no sea por el más craso oportunismo diplomático, puede tomarse en serio los alegatos modernizadores de Rabat, según los cuales impera en el país norafricano una monarquía democrática. En ese sentido el informe de AI no revela, pues, nada nuevo, por más que toque verdades exasperantes. Pero para el otro reino, el español, el documento del organismo humanitario constituye un golpe demoledor, en la medida en que las instituciones españolas se pretenden inscritas en el ámbito de las democracias «civilizadas» de Europa occidental. AI documenta, sin embargo, la existencia de la barbarie de Estado en ambas orillas del estrecho de Gibraltar, y no se limita a acusar a España. La Unión Europea (UE), en su conjunto, es criticada por centrarse «casi exclusivamente en el control de la inmigración ilegal», por no otorgar «protección adecuada para los refugiados en Marruecos» y por emitir «recomendaciones absolutamente inadecuadas para garantizar el nivel de protección a las personas refugiadas que los países de la UE están obligados a ofrecer en virtud del derecho internacional (…) Europa señala el informe referido debe buscar soluciones colectivas a un problema que ha contribuido a agravar, soluciones que garanticen que no se mate o hiera a personas en sus fronteras».
En suma, la brutalidad de España y Marruecos contra los migrantes subsaharianos, consentida y encubierta por la Unión Europea, habla del naufragio de los valores éticos, humanos y civilizatorios que pregona el viejo continente. Es una llamada de alerta. Si los gobiernos de Europa persisten en vejar a los migrantes o en consentir que otros atropellen sus garantías individuales, tarde o temprano acabarán haciendo otro tanto con sus propios ciudadanos.