La batalla de los familiares por conocer la verdad sobre lo que sucedió en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola del coronavirus da un nuevo paso. Tras tres años de pasividad judicial y de mentiras políticas, las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia han impulsado la creación de unaComisión ciudadana para «buscar la verdad y la reparación para las víctimas». Con el objetivo de evitar interferencias electorales por la cita con las urnas del próximo 28 de mayo, no comenzará sus trabajos hasta el mes de junio.
Esta comisión estará presidida por el prestigioso jurista José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y forman parte de ella otras seis personas de reconocido prestigio profesional: María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California; Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria; Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba; Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional; Cristina Monge, socióloga, politóloga y columnista de infoLibre; y Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica.
«Las consecuencias inmediatas que no investigar, no juzgar y no tomar medidas está teniendo, y seguirá teniendo, en la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias son visibles», explican los familiares en un comunicado de prensa. También denuncian que «nada ha cambiado»: «Ni la dotación de medios, ni el número de trabajadoras y trabajadores, ni el tamaño de los centros, ni el alto número de centros privados, ni el modelo, ni los responsables de dirigirlas».
El objetivo, por tanto, de esta comisión es claro: investigar las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola del coronavirus. «Sabemos que la sociedad civil tiene suficientes recursos y conocimientos para no quedarse de brazos cruzados«, sostienen los familiares. La comisión prevé llamar a declarar a personas que tengan información relevante sobre lo ocurrido y analizar toda la documentación que pueda recabar, con el objetivo de elaborar un informe final que arroje luz sobre lo sucedido.
En marzo y abril de 2020, murieron 7.291 personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid sin ser trasladadas a un hospital. En aquellos dos meses perdieron la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en el propio geriátrico. El Gobierno Ayuso aprobó el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impidió la derivación hospitalaria de residentes con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo.
Después de que infoLibre publicase la existencia de este documento, la presidenta regional y su aparato de propaganda lo calificaron durante meses como un simple «borrador» que nunca había llegado a transformarse en oficial. Lo cierto es que el Protocolo está firmado digitalmente por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno Ayuso, se envió con instrucciones para su aplicación a decenas de altos cargos y a responsables de los hospitales de la Comunidad, y hay cientos de comunicaciones de personal de las residencias con familiares haciendo referencia al documento.
La Asamblea no investiga la tragedia
A pesar de las cifras de fallecidos y de las mentiras alrededor de la tragedia, la pasividad política ha sido otro de los obstáculos constantes a los que se han enfrentado los familiares de las víctimas. En la Asamblea de Madrid se creó una comisión de investigación en junio de 2020, que llegó a celebrar ocho sesiones, pero PP y Vox la enterraron después de obtener entre ambos mayoría absoluta tras las elecciones adelantadas del 4 de mayo de 2021. Desde entonces, han rechazado todos los intentos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos por reactivar dicha comisión.
En enero de 2022, Amnistía Internacional solicitó la apertura de una comisión de investigación en el Congreso. Nunca se ha llegado a producir.
La pasividad de la justicia
En ese mismo informe, Amnistía Internacional denunció la «deficiente» investigación de la Fiscalía sobre las muertes en estos centros. Cientos de familiares de residentes fallecidos han presentado querellas, muchos de ellos agrupados en Marea de Residencias. Más de 40 procedimientos continúan abiertos, pero la mayoría han sido archivados.
Durante los últimos tres años, además, la Justicia sólo ha preguntado en una ocasión a dos cargos del Gobierno de Ayuso por el Protocolo de la Vergüenza. Se produjo el pasado mes de marzo, cuando declararon como testigos Alberto Reyero, exconsejero de Política Sociales, y Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el documento [puedes consultar aquí los documentos íntegros desvelados por infoLibre]. Sus testimonios dejaron claro que el documento existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad —Enrique Ruiz Escudero—, se envió a los hospitales y se aplicó. Reyero, que se opuso desde el primer momento al Protocolo, testificará de nuevo el próximo 15 de junio.